Delgado insta el cierre de las investigaciones sobre los contratos sanitarios del Gobierno mientras frena el archivo de los de Ayuso

Ajuicio del Ministerio Público no se han concretado de forma «suficiente» los indicios «mínimos» para justificar la existencia una investigación judicial sobre los tres altos cargos del Ejecutivo investigados por una serie de presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia. La Fiscalía considera que la acusación formulada por Vox ante el titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid se sustenta en «meras conjeturas y sospechas», sin que pueda apreciarse delito alguno. Sin embargo, la causa que se sigue contra los contratos del hermano mayor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue abierta en Anticorrupción, pese a que fuentes próximas al departamento que dirige Alejandro Luzón apuntaron a El Debate, hace más de un mes, que el caso estaba técnicamente «cerrado». Si bien, las mismas fuentes, matizaron que no habría comunicación oficial al respecto sin que la fiscal general del Estado fuese convenientemente «informada».

Así, mientras la Fiscalía ha solicitado por escrito el archivo provisional de la querella presentada por Vox contra el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado; y, la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz; Anticorrupción «espera» que el archivo de las pesquisas llegue más «pronto» que tarde. Aunque, todo apunta a que no será antes de que se celebren las elecciones andaluzas, el próximo domingo día 19 de junio.

El «escollo» de la Fiscalía Europea

La incursión de la Fiscalía Europea en el marco de las denuncias cruzadas, contra las presuntas irregularidades en los contratos suscritos para la compra de material sanitario durante la pandemia, ha supuesto un punto de inflexión en el avance de las pesquisas que se siguen en clave prejudicial.

No en vano, el pasado mes de marzo el Departamento de reciente creación reclamó a Anticorrupción que le remitiese el total de la investigación abierta para determinar si, como denunció la oposición madrileña, hubo irregularidades punibles en la adjudicación de un contrato a la empresa Priviet Sportive SL, por la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, para la que el hermano mayor de Díaz Ayuso, Tomás, hizo gestiones de intermediación.

Sin embargo, desde un primer momento, el jefe del Departamento, Alejandro Luzón, se opuso por escrito al traslado íntegro del expediente al entender que, con independencia de lo «endeble» de los «indicios» que pudiese tener la Fiscalía Europa, «no hay base» para apelar al presunto delito de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea que, entonces, alegó la fiscal comunitaria en España, Concepción Sabadell, para justificar su petición. El respaldo mayoritario de los fiscales de Sala, convocados de forma extraordinaria por Dolores Delgado, dio la razón a Anticorrupción.

Así las cosas, este mismo lunes trascendía que la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, instó ante la Fiscalía Europea, la investigación de varios contratos suscritos por el Gobierno central con empresas vinculadas con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y la vicepresidenta Nadia Calviño, por valor estimado de unos 44.364.355 euros. Una denuncia que llegaba para completar la presentada por el grupo parlamentario popular de la Asamblea de Madrid ante Anticorrupción sobre las adjudicaciones del Ejecutivo central, o de sus Departamentos, a favor de siete empresas de familiares o amigos de algunos de los miembros del Consejo de Ministros, por un total de 326 millones de euros.

«Estamos viendo que la Fiscalía Europea tiene interés en algunos contratos, siempre de manera muy selectiva que, casualmente, afectan siempre a la Comunidad de Madrid. No sabemos si la Fiscalía Europea es una fiscalía para la Comunidad de Madrid, porque ha habido múltiples contrataciones en todo el país y sólo tenemos noticias de aquellas que afectan a nuestra región», explicaba ante los medios de comunicación el portavoz de los populares en la Asamblea madrileña, Alfonso Serrano.

Una querella contra tres altos cargos

En la querella planteada por la formación de Santiago Abascal contra los tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez para los que, ahora, la Fiscalía de Madrid pide desvincular de cualquier tipo de irregularidad, el partido Vox sostenía que éstos, entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020, suscribieron 56 contratos desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Asimismo, señalaba que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de «dudosa» existencia, al conocerse solo una denominación social.

Los tres querellados declararon el pasado abril en los Juzgado de Plaza de Castilla de Madrid, y Alfonso María Jiménez negó entonces las presuntas irregularidades denunciadas por Vox en la compra de material sanitario, sosteniendo, además, que el que era entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.

La Fiscalía ha pedido ahora el archivo de la causa al considerar que los indicios aportados sobre la posible irregularidad en la contratación administrativa se basan en «meras conjeturas» relativas a las dudas que les genera el procedimiento utilizado y las entidades adjudicatarias, «pero sin concretar qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones». Considera el Ministerio Público, en este sentido, que esa falta de concreción no justifica la petición de investigar unos hechos «por razón de su importancia y notoriedad», «por poder tener carácter prospectivo, existiendo otros procedimientos para su fiscalización genérica».

Asimismo, ha señalado que existió un hecho «notorio» e «incuestionable» como fue la pandemia «y que hubo que adaptar la forma de contratar a dicho acontecimiento», y ha defendido que los contratos suscritos en el período citado se adecuaron a la normativa administrativa vigente. Así, ha visto pertinente archivar el procedimiento ante la falta «total» de acreditación de los hechos en relación con el contenido de la querella y a los indicios existentes contra los tres cargos de Sanidad, por lo que aprecia «la imposibilidad de exigencia de responsabilidad en el contexto del proceso penal a los denunciados».

No obstante, la causa que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid sigue abierta, cuando a finales de abril fuentes próximas a dicha investigación habían apuntado a El Debate que el caso estaba «cerrado». La Fiscalía Anticorrupción interrogó el pasado abril al hermano de Díaz Ayuso por su posible vinculación con un contrato de mascarillas adjudicado por el Gobierno madrileño en los primeros meses de la pandemia, algo que desde el Ejecutivo regional siempre han aseverado que se trató de «una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación».