La memoria democrática, a debate

Hay ya referencias bíblicas a la Memoria Histórica como condenación del pasado. Cuando los amalecitas, tribu de Canaán dedicada al bandidaje, asaltaron a los israelitas que huían de Egipto, Yahvé transmitió a Moisés la terrible orden que recuerda el Deuteronomio: «Cuando el Señor tu Dios te haya puesto a cobijo de todos los enemigos que te rodean, en la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad para que la poseas, borrarás el recuerdo de los amalecitas de debajo del cielo. No lo olvides». Los antiguos faraones aprendieron las ventajas de esta práctica, la transmitieron a los griegos y estos a los romanos que, con su genio para el Derecho, la elevaron a categoría jurídica universal. Desde entonces, ha sido usada cada vez que el poder constituido siente la necesidad de dirigir hacia el pasado la cólera del pueblo. Esta cólera es la que, en nuestra tierra, llamó con acierto Lope de Vega la «cólera del español sentado».

Se trata de un impulso antiguo, primitivo, de borrar ciertos recuerdos incómodos, de olvidar la derrota, o, mejor, de convertir en victoria la derrota. En España tenemos la muy significativa expresión «a moro muerto, gran lanzada». Su sentido lo explicó muy bien Pérez Reverte con motivo del acuerdo de retirar al general Franco el título de decano honorífico, que , hace pocos años, adoptó el Colegio de Abogados de Madrid. Se le había concedido en 1939. Decía con sutil ironía Pérez Reverte que el acuerdo no denotaba imprudencia: habían pasado 74 años desde la concesión del título y 38 desde las primeras elecciones democráticas. Tampoco puede considerarse imprudente la concesión del título en 1939, añado yo.

Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura y se convirtió en presidente del Gobierno, ya había tenido ocasión de experimentar los incalculables beneficios políticos de la Memoria Histórica y de la lanzada al moro muerto.

En España, como en tantas otras cosas, el exjuez Garzón había sido precursor en la práctica del alanceamiento. Fue en 2006. Ante una denuncia hábilmente precocinada, decidió abrir diligencias sumariales contra Franco y otros cuarenta y cuatro dirigentes franquistas, todos ellos fallecidos hacía largo tiempo. Garzón fue acusado del delito de prevaricación por esta bizarra iniciativa, pero quedó absuelto. Ahora bien, su desplante procesal no cayó en saco roto y, un año después, el gobierno de Zapatero consiguió la aprobación de la que se llamó oficialmente «Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». El título de la Ley es claramente falsario, y, en puridad, debería haber sido: «… En favor de los que, en uno de los dos bandos, el republicano, concretamente, padecieron…» El sectarismo es consustancial a la Memoria Histórica.

La Ley Zapatero para la Memoria Histórica fue la bandera de salida y, como posesos, los gobiernos y parlamentos de prácticamente todas las Comunidades Autónomas se pusieron a la labor de redactar y aprobar sus propias leyes de Memoria Histórica; es innecesario decir que cada una de ellas tiene la suya propia, con matices diferenciales merecedores de la debida atención. Los efectos de todas estas leyes se diluyeron poco a poco en su propia insustancialidad. En ausencia de otras alternativas de mayor alcance ideológico, Sánchez decidió incorporarse al proceso y anunció con solemnidad en julio del año pasado el envío al Congreso de un proyecto de Ley para la Memoria Democrática. Como buen manejador de los tiempos, lo ha mantenido congelado un año en la comisión, y, ahora, ante la ausencia de nada mejor que hacer, lo ha aprobado aceptando generosamente las enmiendas de Bildu para evitar mayores grietas en la coalición gubernamental.

El título del proyecto de la ley nos anuncia que no nos encontramos ante algo baladí, ni mucho menos. Se ha profundizado mucho en la cuestión durante estos últimos años y se ha llegado al convencimiento de que, no obstante los progresos que se consiguieron en materia de Memoria Histórica gracias a la Ley Zapatero, aún sigue siendo precisa «la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales». ¡Ahí queda eso!

Hay novedades importantes en la nueva ley para la Memoria Democrática. Si ustedes tienen paciencia y al señor director de El Debate le parece oportuno, las analizaremos a continuación.

El socialismo lleva en lo más profundo de su código genético una vocación de internacionalismo. Cualquier aspiración, cualquier objetivo, debe de sobrepasar los límites estrechos y provincianos de la nación y proyectarse hacia la universalidad. Esta unidad de destino en lo universal que son hoy los movimientos socialistas en el mundo hace que traten de dar dimensión internacional a las empresas ideológicas que emprenden. Cuentan con la colaboración de sus colegas en las poderosas agencias internacionales cada vez que les solicitan su auxilio.

En los años posteriores a la caída del telón de acero, el Consejo de Europa venía haciendo permanentes recordatorios del riesgo que suponen los totalitarismos, por el temor a que el pasado comunista no estuviera totalmente erradicado aun en algunos países del este europeo y se pudiera repetir la historia. El gobierno socialista español entendió que un riesgo idéntico amenazaba a España: en nuestro caso el de una vuelta del franquismo. Se hacía necesario un apoyo internacional a la Ley de Memoria Histórica que el Gobierno tenía en marcha. Era necesario que el Consejo de Europa equiparara el riesgo comunista con el franquista. Se trataba de una cuestión de justicia. De inmediato se puso en marcha la que podríamos llamar «operación Brincat», por referencia al nombre del maltés –contable de profesión– que la protagonizó, junto con el socialista Yáñez Barnuevo, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Una vez designado como rapporteur, el contable maltés Brincat emitió un informe detallado sobre el riesgo de que el franquismo se reactivara en España como el rescoldo de un fuego recién apagado, a pesar de que ya habían transcurrido más 30 años desde la muerte del dictador. La lectura del informe Brincat produce vergüenza ajena. Una sesión ad hoc de la comisión permanente de Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa –con la clamorosa ausencia de los representantes del PP– acordó que, a la vista del informe Brincat, el Comité de Ministros requiriera al gobierno español para que, urgentemente, procediera al total desmantelamiento de los recuerdos franquistas, y, así, se conjurara cualquier rebrote totalitario en el país. ¡Gran fracaso! El Comité de Ministros resolvió que: no procedía declarar el 18 de julio como día oficial de condena internacional del franquismo; ni formular una condena especial de las violaciones de derechos humanos que se hubiesen cometido durante la dictadura, diferente de las ya dictadas en relación con los países comunistas del este de Europa; ni, por último, poner en duda el éxito admirable de la transición española a la democracia, la que, por el contrario, debería servir de ejemplo a otros países. Los medios españoles silenciaron totalmente el rechazo del informe Brincat por el Comité de Ministros.

No se desmoralizó a Zapatero y decidió probar suerte solicitando a la ONU otros «Brincats». Ganó las elecciones el PP y su gobierno confirmó la invitación a España de dos misiones de la ONU para investigar los crímenes franquistas.

La primera misión la compusieron dos representantes del llamado Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI); la segunda la integró en exclusiva el director de un llamado «Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ)» domiciliado en Nueva York, cuya naturaleza jurídica, nacionalidad y relación exacta con la ONU no se precisa.

El éxito esta vez fue absoluto. Los funcionarios de la ONU agradecieron al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno del PP su colaboración, y emitieron unos informes que abrieron el camino para una derogación de la Ley de Amnistía; recomendaron la conveniencia de dejar al Estado y no a los familiares de los muertos las exhumaciones de restos en fosas comunes y, sobre todo, dieron un soporte internacional a al proceso de Memoria Histórica, que Sánchez ha sabido aprovechar bien.

Es preciso tener en cuenta que –lo quieras o no– las misiones de los funcionarios de la ONU nos ponían a la altura de los demás países destinatarios de recientes misiones análogas, que son: Baréin, Bangladés, Cuba, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Honduras, Jordania, Kenia, México, Omán, Pakistán, la República Árabe Siria, República Democrática del Congo, la República Islámica de Irán, Zimbabue, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, China, Congo, Egipto, El Salvador, Eritrea, Federación de Rusia, Irán, Marruecos, México, República Popular Democrática de Corea, Ruanda, Sri Lanka, Tailandia, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y Yemen.

No recuerdo que es lo que sentí con mayor intensidad: si ira, pena, humillación o asombro. Es comprensible. Yo, como, por ejemplo, los norteamericanos, tengo un sentido anticuado de mi patria.

Toda ley se dicta con una finalidad precisa. Se hace expresa o, según sea el caso, se enmascara hábilmente en la Exposición de Motivos. Las numerosas disposiciones dictadas en el proceso de Memoria Histórica y Democrática son buen ejemplo de esto último, y la nueva Ley para la Memoria Democrática no es una excepción. Su Exposición de Motivos declara con gran énfasis que su finalidad principal es «... garantizar el derecho a la verdad…».

¿Con que fin? Lograr «el conocimiento de nuestro pasado reciente… protegiéndonos de repetir errores del pasado…». De aquí que «el firme compromiso con la pedagogía del 'nunca más' se ha convertido en un imperativo ético fundamental…». En definitiva, no se trata de que la verdad nos hará libres, sino de hacer bueno el principio del hispano-norteamericano George Santayana: los que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Nada de retórica; es una finalidad esencialmente práctica.

¿Qué verdad no se conoce aún sobre la guerra y la dictadura? ¿Acaso son insuficientes los centenares de libros y tesis doctorales publicados? Sí, señor, lo que había hasta ahora eran historiadores e investigadores de pacotilla. Para remediarlo se pretende alcanzar una «verdad científica», no una verdad vulgar. Para ello se fomentará «el conocimiento científico imprescindible para el desarrollo de la memoria democrática, y en particular la existencia de una ciencia histórica libre y metodológicamente fundada». Para que no se alarmen «hispanistas» sectarios como Preston, la ley aclara que en la búsqueda de la verdad científica, ante «la incertidumbre consustancial (...) que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado (...) el investigador puede formular hipótesis o conjeturas al amparo de la libertad de creación científica». Por tanto, tipos como Preston podrán seguir manipulando los hechos y calumniando libremente, ya que, en definitiva, las calumnias y los falseamientos son en este caso «hipótesis o conjeturas al amparo de la libertad de creación científica».

¿Cómo se alcanzará la verdad científica? Muy sencillo. El Estado se dotará de una organización y de medios que deja en pañales el Ministerio de la Verdad que imaginó Orwell en su célebre 1984. Al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y de la Memoria Democrática, con su Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Dirección General de Memoria Democrática, se añaden: Censo de fondos documentales para la Memoria Democrática; Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España; Consejo Territorial de Memoria Democrática; Registro y Censo Estatal de Víctimas; Oficina de víctimas para su apoyo técnico; Plan de Memoria Democrática; Consejo Territorial de Memoria Democrática; Centro Documental de la Memoria Histórica; Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática; Inventario de Lugares de Memoria Democrática. Y todo eso independientemente de la organización propia de cada comunidad autónoma y municipal, sin olvidar la tupida red de ONG memorialistas, que seguirán gozando de sustanciosas ayudas públicas.

¿Todo esto quien lo paga? Hombre, nuestro gasto público es modesto y nos podemos permitir minucias así. La verdad científica lo merece.

Todavía me quedan dos dudas.

La primera. Entiendo que las medidas de compensación a los derrotados ayudan a la reconciliación y responden a la justicia. Hay razón suficiente para acordarlas. De hecho, las primeras compensaciones e indemnizaciones a los damnificados del bando republicano en la guerra civil se habían puesto en práctica ya en 1969 y ni entonces ni ahora nadie las ha criticado. También tiene sentido y puede contribuir a la reconciliación exhumar de las fosas colectivas los restos de los familiares y amigos para darles una sepultura digna. ¿Pero es una medida de reconciliación ofender la memoria de los españoles que militaron en el bando vencedor de la guerra civil? ¿Es un recuerdo fascista la cruz erigida en Aguilar de la Frontera en memoria de las víctimas de la Guerra Civil? ¿Por qué se arroja a un vertedero? ¿Por qué los que sufrieron persecución religiosa en la república se excluyen como víctimas? ¿Por qué lo sucedido, en general, en la república no forma parte de la verdad científica a estudiar como parte la memoria histórica y democrática, para evitar su repetición?

La segunda. Aceptando a efectos dialécticos que aún es necesario llegar a la verdad sobre la guerra y la dictadura, ¿tiene razón de ser una nueva ley en el mismo sentido que la anterior? Para justificarla se nos recordará el principio de George Santayana citado al comienzo. Yo cito a Carlos Marx, que se ocupó de España más que él. Dijo esto: «Según Hegel, todos los hechos de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa». Pienso que esta sabia sentencia es aplicable también a las leyes.

Los legionarios romanos y sus cónsules, humillados por la derrota ante los samnitas en la batalla de las Horcas Caudinas, no ocultaron su vergüenza. Tito Livio y los demás historiadores romanos no escondieron tampoco la humillación sufrida.

En la memoria histórica y democrática se parte de una triple falsedad que la nueva ley convierte en «verdades científicas». Hace una reescritura o, mejor, una borradura parcial de la historia y desaparece cualquier referencia a los desmanes cometidos en la república o en el bando republicano en la Guerra Civil. Desaparecida la generación de la guerra, y diluido el rencor en la de los hijos, se atribuye el protagonismo en la reclamación de justicia a la generación de los nietos. (Este movimiento lo inició tímidamente Zapatero; lo proclamaron como verdad histórica los expertos de la ONU; y lo convierte en verdad oficial la nueva ley). Por último, se declara fraudulenta la transición y la necesidad de derogar las medidas de reconciliación que se adoptaron para enterrar el pasado.

En relación con las dos primeras falsedades se ponen en marcha una serie de medidas de reparación que, una y otra vez, chocan contra el muro de la realidad de los hechos y se acaban disolviendo en la retórica, en brindis al sol, en inoperancia –costosa– del aparato memorialista, en imposibilidad práctica y jurídica de llevarlas a cabo, y en publicidad pasajera en los medios de comunicación afectos (la mayoría). La nueva ley insiste y amplía esas medidas, y a Sánchez, que lo sabe, le dan un beneficio adicional: contentar a sus incómodos socios de gobierno y distraer la atención de los ciudadanos de la inflación y otros temas de calado.

Un decreto del Gobierno de González en 1996 concedió la nacionalidad española a los miembros de las brigadas internacionales. El Gobierno de Aznar se afanó en ejecutarlo consiguiendo la nacionalización de hasta 300 brigadistas. Se hicieron esfuerzos para determinar el número de brigadistas y su localización. Los «expertos» se mueven entre 30.000 y 60. 000. El Estado financió un proyecto de I+D+i: «La memoria histórica y las Brigadas Internacionales. Diseño de un sistema digital para la transferencia de conocimiento sobre el patrimonio histórico español». Es difícil colegir qué conocimiento transfería. No sirvió para nada. Se relajaron los trámites: el expediente quedaba reducido a un simple impreso por internet. Nada. El último brigadista conocido falleció a la edad de 101 años. La nueva ley no desespera: les da la posibilidad de doble nacionalidad, y extiende el beneficio a los sucesores de los brigadistas, sin sujeción a los plazos del Código Civil.

La localización de fosas comunes y exhumación de cadáveres da trabajo a cientos de asesores y asociaciones memorialistas. El derecho a solicitar la exhumación –el de Franco era excepción– se atribuía, lógicamente, a los familiares de las víctimas. Ante el escaso éxito de la medida, los expertos de la ONU recomendaron nacionalizar el derecho de ejercitar la piedad hacia los muertos y transferirlo al Estado. Así lo hace la nueva ley.

La destrucción de recuerdos de miembros del bando nacional ha causado dolor en algunas familias, entre ellas, la mía. El sectarismo ha motivado que los tribunales hayan anulado muchas de las llevadas a cabo. Como no queda mucho campo de actuación, la nueva ley elimina limitaciones. Por ejemplo, el carácter religioso no sirvió para que la cruz de Aguilar de la Frontera en memoria de las víctimas fuera declarada símbolo fascista y arrojada a un vertedero. Con la nueva ley sería legal.

Además, se añaden nuevas medidas: la reparación de daños causados a mujeres; a miembros del colectivo LGTBI; a los perseguidos por el uso de la lengua vasca, catalana o gallega; el día 31 de octubre será día de recuerdo de las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura; el día 8 de mayo lo será de los que sufrieron el exilio; las edificaciones y construcciones también pueden ser contrarios a la memoria democrática; por ello, el Palacio de la Cumbre de Donostia pasa al Ayuntamiento de Donostia para actividades de memoria histórica; se suprimen los títulos nobiliarios y grandezas concedidos entre 1948 y 1978; el Valle de los Caídos será llamado «de Cuelgamuros»; el Panteón de Hombres Ilustres se llamará Panteón de España; se promoverá́ el esclarecimiento de lo acaecido durante la pandemia del poliovirus durante los años 50; se aplicarán los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición al pueblo gitano.

Gran tarea memorialista se avecina. Pero son fuegos artificiales. Lo importante en la nueva Ley es la tercera falsedad: el carácter fraudulento de la transición. Se pretende criminalizar el pasado (y el futuro) del franquismo, por encima de amnistías y prescripciones. A esta cuestión me refiero en el próximo y último capítulo de esta serie.

Las creaciones humanas, por gloriosas que sean, se diluyen con el paso del tiempo y acaban en el olvido. La transición a la democracia en España no ha sido una excepción. Las leyes para la memoria histórica y democrática pretenden revertir, absurdamente, el proceso: la vuelven a traer al recuerdo para declararla fraudulenta junto con las medidas de reconciliación que se adoptaron, principalmente la amnistía de 1977. La nueva ley quiere criminalizar el pasado y sancionar el recuerdo del mismo. Este intento choca, por ahora, con el obstáculo constitucional que suponen los principios de irretroactividad de las leyes y de libertad de expresión.

Recordará el lector el intento del ex juez Garzón de juzgar a Franco y a otros dirigentes del franquismo –todos muertos- por los delitos de lesa humanidad cometidos en la guerra por el bando nacional y luego durante la dictadura. Va sin decirse que, para Garzón, los desmanes del lado republicano se declaraban indemnes de cualquier intervención judicial por un elemental principio de justicia conmutativa: así, con grave solemnidad, justificaba el juez estrella su rechazo de investigar una denuncia presentada en relación la masacre de presos nacionales en Paracuellos del Jarama por «(...) la inconsistencia de la denuncia (y que) tras la finalización de la contienda civil, tales hechos se investigaron, se procuró́ sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas. Y, además, nunca se pretendió con tales hechos atentar contra Altos Organismos de la Nación» Así, sin más.

Se remitía Garzón al Tratado de Versalles; al Estatuto del Tribunal de Núremberg; al del Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente (con sede en Tokio), aprobado por el general Mac Arthur; al Tratado de Sèvres sobre el genocidio armenio; al Convenio sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y al Estatuto de Roma que creaba la Corte Penal Internacional. Todos ellos configuran el llamado Derecho Internacional Humanitario. El Estatuto de Roma ratificado por España en 2003 declaraba la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero, por desgracia, en aquella fecha, los delitos que pretendía perseguir Garzón ya estaban sobradamente prescritos. Y a la prescripción había que añadir la ley de Amnistía de 1977.

Una circular de la Fiscalía General en 2012 era rotunda en este sentido: todos los delitos prescriben por el transcurso del tiempo, salvo los expresamente excluidos por la Ley cometidos después de haber sido declarados imprescriptibles, esto es, del año 2003. Por tanto, los delitos más graves anteriores en 20 años a dicha fecha estaban ya prescritos. Nuestro proceso judicial está previsto solamente para castigar a los culpables, y no para promover «juicios de la verdad», que, en realidad, deberían denominarse «juicios espectáculo». Así lo ha declarado con rotundidad el Tribunal Supremo y también el Tribunal Constitucional.

¿Pero, por qué rechazar la investigación e impedir el descubrimiento de la verdad que, al menos, avergonzaría públicamente a los asesinos? En una última resolución del Tribunal Constitucional, don Cándido Conde Pumpido y otro magistrado emitieron un voto particular defendiendo que en los delitos de lesa humanidad los tribunales deben atender las peticiones de justicia por más que a priori se sepa que concluirán con un fallo desestimatorio, porque de esa manera contribuyen a construir «al mismo tiempo, nuestra memoria colectiva, la de todos» (sic).

La nueva Ley para la Memoria Democrática aprovecha ese hueco abierto por los dos magistrados discrepantes e incorpora una oportuna enmienda de Bildu para declarar que «todas las leyes del Estado español, incluida la Ley de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables.» Uno se pregunta si la interpretación puede llevar a una solución frontalmente opuesta al precepto interpretado. No parece razonable. Sería, directamente, una violación y no una interpretación de la ley.

Vista la poco colaboradora actitud de la Fiscalía General en 2012, se crea un Fiscal de Sala especial para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo expresamente los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura. En este punto (como en otros muchos) se ignora el informe del Consejo del Poder Judicial que considera inapropiada la creación del nuevo Fiscal de Sala y las funciones que se le atribuyen.

En Derecho todo se puede discutir y, lo que es más importante, políticamente hablando, los medios de comunicación cuentan más que las sentencias: cuando se dictan el asunto ha dejado ya de tener vigencia entre el público. Anticipo por ello una intensa actividad memorialista al amparo de la nueva ley.