El Poder Judicial mira de nuevo a Europa para evitar las injerencias de Sánchez

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha movido ficha, en respuesta a la petición formulada por nueve de sus vocales ante el anuncio de la nueva reforma de la Ley del Poder Judicial planteada por el Gobierno para devolver al Pleno, en funciones, su capacidad de hacer nombramientos pero sólo en el caso de los dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde para renovar el tercio del órgano judicial que finalizó su mandato el pasado día 12 de junio. El Pleno del órgano se reunirá el próximo lunes día 17 de julio, en una convocatoria extraordinaria, en la que abordará la modificación legal con la que Pedro Sánchez aspira a controlar un TC que, a partir de entonces, pivotará a una mayoría progresista. En último término, el Consejo mira a Europa, una vez más, como tabla de salvación ante una eventual y futura iniciativa de medidas a adoptar en contra de la injerencia del Ejecutivo socialista en el Poder Judicial.

A ello, se suma el hecho de que el Partido Popular –donde tras conocerse la estrategia unilateral de Sánchez en relación al Constitucional, rompían las conversaciones recuperadas tras la llegada de Alberto Núñez Feijoo a la presidencia de la formación– no descarta dirigirse, también, a la Unión Europea para frenar el manejo de los tiempos y las formas que el Gobierno viene utilizando, a su antojo, con el ánimo de favorecer sus propios intereses en el ámbito de la Justicia. Así lo apuntan a El Debate fuentes próximas a la formación.

No sería la primera vez que Europa interviene para pedir a España que revise los mecanismos con los que, actualmente, se encarga de reponer los órganos constitucionales y de renovar las instituciones vinculadas al Poder Judicial. Tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa miran a nuestro país tras urgirle en numerosas ocasiones, en los tres últimos años, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras constatar el insoportable bloqueo en el Gobierno de los jueces desde 2018 que, por extensión, ahoga hasta la parálisis al Tribunal Supremo.

Bruselas ha puesto en incontables ocasiones el foco de las críticas al Gobierno de España en el ejemplo del CGPJ, sobre el que mantiene la tesis de que es «vulnerable a la politización» a causa del atasco en la elección de sus nuevos miembros. Tal es así que las presiones comunitarias lograron que el PSOE y Unidas Podemos retiraran, in extremis, otro de sus intentos de reforma del Consejo para sortear al Partido Popular, reduciendo las mayorías cualificadas que el Parlamento tiene que conceder en el trámite de novación. Desde Europa nos han sugerido una elección basada en los «estándares» del resto de países de nuestro entorno para que, como mínimo, la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios jueces.

Que el Congreso pida un dictamen

Además, el Pleno tendrá que determinar en qué modo y medida exigen al Congreso que escuche al CGPJ antes de votar la reforma legal de Sánchez respecto al Poder Judicial. No en vano «la interpretación que se ha venido haciendo del art. 561.1 LOPJ ha consistido en que, en relación con las materias que allí se indican, el Gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este Consejo, mientras que para las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino sólo posible».

Esta semana se ha sabido que el Ejecutivo solicitaba al Congreso que su proposición de ley se debata y vote en el contexto del Debate sobre el Estado de la Nación, que se desarrollará entre el 12 y el 14 de julio, de modo que la norma quedaría aprobada en un día. Ello supone que el órgano de gobierno de los jueces no tendría tiempo para realizar su informe y remitírselo a la Cámara Baja.