Fiscales denuncian las intromisiones en su trabajo tras el giro en la acusación de la causa sobre Miguel Ángel Blanco

«la posición de la Fiscalía, con pleno respeto a los derechos de los justiciables y singularmente el de defensa, ha de ser la de explorar la interpretación razonable de las leyes que tienda a evitar la impunidad de crímenes gravísimos». La Comisión Ejecutiva de la APIF ha realizado esta denuncia en un comunicado, tan sólo cuatro días después de ser modificado el histórico criterio de acusación contra los ex jefes de ETA que presuntamente ordenaron el asesinato del concejal popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco.

La demanda de esta asociación de fiscales llega al término de la misma semana en que, tal y como adelantó este medio, el nuevo fiscal general del Estado y hombre de máxima confianza de Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, promueve dar carpetazo a las acusaciones contra dirigentes de ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Con este movimiento se pretendía cambiar el criterio de acusación contra los tres históricos jefes de ETA que, presuntamente, mandaron ejecutar al político hace 25 años.

Siendo designado un fiscal distinto para acudir a la declaración judicial de dos ex jefes de la banda criminal, Miguel Albisu Iriarte, alias 'Mikel Antza', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', se dilapidaba así el pormenorizado informe jurídico elaborado por el encargado del caso, Vicente González Mota.

Este fiscal renunciaba el pasado jueves a personarse en el interrogatorio previsto por el juez instructor Manuel García-Castellón para 'Anboto' y 'Antza', al conocer que, desde la Secretaría Técnica, todavía dirigida por el sucesor de Delgado, se posicionaban a favor de la prescripción de los hechos, alegados por las defensas de los etarras.

Contrario a los derechos de los fiscales

Hoy, la APIF ha decidido denunciar la situación interna del Ministerio Fiscal y alegar la existencia de un «uso desviado y contrario a los derechos profesionales de los fiscales que por la jerarquía de la Fiscalía se esta haciendo de los mecanismos de garantías» que disponen «internamente para la formación de criterio de la institución».

Asimismo, la asociación denuncia que durante «los últimos tiempos», el «fiscal jefe de la Secretaría Técnica sorprendentemente aparece en toda situación de debate interno en la Fiscalía», a pesar de que «no tiene, salvo delegación expresa, ninguna autoridad jerárquica sobre ningún fiscal de España, salvo los de su inmediata dirección».

Decisión última del Constitucional

La denuncia llega a la par de que el Tribunal Supremo haya anulado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dos sentencias absolutorias contra ex etarras.

Por ello, no resulta sorprendente que en el comunicado de la APIF se subraye que si la interpretación de que se «tienda a evitar la impunidad de crímenes gravísimos» — en clara referencia a los supuestamente cometidos por los ex etarras — «no fuera aceptada por los tribunales, y singularmente por el Tribunal Supremo», sea el Tribunal Constitucional «quien la establezca» y «no el aparato de la Fiscalía General».