Las cifras de la Púnica: solo 10 de los 89 imputados se sentarán en el banquillo tras el informe de Anticorrupción

Ocho años de instrucción para despejar las principales incógnitas de la pieza política de la macrocausa Púnica. La Fiscalía Anticorrupción ha cerrado el caso relativo a la presunta caja B del Partido Popular de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre, exonerando a 89 de los imputados, y sentando en el banquillo a tan sólo una decena del centenar de investigados iniciales, entre los que estarán el que fuera consejero de Presidencia Francisco Granados y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.

Así lo ha hecho constar el departamento que dirige Alejandro Luzón en el escrito de calificación provisional de la pieza número 9 de la trama, entregado este mismo martes al titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón. Un total de 860 páginas y una detalladísima exposición preliminar de los hechos en la que un equipo de fiscales –Carmen García y Teresa Gálvez, con Alejandro Cabaleiro al frente– argumentaba las razones por las que se quedaban fuera de las acusaciones formales más del 80 % de los imputados. Entre ellos, la propia la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y algunos de los cargos populares más relevantes que la acompañaron durante aquella próspera etapa.

Tal y como avanzó El Debate en primicia, este mismo lunes, la Fiscalía Anticorrupción finalizaba la pieza política de la trama Púnica, sin encontrar ningún «indicio» sólido que permitiese acusar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el caso de las presuntas comisiones irregulares pagadas por empresarios madrileños a los populares a cambio de favores en adjudicaciones de obra pública para, supuestamente, financiar varias campañas electorales –las de 2003, 2007 y 2011– y reforzar la imagen pública de la mandataria, durante su etapa como jefa de filas del PP autonómico. No se han dado «indicios concluyentes» sobre la posible implicación directa, o acreditable en los hechos delictivos, de Aguirre.

Prevaricación y malversación

En una nota remitida por la propia Fiscalía se recoge cómo a pesar de que existen «claros indicios de falsedad electoral» en algunas de las campañas bajo sospecha –en los años 2008 y 2011– la mayoría de los hechos estarían prescritos, excepto para dos de los imputados: Beltrán Gutiérrez y Francisco Granados.

También tendrán que responder en la fase de juicio oral, por sendos delitos de prevaricación y malversación, la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego; los exconsejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola; el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el informático de la trama, Alejandro de Pedro; la dueña de la firma de publicidad El Laboratorio de Almagro, María Luisa de Madariaga, y Francisco Lobo Montalbán.

La trama de Granados

La trama de corrupción urdida en torno a Francisco Granados –exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional durante la época aguirrista– comenzó a ser investigada judicialmente en el año 2014 en la Audiencia Nacional. Según el sumario de la macrocausa, Granados se «llevó», supuestamente, dinero «contante y sonante» a partir de las adjudicaciones de suelo, con las que un nutrido grupo alcaldes madrileños y otros tantos empresarios hicieron «negocio» y obtuvieron importantes «márgenes» de beneficio. Así lo desvelaba ante el juez el propio socio del exconsejero popular, el constructor David Marjaliza.

Tras unas primeras pesquisas sobre las irregularidades cometidas tanto por miembros del PP de Madrid como del PSOE y Ciudadanos, la causa adquirió tal volumen de información e indicios que fue necesario trocearla en un total de trece piezas separadas, de las que ocho, contando ya la más política de todas, han sido archivadas.