Argelia da a España donde más duele: su venganza compromete la lucha contra el yihadismo

La decisión de Argelia de suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, vigente desde 2002, provocará daños colaterales en la cooperación en la lucha contra el terrorismo que venían desarrollando ambos países. Existe mucha preocupación en los servicios de inteligencia, según ha podido saber El Debate, porque ese trabajo conjunto ha servido, hasta la fecha, para desarticular células yihadistas en España y evitar atentados. Es decir, para salvar vidas.

Ésta es una derivada más de las represalias que el Gobierno de Abdelmadjid Tebboune ha emprendido contra España después de que Pedro Sánchez entregara el Sáhara Occidental a Marruecos de forma unilateral; a mayores de los riesgos para los contratos de gas y de la suspensión de las operaciones de comercio exterior -tanto importaciones como exportaciones-.

El año pasado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado efectuaron 22 operaciones contra el yihadismo

En 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado efectuaron 22 operaciones contra el terrorismo yihadista y detuvieron a 40 personas, muchas de ellas argelinos, según datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico.

Una de ellas, de las más importantes, fue bautizada como Operación Arbac. Gracias a la colaboración entre Argelia y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española, los agentes pudieron desactivar una célula formada por ocho argelinos, entre los que había dos ex combatientes del ISIS. Habían entrado en España en patera, indocumentados, a través de las mafias de inmigración. En enero de 2021 la Policía arrestó a tres de ellos en Barcelona y, tirando del hilo, en octubre pudieron arrestar a los otros cinco.

«Si hay un país que ha sufrido el azote del yihadismo es Argelia», señalan fuentes diplomáticas a este periódico, que recuerdan los orígenes de esa colaboración tan estrecha. Fue en la década de los 90, cuando el Ejército Islámico de Salvación -una organización terrorista- atentaba a diario contra las fuerzas armadas argelinas y los extranjeros en el país, en la mayoría de los casos con coches bomba. España adiestró a los agentes argelinos y contribuyó a crear un cuerpo de artificieros de élite para desactivar los explosivos.

El mantra que repetía el Gobierno

«No hay por qué dudar de Argelia, siempre ha cumplido con sus compromisos». La frase, tan categórica como hoy desafortunada, la pronunció el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en una comparecencia en el Congreso celebrada a finales de abril.

Fue, en concreto, en la Comisión de Seguridad Nacional. Aquel día, Óscar López presentó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional y reconoció abiertamente: «En el ámbito de la lucha contra el terrorismo, el terrorismo yihadista continúa representando una seria amenaza para la paz y la seguridad y un reto de primer orden para España y para la Unión Europea, el Sahel y el norte de África». De ahí que perder a Argelia como aliado eleve el riesgo exponencialmente.

El Ejecutivo se encuentra desbordado por la que califican de «reacción desproporcionada» del país vecino en todos los frentes. Y que no esperaban con tal virulencia. Hay temor en La Moncloa a que, si la hemorragia no se detiene, la crisis desemboque en una ruptura formal de relaciones. Porque, de momento, lo que hay es una suspensión.

La Unión Europea tuvo que salir este jueves en auxilio del Gobierno de Sánchez y pedir al presidente Tebboune que dé marcha atrás en su decisión de dejar sin efecto el Tratado de Amistad. El portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, instó al «diálogo» como solución.

Pero, en paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que el Gobierno no se quedará de brazos cruzados. Y que, una vez que haya analizado las implicaciones del paso dado por Argelia, dará una respuesta «serena y constructiva, pero también firme en la defensa de los intereses de España y de las empresas españolas».

Una de las opciones que se plantea Asuntos Exteriores es denunciar a Argelia ante la Unión Europea por incumplimiento del acuerdo de asociación que entró en vigor en 2005. En concreto, el artículo 38 del capítulo Pagos corrientes y movimientos de capital: «Las partes se comprometen a autorizar, en monedas de libre convertibilidad, todos los pagos corrientes relativos a transacciones corrientes».

Por lo pronto, Albares viaja este viernes a Bruselas para reunirse con el vicepresidente responsable de la política comercial de la UE, Valdis Dombrovskis.

A la presión de Argelia se suma la de la oposición, porque el PP, Vox y Ciudadanos han pedido la comparecencia urgente del titular de Asuntos Exteriores. Y también la de los socios de Sánchez, todos ellos muy críticos desde el principio con el giro dado por el presidente respecto al Sáhara, que ha hipotecado la política exterior española para décadas.

En los pasillos del Congreso, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, reprochó al presidente que nada de esto habría pasado si hubiera seguido defendiendo el derecho a un referéndum de autodeterminación para la ex colonia española, como hicieron todos los gobiernos anteriores. Y ERC y Bildu pidieron a Sánchez que dé marcha atrás.

El problema es que ya es tarde. «La situación es terrible, catastrófica. No estamos entre la espada y la pared, sino entre la espada y la espada. Porque con Argelia las cosas solo se solucionarían revertiendo la decisión sobre el Sáhara, pero si España se mueve un solo milímetro hacia Argelia, Marruecos nos lo hará pagar», reflexiona la misma fuente diplomática.