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Juan García-Gallardo, es el primer líder de Vox que ha entrado a formar parte de un gobierno de coalición con el PPVox | Alberto Cuéllar

Exclusiva

Vox confirma el recorte de subvenciones a sindicatos en Castilla y León cuestionado por la izquierda

El equipo del vicepresidente de la Junta castellanoleonesa, Juan García-Gallardo, responde en exclusiva para El Debate a las acusaciones sobre la inaplicación de la totalidad de la medida anunciada

No han transcurrido ni dos semanas desde que el Gobierno en coalición del PP y Vox en Castilla y León anunciara el recorte de un 50 % a las subvenciones de la patronal y agentes sociales, y la medida ya ha sido cuestionada. El equipo del vicepresidente de Vox del Ejecutivo castellanoleonés, Juan García-Gallardo, contesta a las acusaciones en exclusiva para este medio.

Ni el recorte será necesariamente de 20,3 millones de euros ni la medida fue aprobada y consensuada por Vox con su socio y presidente de la Junta castellanoleonesa, Alfonso Fernández Mañueco. Esta ha sido la interpretación de algunos medios tras el anuncio en plena campaña electoral andaluza y el comunicado de la formación conservadora sobre el recorte a sindicatos. Vox, responde.

Vox reitera el ahorro de 20,3 millones

«El vicepresidente de la Junta no ha reculado ni desmentido ningún extremo en relación con el anuncio del pasado de 13 de junio» en relación con «el ajuste de las partidas de dinero público destinadas a subvencionar a sindicatos, patronal y demás agentes sociales». De hecho, en dicha rueda de prensa «con el consejero de Industria, Comercio y Empleo», el primer ajuste efectuado, se reitera, «tendrá un impacto económico de 20,3 millones de euros».

De hecho, «el plan inicial de ajuste desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo incluye diez medidas» que «en la actualidad» representa dicha cantidad de dinero público, se reitera desde la formación a este medio.

Reducción de al menos la mitad de las subvenciones a CEOE, CCOO y UGT

Entre dichas medidas, «figura la reducción de, al menos, el 50% de las subvenciones nominativas para participación institucional que reciben CEOE, CCOO y UGT (cuatro millones de euros)», así como «la eliminación por completo de las subvenciones directas para diálogo social y prevención de riesgos laborales percibidas hasta ahora por estos mismos agentes sociales por importe de otros tres millones de euros».

Asimismo, se contempla «la supresión de las cátedras relacionadas con la actividad de las asociaciones sindicales y patronales, o las subvenciones a organizaciones representativas del trabajo autónomo y la economía social».

Destino: los mejores preparados

Dicho ahorro será reinvertido «en una mayor dotación de personal en las Oficinas Territoriales de Trabajo, que realizan esta misma función». «Parte de ese dinero» irá destinado a otros fines que, según el partido encabezado por García-Gallardo, «redunde en beneficio real de los ciudadanos y, en particular, los trabajadores, a cuya prestación pueden optar los propios agentes sociales siempre que demuestren que son los mejores preparados para ello en un proceso abierto de concurrencia competitiva, conforme a criterios objetivos».

El objetivo es que no se compre «la paz social con el dinero de los contribuyentes» y se logre «un diálogo social fluido» para «mejorar las condiciones laborales, económicas, sociales y competitivas de nuestra región».

De común acuerdo con el PP

Respecto a la cuestión de si esta medida disruptiva fue o no tomada en consonancia con su socio de Gobierno, Vox también contesta: «El plan anunciado el 13 de junio es sólo un primer paso en el objetivo final, comprometido en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, de reducir sustancialmente el gasto superfluo que afecta, entre otros, a sindicatos, patronal y agentes sociales».

Juan García-Gallardo (Vox), junto a Alfonso Fernández Mañueco (PP), durante una sesión plenaria en el parlamento castellanoleonésEFE

La formación subraya que «en los próximos meses, y sobre todo en el nuevo presupuesto para 2023, se incorporarán planes de reducción o supresión en el resto de consejerías y en la propia de Industria, Comercio y Empleo, hasta lograr cumplir el objetivo comprometido con los castellanosleoneses de una reducción no inferior al 50%».

Subrayan las buenas relaciones con el presidente de la Junta en la aplicación de las medidas: «Vendrán, como no puede ser de otro modo, serán previamente negociadas y consensuadas entre los dos partidos políticos que integran el Gobierno, siempre dentro del marco del acuerdo de legislatura suscrito entre ambas partes», apuntalan.