El Gobierno se declara en rebeldía ante la Ley para ocultar los viajes privados de sus ministros

El Gobierno ha decidido declararse en rebeldía ante la ley y, a pesar de las resoluciones que le obligan a dar cuenta del uso de recursos públicos para asuntos privados de sus ministros, ha optado por incumplir el mandato legal para seguir ocultando la información.

Solo 24 horas después de que El Debate publicara en exclusiva las órdenes del Consejo de Transparencia que le obliga a detallar el número de asistentes y el coste de los asistentes que, con la condición de escoltas, acompañan a los miembros del Ejecutivo en viajes ajenos a sus funciones, el Ministerio del Interior ha respondido con una declaración que jurídicamente supone un acto de rebeldía ante la ley.

Así consta en la respuesta que el Gobierno hace firmar a José Antonio Rodríguez González, director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio dirigido por Marlaska, en la que apela en falso a la Ley de Secretos Oficiales aprobada en tiempos de Franco y ampliada en 1986 para negarse a cumplir las instrucciones tajantes del Consejo de Transparencia.

El Gobierno se aferra a un fraude de ley, según fuentes jurídicas consultadas por El Debate, al apelar a una excusa a sabiendas de que el Consejo de Transparencia ya rechazó, de manera tajante, que la información sobre los viajes privados de los ministros afectara a su seguridad o a la del Gobierno y pudiera ser escondida con la calificación de secreto oficial.

«Lo solicitado en ningún modo afecta a la seguridad pública, límite alegado por el Ministerio para denegar la información», reza el el fallo del CTBG con el número de serie 33/2022, emitido a instancias de este periódico.

A pesar de ello, el Gobierno remitió a El Debate una nueva negativa a cumplir con la ley, en ese escrito trasladado el 7 de julio, pero firmado el primero del mismo mes, en el que vuelve a insistir en un camino ya cerrado y afirma, con un nuevo tirabuzón, que su negativa obedece a que «la seguridad que se pretende garantizar es la del conjunto del Estado, por lo tanto, facilitar la información con el detalle solicitado afectaría a dicha seguridad».

Según ese razonamiento, los viajes de Pedro Sánchez con su esposa a un concierto en la playa de Castellón; las excursiones de Irene Montero a Estados Unidos o cualquier uso privado de recursos públicos no exigirían dar cuentas públicas, lo que en la práctica equivaldría a una especie de «barra libre» del Gobierno incluso cuando sus miembros no estén en misión oficial.

Ante eso ya se pronunció en contra el CTBG con una resolución contundente el pasado 20 de junio que derriba el truco y concluye que «el hecho de desvelar los protocolos para solicitar una escolta no desvela ningún plan secreto, ni afecta a la seguridad del solicitante».

Es decir, la seguridad se garantiza no dando detalles previos de posibles viajes oficiales; pero no escondiendo a posteriori el coste de los recursos utilizados: la Audiencia Nacional lo falló incluso para los desplazamientos oficiales de Pedro Sánchez, rematado ahora por el Consejo de Transparencia al «extender» la obligación de explicar el coste y dispositivo que pudieran haber utilizado todos los miembros del Gabinete, incluido el propio presidente, para asuntos alejados de sus competencias oficiales.

Para esquivar la ristra de «condenas» que le obligan a destapar el posible uso abusivo de recursos públicos, el Ejecutivo le hace sostener a su delegado de Interior un argumento inviable que, en la práctica, extendería el inexistente derecho de todos sus ministros a servirse de cualquier recurso material o humano para actividades ajenas a su responsabilidad.

«El imperativo de proteger la seguridad y defensa del Estado, conlleva la necesidad de restringir aquella información que, por su importancia, pudiera dar lugar a riesgo o perjuicio graves en el supuesto de ser divulgado o comunicada a persona no autorizadas», afirma el subordinado de Marlaska.

Que además intenta defender en vano la opacidad que envuelve el caso con otro argumento sistemáticamente rechazado ya por la ley: «(Se) otorga, con carácter genérico, la clasificación de reservado a los planes de seguridad de Instituciones y organismos públicos, así como de las Unidades, Centros u Organismos de las Fuerzas Armadas y de los Centros de Producción de material de guerra».

El Gobierno incumple la ley a sabiendas e intenta convertir en secreto oficial toda actividad de sus miembros, incluyendo al Presidente, considerando que todo lo que hagan afecta a la seguridad del Estado

Según la teoría defendida ilegalmente por el Gobierno, llevada a su máxima expresión, cualquier actividad privada de cualquier ministro se convertiría automáticamente en secreto oficial por el mero hecho de concernirle y, además, esa capa de ocultismo atendería a la necesidad, nada menos, de garantizar la seguridad del Estado en su conjunto.

Un argumentario que, además de ser ilegal, contraviene el Código Ético del PSOE, anunciado por Pedro Sánchez en persona, que no solo excluye las actividades privadas con recursos públicos, sino que fija límites incluso a los actos oficiales:

«Los cargos públicos y orgánicos socialistas actuarán siempre bajo los principios de eficiencia y austeridad, limitando los gastos del presupuesto público o del Partido generados en el ejercicio de sus funciones y evitando cualquier uso impropio de los bienes o medios puestos a su disposición».

Según las fuentes jurídicas personadas en este procedimiento y consultadas por El Debate, se trata de una nueva actuación que «sin duda alguna es constitutiva de un fraude de ley en toda regla. Si al Gobierno no le parece adecuada esta resolución ejecutiva del Consejo de Transparencia, lo que debe hacer es acudir a la Audiencia Nacional y recurrirla, solicitando de manera cautelar la suspensión de la ejecución. Pero lo que no es admisible es que en fase de ejecución reitere viejos argumentos y además lo haga de manera extemporánea para desobedecer lo ya resuelto en su contra. Este Gobierno, por desgracia, parece abonado a comportamientos contrarios a la buena fe», concluyen tales fuentes, para añadir que «podríamos encontrarnos antes hechos de relevancia penal incluso».

En la línea de Boris Johnson

La actitud de Sánchez no solo es ajena a la ley, de manera reiterada, sino también a cualquier democracia occidental, donde la rendición de cuentas es obligatoria y saltársela tiene añadida una fuerte condena social. Un buen ejemplo de ello es el Reino Unido, donde el polémico Boris Johnson, dimitido hace unos días, empezó a cavar su tumba con excesos privados más allá de sus controvertidas fiestas en plena pandemia en las instalaciones de Downing Street.

Así, la Comisión Electoral británica llegó a abrir una investigación por los viajes privados del entonces primer ministro, que entre otros incluyeron unas vacaciones a todo lujo en una elitista villa en Marbella el pasado mes de octubre.

El contraste con los usos de otras celebridades políticas también es abrumador, con casos contrarios al espíritu que empapa las costumbres de Sánchez y su equipo y demostraciones constantes: desde las más radicales, como la del presidente mexicano Andrés López Obrador vendiendo la flota entera de aeronaves adscritas a la cancillería; hasta otras más discretas como las de Mario Draghi viajando en línea regular en sus tiempos de presidente del Banco Central o el presidente de Irlanda, Michael Higgins, desplazándose de vacaciones a Canarias en un vuelo low cost de la aerolínea Ryanair como un pasajero más.