Oltra pierde su condición de aforada y será citada de nuevo como imputada por el juez instructor

La jurisprudencia del Supremo es clara: el aforamiento es un «privilegio» en la medida en que implica «una excepción a las normas generales de competencia objetiva establecidas por la ley» y, por lo tanto, «debe ser objeto de interpretación restrictiva». Es decir, «desaparecido el cargo, el aforamiento resulta ineficaz». Por ello, la dimisión de la ya exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra altera, de raíz, su situación procesal como imputada por, presuntamente, encubrir los abusos sexuales de su exmarido -condenado a cinco años de prisión- a una joven tutelada en un centro de menores a su cargo. Oltra «tendrá que ser citada de nuevo» a declarar en una nueva fecha y, esta vez -en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) formalice su inhibición- ante el que ha sido el juez instructor de la causa desde su comienzo. Así lo han confirmado fuentes judiciales a El Debate.

La Sala competente del TSJCV anunciaba el pasado jueves la imputación de la hasta hoy consejera de Políticas Inclusivas de la Generalitat, y número dos del socialista Ximo Puig en el Consell, al detectar indicios «relevantes» contra Oltra en la causa abierta contra ella por un presunto delito de encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido Luis Ramírez Icardi a una menor bajo su tutela. La líder de Compromís, que pese a su salida ha continuado defendiendo su inocencia, estaba citada el próximo 6 de julio en la sede del tribunal.

Sin embargo, ni el TSJV, ni la fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Teresa Gisbert, parecían tenerlo tan claro. No en vano, y de acuerdo con el posicionamiento del Ministerio Público, la Sala dictaba un auto para declararse competente en la instrucción del caso al apreciar «una serie de indicios plurales» que «hacen sospechar la posible existencia de un concierto» entre la aforada y diversos funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada». Entendiendo, por lo tanto, que resultaba procedente incoar diligencias previas, de las que era designado instructor el ponente de la propia resolución, el magistrado Antonio Ferrer.

Una vez desaparecido el aforamiento de Oltra será el propio magistrado que elevó las actuaciones al órgano jurisdiccional superior el encargado de dirigir las pesquisas orientadas a determinar «hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario».

Además, y una vez se haya efectivo del cambio de status procesal para la exportavoz de Compromís, el TSJCV también dejará en manos del juez todo lo relativo a los 13 investigados restantes, entre los que figuran altos cargos de la Consejeria, en tanto en cuanto la Justicia ha venido considerando la existencia entre todos ellos de «una conexidad inescindible», incluso pese a que buena parte de los mismos no gozaban de ningún privilegio.