El abogado Iñigo Iruin en una rueda de prensa junto a la fundadora de Sortu, Maider Etxebarria, en 2012
Iñigo Iruin, el abogado de etarras que consiguió la legalización de Sortu, ahora defiende a Anna Gabriel
En sus 40 años de trayectoria ha logrado los mayores objetivos en beneficio de la causa terrorista
En su currículum figuran casos como los de Lasa y Zabala, donde consiguió que se encarcelara al teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo; o la revocación por parte del Constitucional de la condena a siete años de prisión a toda la Mesa Nacional de Herri Batasuna por la difusión, en 1997, de un video de ETA, durante la campaña electoral. Participó en las conversaciones de Argel en 1989, donde ETA negoció oficialmente con el Gobierno de Felipe González, y en casi todos los contactos posteriores entre los diferentes gobiernos y la organización terrorista.
Pero también fue el posibilitador de que Sortu, la actual marca de la histórica Herri Batasuna, se saltara la ilegalización con la redacción de unos estatutos que, gracias a su ambigüedad, no entraban dentro de los delitos sostenidos en la Ley de Partidos.
La 'estrategia Iruin'
El abogado que ha escogido la prófuga Anna Gabriel, Iñigo Iruin, es posiblemente el letrado más prestigioso de la izquierda abertzale y también el que más logros para la causa ha conseguido a lo largo de los más de 40 años que lleva ejerciendo la profesión.
Y también ha supuesto una nueva estrategia en la huida de la independentista catalana. Al igual que ha hecho desde hace años con etarras huidos de la Justicia española, Iñigo Iruin es el padre de la estrategia de, una vez prescritos los delitos, comparecen ante los jueces españoles para regularizar su situación y, una vez ya libres de toda inculpación, son los propios acusados quienes deciden si regresan a España de forma permanente o se mantienen en los destinos a los que huyeron en su día. En 2017, en el caso de Anna Gabriel.
Iruin no es el primer abogado vinculado con ETA que defiende la causa de los independentistas catalanes. Así, desde el momento de su huida, Puigdemont dejó su futuro judicial en manos del abogado Gonzalo Boyé, condenado en 1996 a 14 años de prisión por facilitar a ETA el piso en el que estuvo secuestrado en industrial, Emiliano Revilla.