La juez suspende la declaración del representante de Plus Ultra hasta resolver un nuevo recurso de la aerolínea

el pasado 25 de mayo, la titular del juzgado de instrucción nº 15 de Madrid había citado hoy a la aerolínea Plus Ultra, en calidad de imputada, en el marco de la causa sobre la concesión recibida del Gobierno por la compañía, por importe de 53 millones de euros, en concepto de ayuda pública para salvar su viabilidad en plena crisis del coronavirus cuando, según el informe de los peritos independientes, se encontraba mucho antes de dicha fecha en situación de «quiebra» técnica. Sin embargo, la magistrada Esperanza Collazos ha considerado necesario a suspender la comparecencia del administrador de Plus Ultra, prevista para este mismo miércoles a las 10.00 horas, hasta resolver el nuevo recurso planteado por ésta en la que se opone a dicha citación alegando que no se puede practicar dicha diligencia porque «ha pasado el período de instrucción». Así lo han confirmado a El Debate fuentes judiciales próximas a la causa.

La declaración había sido admitida a petición de Vox-formación personada en la causa como acusación popular- para que el representante legal de Plus Ultra explicase los «intríngulis de las operaciones contables y societarias que llevaron a que (la compañía) se pudiera presentar como candidata a los fondos». Pero, ahora, los letrados de la compañía han interrumpido el plazo hasta que la juez decida «si continúa», o no, con el procedimiento. Es decir, que sólo en el caso de que la magistrada instructora decidiese dar paso a la fase de juicio oral y «en el marco» de la misma, tendría sentido la declaración del administrador.

Tal y como avanzó El Debate, la juez Collazos había condicionado sus futuras y eventuales decisiones sobre el archivo de la causa, instada tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía, a la comparecencia ahora cancelada. Habrá que esperar a la resolución del nuevo escrito presentado por Plus Ultra ante la titular del juzgado que investiga las presuntar irregularidades en la concesión de la ayuda recibida.

En la causa, además de a la compañía aérea, se mantienen como imputados al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, «y el resto de miembros del Consejo de Administración» por la operación de rescate. Más de una decena de altos cargos del Gobierno entre los que se encuentra la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, quien en el momento de producirse la inyección económica en Plus Ultra total formaba parte de la entidad, si bien era ajena al Consejo gestor del fondo de las subvenciones.

Visos de «insolvencia»

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Ante la magistrada ya han declarado los peritos de las partes, hasta en dos ocasiones por un error informático, que ratificaron sus informes previos difiriendo, en el careo mantenido entre ellos, sobre si la compañía cumplía o no con los requisitos para acceder a esta financiación.

Los peritos designados por el juzgado han insistido en todo momento en que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a cierre de 2019, lo que habría conllevado no poder optar a los fondos, dictamen que fue rechazado por los expertos de la SEPI, Deloitte y DC Advisors, que señalaron que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvo las ayudas.