Sánchez se da un año para ilegalizar la Fundación Francisco Franco

el Gobierno avanza en su objetivo de liquidar cualquier tipo de expresión, referencia, alegato o ensalzamiento de la figura del general Francisco Franco, con cargo a la nueva Ley de Memoria Democrática que los socialistas y sus socios de Podemos han aprobado, como uno de los hitos de la legislatura de coalición, gracias al apoyo expreso de EH Bildu. Una vez consumada, en octubre de 2019, la primera fase de la histórica reivindicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez que llegó a la Moncloa con el propósito de cambiar el lugar de enterramiento de los restos del dictador, durante los últimos cuarenta años, el objetivo inminente pasa por reactivar la exhumación los restos del Valle de los Caídos, retirar los títulos nobiliarios que todavía ostenta la familia y declarar la ilegalidad de la Fundación Franco para lo que el Ejecutivo se ha dado el plazo de un año.

Así, en la nueva Ley de Memoria Democrática que ha llegado para «mejorar» en varios de los aspectos mas icónicos las carencias de la norma anterior de 2007, se prevé la ilegalización de todas aquellas entidades, organizaciones y fundaciones que inciten «directa o indirectamente» al odio o la violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Para ello, el Ejecutivo tendrá que modificar –tal y como prevé el propio texto del Proyecto que, este mismo lunes, sorteaba por la mínima el dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso– la Ley Orgánica 1/2022, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación en España.

No en vano, la Fundación Nacional Francisco Franco se atiene en la actualidad, y con base en el derecho de la libre asociación, regulado en nuestro país, a los requisitos establecidos, además, en la Ley de Fundaciones vigente. De tal manera que, para personalizar la ilegalización de la entidad, el Gobierno ha previsto la inclusión de dos extremos en el texto del proyecto legislativo en marcha y que, una vez votado en el Senado, entrará en vigor el próximo mes de septiembre: por una parte, declarar ilícita la apología del franquismo (aspecto éste que tendrá que concretar en su alcance y dimensiones); y, por la otra, circunscribir los límites del ensalzamiento de la figura del dictador a todo aquello que suponga un menosprecio o humillación a las víctimas.

La nueva Ley de Memoria permitirá extinguir aquellas fundaciones «que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio», y ya no podrán ser consideradas bien de utilidad pública ni, por lo tanto recibir ningún tipo de ayudas. En el horizonte, por lo tanto, se sitúa la Fundación Franco, cuya ilegalización no será inminente, sino fruto de un proceso largo que implicará un doble procedimiento administrativo, administrativo y luego otro judicial.

Sin tocar otras entidades análogas

Sin embargo, la reforma legal que el Gobierno pretende abordar ha de implicar necesariamente la afectación de otro tipo de organizaciones, como la Fundación Largo Caballero, vinculada al sindicato UGT –que ha recibido más de medio millón de euros en subvenciones a lo largo de la última década, sólo en 2009 unos 200.000 de manos del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero– y cuyos objetivos son análogos a los recogidos en los Estatutos de la Fundación Francisco Franco pero de signo contrario. Esto es, responden, entre otras cuestiones, al «reconocimiento, divulgación y recuerdo (…) de la figura de Francisco Largo Caballero», de ahí que Sánchez haya previsto un plazo amplio, doce meses, para diseñar la arquitectura legal que, sin incurrir en motivo de inconstitucionalidad, le permita ilegalizar una pero no la opuesta.

Largo Caballero, el Lenin español, quien fuera el secretario general del sindicato en el momento en el que se declara la Guerra Civil, fue uno de los responsables de armar a las milicias populares encargadas de dar el «paseo» a los discrepantes o de introducir, en la primavera de 1937, la primera cartilla de racionamiento de nuestro país. Históricamente se le recuerda por ser el máximo responsable de la salida del oro del Banco de España –presidido en aquella época por su camarada Juan Negrín–con destino a la URSS.