De Prada, un juez en el infierno

Probablemente Pedro Sánchez no sería hoy presidente de no ser por el juez José Ricardo De Prada (Madrid, 1957), autor de dos líneas fraudulentas en una sentencia menor de la Gürtel que, sin embargo, sellaron la muerte política de Mariano Rajoy.

Cuando el magistrado se permitió dudar del testimonio del entonces presidente y acusar al PP de ser una organización delictiva, escribió el comienzo de la esquela que Sánchez remató con una moción de censura cogida por los pelos: los de Pablo Iglesias, que aún lucía coleta, y los de toda la coalición de despeinados en ERC, Bildu o el PNV que aún hoy tienen acciones preferentes en Moncloa.

Del exceso del juez, que ayudó a Sánchez a llegar a presidente en junio de 2018 tras dos estrepitosas derrotas electorales en seis meses, da cuenta la reprimenda que le echó el Tribunal Supremo, enmendando su fallo político y desnudando de paso a Pedro Sánchez, que inició su carrera presidencial con una mentira judicial elevada a categoría de excusa para asaltar el poder.

No es exagerado decir que las togas, o al menos esta toga, cambiaron el rumbo de la historia, dieron la vuelta a los resultados electorales y abrieron la puerta al sanchismo, esa plaga de Egipto oficiosa que ha convertido al separatismo y al populismo en copropietarios del Gobierno de España y al presidente en un enfermo crónico del «Síndrome de Estocolmo».

De Prada vuelve a estar de moda por su tendencia a la indulgencia con los peores de la clase: ahora acaba de revocar, desde su puesto en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la negativa inicial de la autoridad a conceder un permiso de salida al etarra Gorka Loran, que podrá salir de la cárcel en unos meses gracias a una resolución del juez muy celebrada por ETA: de imponerse la tesis del controvertido magistrado, los terroristas no tendrán ya que pedir perdón a sus víctimas para obtener beneficios penitenciarios.

De Prada es ilustre miembro de la Cofradía de la Toga, compuesta por jueces devotos de cantarles saetas al PSOE

«La circunstancia expresada de que no consta escrito de interno manifestando su arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas, no es en absoluto un requisito legal para la obtención de permisos penitenciarios», sostiene De Prada, arramblando con décadas de literatura jurídica en el sentido contrario.

No fue un mal día. Para el magistrado, pese a su pasado en la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal de Bosnia Herzegovina, los presos de ETA han sufrido «tortura de forma clara» y las penas impuestas, en general, son «altas y desproporcionadas», con una benevolencia antagónica a su energía para perseguir a Franco o a Videla o defender a Baltasar Garzón, otro insigne representante de la Cofradía de la Toga, experta en cantarle devotas saetas al PSOE.

Entre Sócrates y Quevedo

Con ese bagaje, no es de extrañar el empeño del actual Gobierno en meterle en el Consejo General del Poder Judicial, patrocinado por Podemos y bien visto por el PSOE; ni tampoco la negativa del PP a aceptarlo, con el consiguiente bloqueo de un órgano al que Sánchez quiere tan sumiso como a la Fiscalía General del Estado, comandada por su exministra Dolores Delgado.

Sócrates ya definió, 400 años antes de Cristo, las características elementales de un juez: «Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente». Y en ellas cuesta reconocer a un De Prada más cercano, al menos para sus detractores, a la mordaz descripción de Quevedo sobre los de su especie: «Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez».

Héroe o villano, lo cierto es que José Ricardo ha logrado convencernos de que, si hasta el diablo tiene abogado, es tal vez porque hay jueces en el infierno.