La nueva directora del CNI suspende la vigilancia al independentismo catalán y vasco por orden de Sánchez

La destitución de la anterior directora del CNI, Paz Esteban, no es el único precio que ha pagado Pedro Sánchez al independentismo catalán para superar la crisis ocasionada por el espionaje a algunos de sus dirigentes. Entre ellos, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

La nueva directora, Esperanza Casteleiro, llegó al CNI el 12 de mayo con una orden clara del presidente: acabar con todas las escuchas y la vigilancia a los líderes independentistas. No solo catalanes, sino también vascos. Y así lo ha hecho, según ha podido saber El Debate de fuentes de la Inteligencia española.

Ésa y no otra es la razón por la que el independentismo ha accedido a pasar página y retomar las relaciones con el Gobierno dos meses después de que trascendiera que el CNI había espiado a 17 de ellos con orden judicial del Tribunal Supremo.

Aragonès tiene garantías de Sánchez de que no volverá a suceder. No habrá más teléfonos pinchados. No, al menos, en lo que respecta al CNI. Porque otra cosa es lo que haga la Audiencia Nacional, que tiene alguna causa abierta al independentismo catalán.

Desenchufar a sus dirigentes desde el CNI es una decisión política que, además, no comparten las cúpulas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el riesgo que puede entrañar. Por el contrario, la Audiencia Nacional escapa del control del presidente.

Éste último ha cortado por lo sano, sin esperar a la reforma de la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI (de 2002), que él mismo prometió en el Congreso el pasado 26 de mayo. Entre otras cosas, porque es prácticamente imposible que salga esta legislatura puesto que necesitaría una mayoría absoluta –176 escaños– que el PP no le dará y el independentismo, tampoco.

Sánchez necesita al independentismo catalán, y en particular a Esquerra, para acabar una legislatura que se le está poniendo cada vez más cuesta arriba. La crisis de Pegasus ya puso en jaque la convalidación –a finales de abril– del primer decreto anticrisis (el de los 20 céntimos por litro de carburante), al que ERC y Junts per Catalunya se opusieron en una –otra más– votación de infarto. Así que Sánchez no se podía permitir que el asunto del espionaje siguiera cortocircuitando su acción política.

El deshielo

El deshielo entre el Gobierno y la Generalitat fue escenificado este miércoles en la Moncloa, donde el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se reunió con su homóloga catalana, Laura Vilagrà. A este encuentro le sucederá próximamente otro entre Sánchez y Aragonès, aún por concretar.

La fecha elegida para la reanudación formal de las relaciones no podía ser más simbólica: coincidiendo con el primer aniversario de los indultos a nueve presos del procés condenados por sedición y malversación, con Oriol Junqueras a la cabeza. «Es una medida que va a reducir la discordia política y territorial y eso es fundamental para recuperar la convivencia en Cataluña», afirmó entonces el presidente.

Actualmente, esos indultos están siendo revisados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, después de los recursos presentados por el PP, Vox, Ciudadanos y Convivencia Cívica Catalana.

Al término del encuentro, Bolaños se felicitó por el «reencuentro entre administraciones», aunque Vilagrà no quiso hablar de «normalización» en las relaciones. El independentismo siempre pide más, y la consejera de Presidencia pidió desde la Moncloa una amnistía para los condenados del procés que empiece por: dar carpetazo a los recursos presentados en el Supremo contra los indultos y reformar el Código Penal en lo que respecta a los delitos de rebelión y sedición. Lo que el independentismo llama poner en marcha una «agenda de desjudicialización».

Las cesiones de Sánchez

Sánchez ha solventado la crisis del espionaje con una lista de cesiones por entregas. Primero ordenó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retorcer el reglamento de la Cámara para meter en la Comisión de Secretos Oficiales a ERC, Junts, Bildu y la CUP. Allí compareció la entonces directora del CNI, Paz Esteban, a primeros de mayo para dar a los independentistas y al resto de grupos parlamentarios explicaciones sobre el espionaje.

Esteban ya estaba sentenciada, puesto que era un obstáculo insalvable para retomar las relaciones con Aragonès. El Gobierno la destituyó el 10 de mayo y designó en su lugar a la secretaria de Estado de Defensa y mano derecha de Margarita Robles, también funcionaria del CNI. Esperanza Casteleiro llegó con una misión clara que, a día de hoy, ha cumplido a rajatabla.

Una vez purgado el CNI, Sánchez compareció en el Congreso el jueves 26 de mayo para tratar de contentar al independentismo con dos reformas legales de muy difícil aprobación. Por una parte, una Ley de Información Clasificada que vendría a sustituir la actual Ley de Secretos Oficiales, que data del año 1968. Es, en realidad, un viejo compromiso del sanchismo y una reivindicación con la que el PNV lleva seis años. Por la otra, esa reforma de la ley orgánica que regula el control judicial previo del CNI.