Los expresidentes socialistas andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en la sala de la Audiencia de Sevilla, durante el juicio del caso de los ERE
Tras la sentencia del Supremo
Preguntas y respuestas del caso ERE: funcionamiento de la trama y condenados
Más de una veintena de expolíticos socialistas andaluces fueron juzgados por el caso de corrupción política más cuantioso de nuestra historia democrática. Ahora, el Supremo ha ratificado la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ratificado, en una decisión ajustada, la sentencia que condena a los políticos del PSOE andaluz que desde los años 2000 configuraron la trama de corrupción más voluminosa de la historia democrática española. Entre los penados se encuentran a la cabeza los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sobre los que pesan delitos de prevaricación y malversación.
¿Cómo se creó la trama?
El complejo entablado se valía de la partida presupuestaria 31L, que se usaba para extraer dinero de forma arbitraria de los llamados «fondos reptiles». Así las cosas, se crearon unas ayudas que –a través de la Consejería de Empleo– permitían transferir al Instituto de Fomento de Andalucía créditos ilegales. Las cantidades obtenidas de ese modo se desviaban tanto para declarar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) innecesarios en empresas cercanas al PSOE como para otorgar ayudas directas sin ningún tipo de criterio de publicidad con cargo a los presupuestos de la Junta. El sistema, que contó con la vista gorda de los expresidentes Chaves y Griñán, se mantuvo vigente durante décadas, desde el 2000 hasta el 2010.
Por ello, la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Sevilla recoge como hechos probados las distintas cantidades anuales que iban destinadas a estos «fondos reptiles», y que a lo largo de los años ascendieron hasta 680 millones de euros. Las más cuantiosas, son la del año 2008, en el que el crédito 31L fue de más de 94 millones, y la del 2007, con 86,5 millones.
¿Quiénes han sido los condenados?
Los procesados por la Audiencia de Sevilla eran 21 exaltos cargos del PSOE andaluz. Entre ellos se encuentran los expresidentes andaluces Manuel Chaves, castigado por un delito de prevaricación a nueve años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público, y José Antonio Griñán, condenado por prevaricación y malversación a seis años de prisión e inhabilitación para el desempeño de cargo público por 15 años. De todos, solo fueron absueltos dos, Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta de Andalucía, y Francisco del Río, antiguo jefe del gabinete jurídico de la Junta.
Las penas de cárcel más altas –de siete años, 11 meses y un día de prisión por sendos delitos de malversación– fueron para Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social entre 1999 y hasta 2008; y para Antonio Fernández, viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004. Por su parte, Gaspar Zarrías –que fue también presidente andaluz durante un mes en 2009 y al que se le conocía como «consejillos» por su cargo de consejero de la Presidencia durante 13 años (1996-2009)– y la exconsejera de Economía y exministra de Zapatero, Magdalena Álvarez, fueron condenados a nueve años de inhabilitación especial para ejercer cargo público por prevaricación.
Los giros judiciales
La sentencia del caso de los ERE ha tenido más de 13 años de recorrido judicial por la complejidad que se originó tanto durante la instrucción como en la fase del juicio oral. Por turno, la denuncia del PP en el Ayuntamiento de Sevilla de abril de 2009 fue a caer al Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla, cuya titular era la jueza Mercedes Alaya. La togada abre diligencias contra la macrocausa de los ERE a principios de 2011. Un año después, el caso cambia de rumbo cuando el antiguo chófer de Francisco Javier Guerrero asegura que parte de las ayudas que recibió se «destinaban a cocaínas y copas». El exdirector general de Trabajo la Junta acabó por implicar a todo el Gobierno y finalizó entrando en prisión.
Tengo muchas dudas sobre la investigación que se lleva a cabo en ese juzgado
La jueza Alaya recibió duras críticas por parte del PSOE. Alfonso Guerra en 2014, cuando todavía era diputado en el Congreso, aseguró que tenía «muchas dudas sobre la investigación» que se estaba llevando a cabo «en ese juzgado», calificando de «nula» la confianza en el trabajo de la magistrada. En este contexto, la jueza Alaya tuvo que darse de baja en varias ocasiones. La primera vez fue durante seis meses a finales de 2012, y ya de manera definitiva en junio de 2015 cuando logra una plaza en la Audiencia de Sevilla. No obstante, Alaya solicitó continuar con la instrucción de la macrocausa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se lo denegó para evitar un escenario conflictivo con la nueva titular, María Núñez Bolaños. En 2019, la cifra de imputados alcanzó la máxima de la historia, con 507 personas divididas entonces en 146 piezas diferentes.
Sala de vistas de la Audiencia de Sevilla, durante el juicio del caso ERE
Por su parte, a finales de 2015, Núñez Bolaños pidió al también instructor Álvaro Martín que se encargara de la llamada 'pieza política', que afectaba a los expresidentes andaluces y a otros 50 excargos de la Junta. Martín da por concluida esa instrucción en junio de 2016, y el juicio comienza en la Audiencia de Sevilla a finales de 2017. Finalmente, los ponentes que compusieron el Tribunal fueron José Antonio Calle Peña, Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez. La vista oral del juicio finalizó en septiembre de 2018, y la sentencia condenatoria –de 1.821 folios– fue publicada el 19 de noviembre de 2019.
El papel del Supremo
El Alto Tribunal comenzó su rol en el caso de los ERE en agosto de 2014 ya que parte de los acusados estaban aforados por ser diputados o senadores, como los propios Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los expresidentes –y demás miembros del PSOE– tuvieron que declarar en el Supremo en la Instrucción llevada a cabo contra ellos. Sin embargo, acabaron dimitiendo de sus sillones en las Cortes (Chaves fue diputado en el Congreso y Griñán senador hasta 2015), lo que hizo que sus casos fueran de incluidos en la 'pieza política' del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
Ahora, la Sala Segunda ha confirmado las condenas que impuso la Audiencia de Sevilla –salvo en los casos de Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina Varo, en los que el Supremo ha decretado la absolución del delito continuado de prevaricación administrativa– en una sentencia ajustada, ya que de los cinco magistrados, las dos progresistas Susana Polo y Ana Ferrer han emitido voto particular en contra de la decisión mayoritaria de sus compañeros.
¿Cuál es la situación de los sindicatos?
En julio de 2021, el Tribunal de Cuentas reclamó a UGT más de 9,5 millones de euros –de los que 2,5 se solicitan de forma solidaria y simultánea junto a Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras (CC.OO)– por el caso de los ERE. La Unión General de los Trabajadores ha recurrido la resolución de las ayudas que presuntamente fueron gestionadas de manera irregular.
Además, parte de la cúpula de UGT Andalucía se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 19 de junio de 2024 al estar acusados de recibir 40 millones de euros de subvenciones de la Junta del PSOE entre 2009 y 2013. Entre los juzgados se encuentra el exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, otros antiguos altos cargos del sindicato y una decena de empresarios ligados a UGT.