PP y Vox reducen un 50% las subvenciones a sindicatos y patronal en Castilla y León con un ahorro de 20 millones

Llegó la primera gran medida del Gobierno fruto del pacto de PP y Vox en Castilla y León. La aprobación será una mala noticia para los sindicatos, patronal y los agentes sociales que verán mermadas sus subvenciones en un 50%. La aplicación supondrá un ahorro de 20,3 millones de euros para las arcas públicas de la región.

Ha sido el vicepresidente de la Junta castellano y leonesa, Juan García-Gallardo el encargado de anunciar esta reducción. Lo hacía un mes después de la constitución del Gobierno de coalición y a apenas una semana de la celebración de las elecciones en Andalucía que, pese a dar una clara victoria al PP en las encuestas vaticinan un nuevo pacto entre dichas formaciones.

La aprobación supone, además, el cumplimiento de uno de los puntos anotados en el acuerdo de legislatura, consistente en el recorte de manera sustancia del gasto público vinculado a la participación institucional de los agentes económicos y sociales, así como la supresión de todas aquellas subvenciones que no acrediten un destino y utilidad para los ciudadanos. Por otro lado, se ha confirmado la implementación de mejoras de la eficiencia del gasto a través de la concurrencia competitiva en las subvenciones.

Empleo, la primera

La primera Consejería en aplicar la reducción, por lo tanto, es la de Empleo, Comercio e Industria de Mario Veganzones (Vox) que reducirá de 4 a 2 millones de euros las subvenciones nominativas para CCOO, UGT y CEOE. Las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales que suponían 3,6 millones de euros se suprimirán.

El dinero ahorrado se invertirá, según han informado, en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo que realizan esta misma función.

Por otro lado, se eliminarán completamente las subvenciones a las cuatro cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales.

En total, con el primer programa de ajuste que ayer presentó el vicepresidente de la Junta los agentes sociales de Castilla y León dejarán de recibir 20 millones de euros pagados por los contribuyentes, con el compromiso de invertirlos en políticas sociales de atención prioritaria.

Para García-Gallardo este es un acuerdo sobre el que el Gobierno de coalición ha mostrado «su absoluta convicción» al tratarse de uno de los puntos que suscribieron tanto PP y Vox para la conformación del Ejecutivo. El vicepresidente ha subrayado que con esta medida se empieza a cumplir el compromiso de recortar «en al menos un 50% el gasto público institucional que no acredita su beneficio para los ciudadanos» y ha destacado que «el montante ahorrado se destinará a políticas sociales de atención prioritaria».