¿Por qué la ley electoral en España no permite publicar encuestas hasta el mismo día de las votaciones?

La llegada de las redes sociales ha cambiado la forma en que los partidos, y los ciudadanos, afrontan las convocatorias electorales en las que están llamados a participar. El hecho de interactuar directamente con los potenciales electores en tiempo real, la posibilidad de contar día a día los pasos del candidato en su campaña o el hecho de que, incluso, puedan hacerse apuestas sobre el resultado que obtendrá cada formación han determinado un cambio de paradigma en la forma de entender los quince días de que, disponen los políticos para convencer a los propios y captar a los indecisos.

En España está prohibido, desde hace más de cuarenta años, publicar o divulgar encuestas y sondeos en los últimos cinco días inmediatamente anteriores a los comicios. Esto es, el artículo 69 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) impide que medios de comunicación, empresas demoscópicas o partidos puedan hacerse eco de la intención de voto desde el lunes previo al domingo electoral. El incumplimiento de esta obligación podría conlleva desde multas económicas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros a penas de prisión que van de tres meses a un año o la inhabilitación para el ejercicio profesional entre uno y tres años.

Así las cosas, muchos se preguntan por qué en España no es posible publicar sondeos o encuestas con la intención de voto hasta el mismo día de la elección. Una limitación que no existe en países de nuestro entorno, miembros de la Unión Europea, y que se ha ido supliendo en los últimos años con todo tipo de trucos, uno de los más conocidos, las subastas de frutas y verduras –con códigos de color correspondientes a cada una de las formaciones políticas– en Twitter o Facebook, entre otras, gracias a los avances que sí se siguen publicando, hasta el último día, en la prensa de países fuera de la jurisdicción española, como la vecina Andorra.

Sobre el papel, la norma trata de evitar que los electores se vean influidos por los datos y las tendencias electorales que se dan en cada caso y que dicha información pueda influir de tal manera en su intención que, al final, se produzca un vuelco en el marcador. Lo cierto es que, en la práctica, y gracias a los avances tecnológicos y a la forma en que ha cambiado el comportamiento de los ciudadanos, que consumen datos a diario, la limitación haya perdido sentido.

Tal es así que, el Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a plantearse una modificación de este extremo, tal y como recomiendan algunos expertos, creando una subcomisión ad hoc en el Congreso, en marzo de 2021, que hasta la fecha no ha logrado grandes avances en esta materia. En las últimas elecciones, al Parlamento de Andalucía, actualmente en curso, se ha vuelto a dar este silencio demoscópico que, tan solo se romperá a partir del próximo domingo 19 de junio cuando los medios de comunicación sí estarán habilitados a publicar los primeros avances de resultados no oficiales –las denominadas israelitas– a pie de urna.