La maquinaria de Sánchez al rescate de Griñán: indulto o prórroga del nuevo Constitucional

La sentencia del Supremo contra Manuel Chaves y José Antonio Griñán por la causa de los ERE ha situado a este último en una situación delicada, a las puertas de la cárcel. Para Griñán, condenado a 6 años de cárcel, y 15 de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, por sendos delitos de malversación agravada de fondos públicos y prevaricación, se ha puesto en marcha el contador del ingreso en prisión. Su abogado ya ha anunciado que buscará el perdón del Gobierno de Pedro Sánchez. No en vano, el presidente del Ejecutivo se ha manifestado, en alguna ocasión, a favor de la inocencia de los históricos socialistas.

Pese a que contra el fallo del Tribunal Supremo no cabe recurso, ya que es la última instancia judicial en España, fuentes jurídicas apuntan a que Griñán podría sortear su pena de privación de libertad gracias a la maquinaria socialista: el indulto del Ejecutivo y la intervención previa del nuevo Tribunal Constitucional, controlado por Sánchez, para dilatar en el tiempo el inicio del cumplimiento de la sanción, hasta que se resuelva sobre la medida de gracia.

Aunque, según ha podido saber El Debate, el Tribunal de Garantías no puede suspender las penas de cárcel que excedan de los cinco años, porque el plazo máximo para resolver los recursos de amparo susceptibles de presentarse contra las mismas es inferior, sí puede paralizar provisionalmente el castigo de privación de libertad. Al menos, mientras el Consejo de Ministros, a través del Ministerio de Justicia, decide sobre la admisión y oportunidad de la petición de indulto.

El propio expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, condenado a 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, por un delito continuado de prevaricación manifestó en 2021 su respaldo al indulto concedido a los líderes separatistas catalanes del procés. Chaves aseguró entonces que la decisión gubernamental abría «el camino a la política» y trasladaba «firmeza» y «seguridad» en el marco que la Constitución española establece.

La defensa de Griñán, recurrirá

El abogado José María Calero, quien ejerce la defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, anunciaba este martes que impugnará ante el Constitucional la sentencia del Supremo que confirma la condena impuesta al exdirigente por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que dio por acreditado el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los ERE fraudulentos y las ayudas directas y arbitrarias a empresas. Griñán «nunca ha cogido ni un euro de los fondos públicos, no ha conocido que alguien lo cogiera ni tiene relación con ningún hecho delictivo», ha sostenido su letrado.

En declaraciones a medios de comunicación, el abogado Calero ha considerado «incorrecta, errónea» y «claramente injusta» la citada sentencia del Alto Tribunal, que pone fin a los recursos de casación formulados contra la mencionada sentencia inicial.

El mayor escándalo de corrupción

La Sala Segunda del Supremo ha necesitado dos vistas, celebradas en plena campaña de las elecciones andaluzas, y varias deliberaciones de los magistrados –Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Ana María Ferrer, Susana Polo y Eduardo de Porres– hasta alumbrar el fallo, firme, contra los exlíderes socialistas que, con cargo a fondos públicos destinados a los parados andaluces, desviaron un total de 680 millones de euros en un fraude millonario de ayudas a empresas.

Los ya condenados, entre los que se encuentran dos de los máximos exresponsables de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, participaron en la creación de un sistema opaco y arbitrario de concesión de subvenciones para el rescate de empresas en situación de crisis -entre 2000 y 2009- que, sin embargo, nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial de la autonomía, ni tuvieron una base de licitación pública ni, tampoco, respondieron a ningún mecanismo de control y trazabilidad posterior. Ambos solicitaron la baja como militantes del PSOE en junio de 2016, tras ser formalmente imputados por los hechos por los que han resultado, finalmente, sentenciados.

El sistema diseñado por el PSOE andaluz, del que participaron entidades públicas y sindicatos, permitió al director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero -fallecido en 2020- distribuir fondos discrecionalnmente, reduciendo la partida presupuestaria de subvenciones de la Consejería de Empleo y transferirla al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, posteriormente agencia IDEA) que no era el órgano habilitado para gestionarlas.