Feijóo y Arrimadas llevan al TC un recurso de inconstitucionalidad contra las normas catalanas sobre el uso del castellano

el Partido Popular y Ciudadanos han presentado conjuntamente este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de dos normas de la Generalitat de Cataluña contra el uso del castellano en la enseñanza, refiriéndose al decreto aprobado por el Govern y la ley catalana sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, aprobada por el parlamento catalán, con el apoyo de los independentistas, de los comunes y del PSC.

Así lo ha confirmado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en rueda de prensa. «Se ha consumado el desprecio nuevamente a la lengua común, al español, aceptando el plan independentista para marginar el español en la escuela catalana y para eliminar cualquier tipo de garantía a que se pueda estudiar en español en Cataluña», ha reprochado la también secretaria general del partido, refiriéndose a la cesión del Gobierno central a los secesionistas en la mesa de diálogo que se ha reunido esta semana.

En este sentido, ha señalado que lo de presentar tal recurso contra las dos normas catalanas citadas es algo que «debería haber hecho el Gobierno» pero a lo que el Ejecutivo «ha renunciado para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno».

Por su parte, también ha dado confirmación de ese recurso conjunto presentado ante el Constitucional la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha atendido a los medios desde Barcelona, y ha calificado al decreto aprobado por el Govern de «decreto trampa». Así, la líder de la formación naranja ha criticado que «con los únicos con los está cumpliendo Sánchez es con Junqueras, con Otegi y con los corruptos de los ERE, pero no con los españoles ni con su promesa electoral de la campaña».

Los populares denuncian que «el Gobierno catalán vulnera la Carta Magna al omitir cualquier referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza» en Cataluña. Sostienen, en este sentido, que decreto ley vulnera el artículo 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el artículo 86 de la Constitución, «al no existir fundamento habilitante y urgente necesidad», además de «trascender los límites establecidos en el Estatut para la utilización de dicho instrumento normativo». Asimismo, ven en este decreto una maniobra para «eludir el inmediato cumplimiento de la sentencia del TSJ de Cataluña» que obliga a la Generalitat a ejecutarla.

Precisamente esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha elevado al Tribunal Constitucional la nueva normativa catalana porque excluye el castellano como lengua vehicular, tras reprochar al Govern y al Parlament que traten de «bloquear» la aplicación de la sentencia del 25 % de español en las aulas catalanas. Considera que tanto el decreto como la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales suponen un «nuevo modelo lingüístico» que «no permite reconstruir la posición del castellano en paralelo a la del catalán sin incurrir en fraude de ley».