José María Alonso: «La Corona tiene un papel fundamental en la estabilidad de España»

José María Alonso (Madrid, 1954) fue elegido decano el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en abril de 2018. Llegaba al cargo desde la presidencia del despacho Baker & McKenzie –«con muchas ganas de trabajar y de cumplir unos objetivos» que, entonces, consideraba «irrenunciables»– imponiéndose por algo más de quinientos votos a su principal rival, Javier Íscar, quien se presentó como candidato continuista del equipo saliente, presidido por Sonia Gumpert, de quien se desmarcó con un cambio de rumbo absoluto. Su lema de campaña «Por un colegio útil» apostó por reforzar la influencia de la Abogacía madrileña, y española en general, en el seno de la Administración Pública y de la sociedad civil.

Alonso inició su carrera profesional como colaborador del catedrático de Derecho Civil, y antiguo Magistrado del Tribunal Constitucional, Luis Díez-Picazo. Especialista en litigación civil y mercantil del ámbito societario, en el año 1982 arrancó su andadura en J&A Garrigues, donde ha sido director del Departamento Procesal y de Arbitraje y socio director de la firma entre 2000 y 2009. Fue en este último año cuando dio el salto para situarse al frente de Baker McKenzie en Madrid, como director del Departamento de Litigación y Arbitraje.

–El ICAM celebra su 425 Aniversario, ¿qué ha cambiado en el ejercicio de la profesión en todo este tiempo?

–Desde que para entrar en el Colegio de Abogados con las Reales Ordenanzas de Felipe II –quien crea la congregación de abogados de la Corte– tenía que acreditarse pureza de sangre, al actual máster de acceso, han cambiado muchas cosas. Sin embargo, determinados valores del ejercicio de la Abogacía como son el respeto al Estado de Derecho o la defensa del Derecho de Defensa –en situaciones, no siempre fáciles, en las que incluso ha llegado a cobrarse vidas o que se les encarcelase– ha sido una constante histórica en nuestra profesión. No tengo noción de que la Abogacía, a lo largo de la Historia, se pusiese de perfil en ningún caso. Tenemos el ejemplo de Melquíades Alvarez, decano después de presidir las Cortes, que cuando se produce el alzamiento del 18 de julio es encarcelado en la prisión Modelo y asesinado; o, los abogados de Atocha... La Abogacía siempre ha estado muy comprometida con el Derecho y eso no ha cambiado nunca, ni cambiará en el futuro.

–S.M. el Rey Felipe VI será el encargado de inaugurar el ciclo del aniversario, ¿cuál es la posición del ICAM respecto de la Monarquía?

–El ICAM está enormemente orgulloso y agradecido de que sea el Rey Felipe VI quien inaugure nuestro Congreso. Tenemos un Jefe del Estado, y lo digo con pleno conocimiento de causa, que es no sólo una persona estupenda sino un excelente profesional. La Corona tiene un papel fundamental en la estabilidad de España y, además, es independiente. La Abogacía, y este decano, defenderá a la Corona siempre porque así lo establece nuestra Constitución y nosotros estamos con el Estado de Derecho.

–Honrar al pasado mirando al futuro... ¿cuáles son los cambios necesarios en la profesión a medio plazo?

–A mí me gustaría que fuésemos a un ejercicio profesional más preventivo y eficaz donde la Abogacía tuviese un rol mucho más importante en la Administración de Justicia. Me niego a aceptar que somos meros colaboradores de la Justicia. De colaboradores, nada. Somos tan importantes como los jueces, los fiscales o los letrados de la Administración y, por tanto, tenemos que tomar decisiones sobre cómo queremos que sea la prestación de este servicio público en España, lo cual es diferente a entrar en la función jurisdiccional que es materia reservada a los jueces. Pero a mí que no me digan que son unos los que deciden y otros los que acatamos.

–¿Cómo calificaría las relaciones con el Ministerio de Justicia?

–Con la pandemia estuvimos bajo el Ministerio de Juan Carlos Campo durante el que se consiguieron cosas con muchísimo esfuerzo, como la suspensión de los plazos procesales que a los abogados les preocupaban tanto. Luego tuvimos que conseguir que pese a lo anterior no se impidiese la posibilidad de interponer demandas, que era la única forma de que los abogados pudiesen facturar, ... Y, ahora, mantenemos dos reivindicaciones importantes: la primera, la entrada en vigor de la Ley del Derecho de Defensa en la que se ha estado trabajando durante muchos meses, y que inexplicablemente está parada pese a ser vital para nuestra profesión. Se aceptó el borrador del Anteproyecto que el Ministerio presentó, para llevar al Consejo de Ministros, con cosas que no nos gustaban pero con la idea de impulsar el texto para después modificarlo durante el debate en fase parlamentaria, y no sale, no sabemos por qué. Y me parece poco aceptable.

Es inadmisible que mientras la Comunidad de Madrid paga a los abogados de oficio que representen a personas jurídicas, el Ministerio de Justicia se niegue a hacerlo

La segunda cuestión es el pago a los abogados del turno de oficio que, en la Comunidad de Madrid, defienden a personas jurídicas. El turno de oficio en el ICAM lo cubre en su inmensa mayoría la Administración regional excepto en aquellos casos que afectan a órganos centrales –Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional– pero cuando éstos nos solicitan que designemos letrados para representar a empresas que se encuentran en situación de insolvencia, como la figura no está recogida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el Ministerio se niega a pagar y pretende que el Colegio designe profesionales que trabajen gratis. Es inadmisible desde todos los puntos de vista. Yo me he dirigido en varias ocasiones a Pilar LLop y no he tenido respuesta. Este problema, insisto, no lo tenemos con la Comunidad de Madrid. No es comprensible que para la entidad autonómica sea posible y para el Ministerio de Justicia, no.

–¿Cuáles son las causas que más crecen en esta época postpandemia? ¿A qué áreas tiende la especialización de la Abogacía?

–Si halamos del Derecho Civil han aumentado mucho las demandas de renegociación de contratos por la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Es decir, la pandemia ha alterado tanto las circunstancias que existieron a la hora de contratar que ya no es posible mantener lo contratado si no se renegocia. Por ejemplo, en temas de arrendamientos y, casi siempre, en los contratos de larga duración. También han seguido creciendo las demandas masa –ya las teníamos en cláusulas suelo y preferentes– ahora con los cárteles de camiones y en el sector automoción.

En el Derecho Mercantil está aumentando exponencialmente el número de concursos. En el ICAM prevemos que cuando se levanten los ERTE y la moratoria de los préstamos ICO sólo en la Comunidad de Madrid alcanzaremos los 50.000 concursos de pymes. Por ello, una de las cosas de las que estoy más satisfecho es de que hayamos llegado a un acuerdo con los jueces de lo Mercantil de Madrid, a través de una Guía de Buenas Prácticas visada por el Tribunal Superior de Justicia para que, en casos de insolvencia pueda celebrarse una venta por unidades productivas. De manera que si tú tienes 3 restaurantes en tu empresa y uno te va bien y otros dos no, y te van a arrastrar, puedes negociar la venta el que te funciona, para seguir con la actividad y liquidar sólo los otros dos cuando presentes el concurso. De esta forma salvas la parte que te permite seguir viviendo. Es la primera vez que se llega a un acuerdo de estas características y he de dar las gracias a los jueces de lo mercantil -o, mejor dicho, las juezas, porque la mayoría son mujeres- que han sido extraordinariamente colaboradores.

Prevemos que cuando se levanten los ERTE y la moratoria de los préstamos ICO sólo en la Comunidad de Madrid llegaremos a los 50.000 concursos de pymes

Lo penal sigue como estaba. Han bajado todos los delitos durante la pandemia excepto los de violencia contra la mujer, que es un tema que nos preocupa, igual que nos preocupan los temas de infancia. Los Colegios de Madrid y Barcelona estamos luchando porque haya una jurisdicción especializada en materia de Familia. No puede ser que a un menor tarde dos años en explorársele en un psicosocial porque no hay profesionales cualificados, ni juzgados propios.

–¿Por qué no funcionan las mediaciones o los arbitrajes que, en estos u otros casos, aligerarían la carga para la Justicia y el trauma para las partes?

–Porque la conciliación no se paga. Y si no se paga, ¿cuál es el aliciente para el abogado? Si se incluyera en la asistencia jurídica gratuita estas opciones serían mucho más habituales y exitosas. Y no se trata de ser materialistas sino de cobrar por un trabajo de estudiarte la causa, pelearte con la otra parte, convencer a tu cliente de que lo bueno es mediar... para luego quedarte sin asunto. Y es que, poco a poco, va cambiando la mentalidad pero mi experiencia es que cuanto tú a un cliente le propones mediación te mira como preguntándote: «¿Es que no crees en mi caso?».

Luchamos por la creación de Juzgados propios de Familia. No puede ser que los procesos con menores se prolonguen hasta dos años porque no hay profesionales

–¿Cuál es la nota en materia de Igualdad en el ICAM? ¿Y en la Abogacía en General?

–Nosotros tenemos una Comisión de Igualdad y Conciliación que preside la diputada Angela Cerrellos, una abogada senior que ha estado en los momentos más duros del ejercicio de la actividad profesional, aquellos en los que era necesario una licencia matrimonial para que las letradas pudiesen acceder a llevar un asunto. Además, todos los años organizamos una Cumbre de Mujeres Juristas, entregamos Premios de Igualdad y, por tanto, el Colegio está absolutamente comprometido. Y es que la realidad es que, en este momento, se colegian más mujeres que hombres por debajo de treinta años. El problema está en cómo mantenerlo y es un tema de conciliación que ya no lo digo como decano, sino como exdirector de Garrigues y Baker donde teníamos que hacer una discriminación positiva en la base para que hubiese hombres en las plantillas y no un 70 % de abogadas porque las mujeres tienen un mejor CV, hacen mucho mejor las entrevistas y son más resilientes. A medida que las responsabilidades ascendían muchas renunciaban y se marchaban para ser madres. Algo injusto. Se te va talento de una manera extraordinaria. Las nuevas tecnologías van a ayudar mucho para sortear esa barrera intermedia por la que estamos tirando el 50 % del talento. Este es el siglo de la mujer y tenemos que aceptar todos que la caída demográfica no es sostenible... Es inadmisible que la maternidad sólo se plantee cerca de los 40 y que cada día se congelen más óvulos.

–¿Qué pasa con la renovación del Consejo General del Poder Judicial que, con las vacantes en juzgados y tribunales afecta al ejercicio de la Abogacía?

–El sistema que tenemos no es el correcto. A los representantes de los jueces deben elegirlos los propios jueces, no el Poder Legislativo. El ciudadano tiene que mirar al Poder Judicial como un poder independiente, porque es el asidero del que disponemos todos los ciudadanos para defender nuestros derechos, mande el que mande, y sin arbitrariedades. En la Abogacía lo vemos con mucha preocupación porque hay muchas vacantes. Y, sobre todo, porque se está dando a la sociedad un mensaje de politización de la Justicia que no es verdad. La Justicia española es lenta, a veces ineficaz, pero es independiente en los jueces de a pie.

A los representantes de los jueces tienen que elegirlos los propios jueces. Se está dando una imagen de politización de la Justicia que no es real

–En la Abogacía, usted también defiende esa democratización. ¿Se presentará a la reelección a decano del ICAM el próximo mes de diciembre?

–No lo puedo decir en este momento porque soy un decano en activo con cinco años de mandato y, por tanto, cuando toque tocará. Sin ánimo de ser pretencioso hago un balance extraordinariamente positivo de dicho tiempo en el que hemos cumplido casi todos los compromisos adquiridos en campaña electoral. Hemos cumplido el contrato: la potenciación de la Abogacía joven, el desarrollo de hasta 46 secciones con 10.000 abogados participando, el incremento de la oferta formativa hasta llegar al un master de acceso propio, la creación de espacios de atención a los abogados con salas y ordenadores para los que necesitan recursos o interconectarse directamente con sus clientes en prisiones sin necesidad de desplazarse.

Además, en la Fundación Cortina, que toma su nombre de un antiguo decano, hemos dotado la acción social, con dos millones de euros y hemos limpiado de subvenciones a gente que no se las merecían.

Ahora, en defensa de la Abogacía estamos creando baremos de análisis de los juzgados y tribunales de Madrid porque lo que no se mide no se puede corregir, así que estamos en un proceso de acuerdo con la Comunidad de Madrid para identificar a los funcionarios de los juzgados que no rinden para que la Administración aplique las medidas correspondientes. Y nos quedaría una Guía de Buenas Prácticas para los becarios a quienes, muchas veces, se les infravalora. Se trata de que puedan denunciarlo al Colegio para que nosotros, a su vez, podamos llevarlo a la Inspección de Trabajo. Teníamos el propósito de hacer un colegio útil y, creo, lo hemos conseguido.