El juez García-Castellón archiva la causa contra la financiación ilegal de Podemos

El magistrado Manuel García-Castellón ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa por la presunta financiación ilegal de Podemos, tras la resolución dictada en este sentido por la Sala de lo Penal este mismo lunes. En una providencia a la que ha tenido acceso El Debate, el juez instructor ha acordado, por tanto, dejar sin efecto las diligencias de investigación acordadas tras las declaraciones prestadas por el exjefe de la Inteligencia chavista, Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, ante García-Castellón apuntando a los presuntos pagos irregulares que el régimen venezolano habría efectuado, en sus comienzos, a la formación morada.

Los magistrados al frente de la resolución dictada esta misma mañana, por la Sala de lo Penal del órgano judicial, admitían como válida la tesis de la Fiscalía que advertía del carácter prospectivo de la instrucción abierta contra la antigua cúpula de Podemos, entre la que se encontraban nombres como el del exsecretario general Pablo Iglesias, el exideólogo Juan Carlos Monedero y la exfundadora Carolina Bescansa, entre otros.

La Sección Tercera de la Sala ya había dado la razón al Ministerio Fiscal en un recurso anterior que supuso limitar las indagaciones del titular de dicho juzgado, Manuel García-Castellón, a verificar el relato de Carvajal y los testigos señalados por éste, pero sin centrarse en nombres propios como los de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.

Se da la paradoja de que cuando los magistrados limitaron por primera vez estas pesquisas, el instructor ya había recibido un primer informe de la UDEF donde se daba credibilidad al relato efectuado por Carvajal sobre las relaciones entre miembros del Gobierno venezolano y fundadores de Podemos, un 'dossier' que no fue impugnado por el Ministerio Público, por lo que la investigación pudo continuar en base al mismo.

Esta misma mañana, un segudo auto de la Audiencia - del que ha sido magistrado ponente, Alfonso Guevara- afeaba a García-Castellón por «usurpar» unas funciones más propias del Tribunal de Cuentas, al tratar de fiscalizar la financiación de un partido político, por un presunto delito de financiación irregular que no existía tipificado como tal en los años en los que se circunscribía la investigación ya clausurada.