El Congreso avala al nuevo fiscal general del Estado que será «continuista» con la línea de Dolores Delgado

más de de tres horas de comparecencia han sido necesarias para que el candidato a nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reciba el aval de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y ser oficialmente designado por el Gobierno para el cargo vacante tras la dimisión de Dolores Delgado. No ha sido un trámite amable para el sucesor de la ya exfiscal porque varios grupos parlamentarios han formulado preguntas incómodas, cuestionando desde el comienzo su «idoneidad». Entre ellas, tal y compo avanzó El Debate, la modificación de los criterios acusatorios contra los etarras investigados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en la Audiencia Nacional, para dar por «prescrito» el delito, como publicó este medio en exclusiva.

El candidato ha confirmado que su mandato será «una continuación» de los trabajos iniciados por su predecesora, Dolores Delgado

Su mandato promete ser continuista con la línea fijada por su predecesora para el Ministerio Fiscal. García Ortiz ha reivindicado este jueves el trabajo de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), al tiempo que ha avanzado que su nueva responsabilidad será una «continuación» de los trabajos realizados por la que también fuera ministra de Justicia socialista. No en vano, en el transcurso de su comparecencia no ha tenido más que palabras de «agradecimiento y reconocimiento» a la labor desempeñada por su antecesora y mentora.

García Ortiz ha enumerado los «indudables beneficios» de lo hecho por Delgado para la Carrera fiscal, antes de asegurar que su mandato será «la ejecución» de los trabajos de «estos dos últimos años». Unas declaraciones que han suscitado todo tipo de críticas entre los fiscales, tremendamente escépticos con su llegada -por su condición de brazo ejecutor de las mayores polémicas durante el mandato anterior- por su pasado socialista y por las acusaciones de injerencia en la labor de los miembros de la Fiscalía, desde la Secretaría Técnica.

«Un nuevo fiscal general del Gobierno»

El portavoz de Justicia del Partido Popular, Luis Santamaría, ha señalado durante la comparecencia del candidato socialista que «Sánchez haya preferido nombrar a un fiscal general del Gobierno, en lugar de a un Fiscal General del Estado». Motivo más que suficiente para que Álvaro García Ortiz no «deba ser» el nuevo titular del Ministerio Público porque «ha sido la mano derecha, la izquierda y el alter ego de Dolores Delgado» y ha subrayado «que ambos han sido los protagonistas de una de las etapas más negras de nuestra democracia».

«Usted no reúne ninguno de
los requisitos que exige la ley para ser Fiscal General del Estado, salvo el de los
trienios acumulados», han señalado desde las filas del PP

Santamaría ha exigido al nuevo fiscal general que «defienda el Estado de derecho y que asuma, de una vez por todas, un firme compromiso con la neutralidad y la imparcialidad de una institución de cuyo «descrédito» ha sido «responsable» García Ortiz. Este extremo, ha sido denunciado abiertamente por la mayoría de las asociaciones de fiscales y profesionales con mayoría de vocales en el Consejo Fiscal.

Además, los sectores críticos con el nuevo candidato del Ejecutivo se han referido al pronunciamiento recogido en el voto negativo de siete de los vocales del CGPJ, en el que negaron la «idoneidad» de García Ortiz para ocupar el puesto. Un dato que los populares califican como «demoledor» que «en cualquier país del mundo le inhabilitaría para dirigir el Ministerio Fiscal».

Y han recalcado la vinculación del sucesor de Delgado con el PSOE gallego, hasta el punto de que llegó a participar en un acto convocado como laboratorio de ideas -al que el entonces fiscal de Medio Ambiente de la comunidad autónoma asistió en virtud de su cargo- y en el que «repartió estopa a la diestra y alabó las bondades de la siniestra».

Un gesto hacia la «independencia»

Así las cosas, García Ortiz ha tratado de aplacar los ánimos suscitados contra su designación, en la última semana desde que se conociese que sería el hombre encargado de asumir el puesto de fisca general por los «problemas de salud» que provocaron la renuncia de Dolores Delgado. El nuevo titular del Ministerio Público se ha comprometido a «mejorar el régimen de toma de decisiones» y la conformación de las instrucciones comunes para la Fiscalía General del Estado (FGE) en orden a «garantizar la autonomía» de los fiscales.

Para ello, ha señalado que apostará por desarrollar mecanismos internos para optimizar el «derecho a discrepar» de los miembros de la Carrera. En marcha, una nueva circular en la que tratará de optimizar la «autonomía personal e individual de los fiscales» y un primer gesto de buena voluntad: García Ortiz se ha dado de baja de la asociación de fiscales a la que estaba afiliado y que compartía con su antecesora, Dolores Delgado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Mejorar la especialización de la AN

El fiscal general se ha comprometido a «redefinir» las competencias de la Audiencia Nacional (AN) con el objetivo de que se logre una mayor especialización en materia de narcotráfico y crimen organizado. «La Fiscalía Antidroga, tanto en la Audiencia Nacional como en las delegaciones territoriales, debe ser apoyada y reforzada», ha expresado García Ortiz.

El aspirante a liderar el Ministerio Público ha apostado por «convertirla en una institución judicial aún más especializada no sólo en la represión y persecución del terrorismo, sino también en la delincuencia organizada de todo tipo, nacional y transnacional y, en particular, todas las actividades» criminales «organizadas y dedicadas al tráfico ilícito de personas en diferentes modalidades». Y las declaraciones han llegado en el contexto de un reciente choque institucional tras el cambio de criterio de la Fiscalía en las acusaciones contra los tres etarras investigados como presuntos «cerebros» que ordenaron el secuestro y el asesinato del concejal popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Es necesario un refuerzo, ha abundado el candidato para evitar el «colapso» de los procedimientos, circunstancia de la que ha asegurado que se «aprovechan» los narcotraficantes.