El CGPJ, ninguneado por el Gobierno, advierte que el «juicio de idoneidad» al sucesor de Delgado «no es un mero trámite»

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se prepara para abordar, en el Pleno de este jueves, «el juicio de idoneidad» sobre el candidato propuesto por el Gobierno para suceder a Dolores Delgado en el puesto de fiscal general del Estado. El que fuera número dos de la socialista en el organigrama de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, se someterá así al filtro del máximo órgano del Poder Judicial. Desde el Consejo advierten que no será un «mero trámite» en el que los vocales se «limiten a constatar» que el designado «cumple los requisitos», sino un análisis pormenorizado sobre su adecuación objetiva para desempeñar el cargo. No en vano el puesto queda legalmente reservado a los juristas de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.

Con el plácet del CGPJ se inicia el procedimiento administrativo –previsto «en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial»– para que la elección se haga efectiva. Una vez superada esta primera parte del proceso, García Ortiz tendrá que someterse al examen de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

La dudosa «idoneidad» de Delgado

La dudosa «idoneidad» de su antecesora al frente de la Fiscalía General hizo correr ríos de tinta. Hasta tal punto que, fueron varios los miembros del Consejo –el mismo que, prorrogado, pondrá a prueba el perfil profesional de Álvaro García Ortiz, este jueves– que entonces anunciaron votos particulares discrepantes al apoyo unánime al que aspira cualquier candidato. El hecho de que la fiscal general tuviese un pasado «político» incuestionable como diputada del PSOE y titular de la cartera de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez no encajó bien en el CGPJ.

Varios miembros del órgano de gobierno de los jueces hicieron constar su rechazo absoluto al nombramiento de la exministra como máxima responsable del Ministerio Público al considerarla «inidónea» para ejercer un cargo de máxima responsabilidad. Los vocales discrepantes aseguraron que su trayectoria ponía en duda la capacidad de «garantizar una gestión imparcial» desde la cúspide de la Carrera fiscal.

No es descartable que la situación pueda reeditarse en el caso de García Ortiz. Con todas las cautelas que exige la operación de validar «a todo candidato a la Fiscalía General», hay voces escépticas con que el Consejo deba «aceptar», sin más, la propuesta del Ejecutivo socialista, impulsada por la propia Dolores Delgado. «Tendrá que hacerse un juicio de idoneidad como se hizo en el caso anterior», apuntan a El Debate fuentes próximas al órgano constitucional. Es decir, la reunión del Pleno «no se limitará a constatar que cumple los requisitos» formales.

Un candidato «continuista»

Lejos de mejorar la imagen institucional del Ministerio Público –denostado en los últimos dos años y medio por las constantes polémicas protagonizadas por Dolores Delgado tras su llegada, sin solución de continuidad, desde el Ministerio de Justicia– García Ortiz llega al puesto envuelto en un halo de críticas y escepticismo en el seno de la Carrera. Sus contradicciones en el caso Stampa, sus precedentes como brazo ejecutor de las maniobras de Delgado y su pasado socialista complican la garantía de independencia que, más allá de las exigencias de Europa, piden los actores jurídicos españoles.

Nada más conocerse la elección del que será el sucesor de la ya exfiscal general, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) emitían una nota en la que recordaban cómo «el ahora candidato a FGE ha sido corresponsable en todo aquello que ha merecido la crítica a la Institución, y, por tanto, participa sin matices del fracaso y desprestigio de la gestión de Dolores Delgado, por lo que su elección solo se explica desde la indiferencia al daño causado a la institución y a la Justicia española».

Así las cosas, instaban al nuevo responsable del Ministerio Público a abandonar «el sectarismo en los nombramientos» –entre los que se baraja que pueda darse el de la propia Delgado como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática–, abrazar «la defensa de la ley y no de política criminal alguna», abrir «la Institución a toda la ciudadanía, asumiendo el papel constitucional y democrático del Ministerio Fiscal y su independencia del Gobierno y de cualquier partido político, exigiendo un presupuesto para el Ministerio Fiscal», y luchar «por solucionar los graves problemas que padecen fiscales y Fiscalías en toda España y que muchas veces afecta al servicio».