La petición de eutanasia del pistolero de Tarragona: un caso inédito que convierte una «fuga vital» en «fuga carcelaria»

Se plantea un dilema jurídico inédito en nuestro país por el que una juez, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona, tendrá que decidir si prioriza el derecho a morir del denominado 'pistolero de Tarragona', en base a la Ley de la Eutanasia, o el de la tutela judicial efectiva para las víctimas. Marin Eugen Sabau, preso de 46 años y origen rumano, sufre una lesión medular irreversible tras recibir un disparo de dos agentes de los Mossos d'Esquadra -que también resultaron heridos durante su detención el pasado mes de diciembre- cuando se tiroteó a tres empleados en la sede de la empresa de seguridad en la que trabajaba, para luego darse a la fuga y atrincherarse en una masía de Riudoms (Tarragona). Durante su huida lesionó a dos policías y, actualmente, se encuentra en prisión preventiva por orden judicial en el Hospital Penitenciario de Tarrasa.

Sabau ha solicitado acabar con su vida y el médico que lo atiende ha aceptado iniciar el proceso necesario tras valorar la situación de dependencia permanente en la que se encuentra sumido y los graves dolores que padece. Mientras, el abogado de uno de los agentes heridos trata contrarreloj de paralizar la petición del preso y que sea juzgado por los delitos cometidos.

La situación no cuenta con precedentes en España y los expertos consultados por El Debate plantean múltiples interrogantes sobre el alcance de una medida, la eutanasia, que, si bien atiende en su origen a «una fuga vital» se convierte, en este caso, también, «en una fuga carcelaria, impidiendo que se juzguen graves delitos y provocando que las víctimas pierdan su derecho a ser indemnizadas». Así lo apunta Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo, para quien «la eutanasia es un derecho personalísimo pero, aquí, quien la pide está en prisión provisional». Si a Sabau no se le juzgase, en su opinión, «a la sociedad se la estaría privando de la aplicación de la Justicia en la presunta comisión de varios delitos contra agentes de la autoridad» que, en la mentalidad anglosajona, por ejemplo, «son muy graves».

Por su parte Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia apunta cómo «lo primero sería comprobar si el interesado cumple, realmente, con las exigencias recogidas en la Ley de Eutanasia que tiene sus propias restricciones». Ya que la norma «sólo la consiente si el interesado sufre una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos» y, en todo caso, «certificados por el médico responsable». En caso positivo, «el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas sólo resulta válido cuando el procesado está vivo ya que la muerte, sea cual sea su causa, extingue la responsabilidad penal».

«Ahora bien», añade Flores, «en este supuesto el inculpado está en manos de la Administración Penitenciaria. ¿Tiene ésta el deber de mantenerlo con vida?. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia sí, pero a partir de la misma el procesado, en tanto que ciudadano, cuenta con el derecho a solicitar que se le ayude a morir». Y, así las cosas, «siendo un caso completamente novedoso» con múltiples derivadas, el catedrático valenciano no encuentra «en base a qué argumento la Administración competente podría limitarlo».

El fiscal Salvador Viada comparte planteamiento con algunos otros magistrados consultados por El Debate para quienes «en tanto en cuanto el derecho a morir es un derecho personalísimo», a partir de «una lectura trasnversal de la Ley de Eutanasia», se inclinan a pensar que «la oposición de terceros no tiene relevancia en este tema». Esto es, si «no la tiene cuando quien se opone son los familiares, padres, hijos, cónyuge, ...» del solicitante, difícilmente la tendrá la posición de los «posibles acreedores» del preso, sus víctimas.

«No puede esquivar el juicio»

La acusación particular ejercida por uno de los policías heridos, representado por José Antonio Bitos, ha presentado ya un escrito al juzgado en el que pide que se emita una «orden urgente» al centro hospitalario para que «cese de cualquier actividad» encaminada a llevar a cabo la eutanasia hasta que no se dicte sentencia. Ya que, a su juicio,«no puede en modo alguno decidir sobre la vida de un investigado internado por orden judicial».

No en vano, para la acusación particular, el objetivo de la prisión provisional «no es otro que dejar a disposición judicial a un investigado o procesado y practicar la eutanasia por quien tiene la obligación de asegurar que el reo esté a disposición del tribunal es de forma palmaria una decisión injustificable».

«Un asesino, o presunto en este caso, no puede esquivar ni el juicio ni una condena mediante una eutanasia», sino que corresponde a la juez adopta«todas las medidas protección necesarias para evitarlas», añade el escrito. Un texto donde, además, se señala cómo el juzgado competente para conocer del caso tiene la responsabilidad de «proteger la vida del investigado, sin más». En este caso «prima el derecho fundamental a la tutela efectiva de las víctimas, que pasa por que se juzguen unos hechos y obtener una sentencia sobre el fondo», sostiene el abogado de los Mossos afectados.