Caso ERE: Mercedes Alaya, la jueza con la que empezó todo

Como diría el barcelonista Gerard Piqué, contigo empezó todo. El caso de los ERE de Andalucía no sería caso sin ella. A comienzos de 2009, unas grabaciones ocultas a dos directivos de Mercasevilla destapan un intento de extorsión. La jueza Mercedes Alaya (Écija, Sevilla, 1963) asume la investigación y descubre que en un expediente de regulación de empleo hay intrusos, es decir, personas que no habían trabajado en la lonja sevillana, y un modus operandi que se reproducía en otras empresas afines al PSOE andaluz, así.

La jueza Alaya hace tambalear los cimientos de un régimen clientelar que caería diez años después. Es la primera en señalar a los sindicatos UGT y CC. OO., supuestos defensores de los trabajadores, como partícipes de la corrupción institucionalizada. Además, provoca la dimisión de José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía. Todo ello, con una frialdad que, sin embargo, atrae el calor de la gente.

Con matrícula de honor en bachillerato, llega a la facultad de Derecho de Sevilla en 1981. El embarazo de su primera hija, a los 20 años, no le impide terminar sus estudios universitarios con sobresaliente y 23 años. Su vocación de jueza es temprana, así que decide adentrarse en el frenético mundo de la Judicatura, a pesar de provenir de una familia acomodada. En 1988, con apenas 25 años, aprueba las oposiciones a juez.

En 1992 llega al Juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla. Ese mismo año, el Betis «se moría», y Manuel Ruiz de Lopera lo salva. Al mismo tiempo que instruye la causa de los ERE, ya como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Alaya se enfrenta a Lopera, a quien embarga todas sus acciones e imputa por supuesta apropiación indebida y administración desleal. El ex máximo accionista del Real Betis Balompié, finalmente absuelto, la tacha de «nazi» y «loca».

Pero Alaya no solo recibe insultos (y halagos, a partes iguales), sino también presiones políticas. Hace bandera de la independencia del poder judicial, y esto no gusta ni en la izquierda ni en la derecha. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aparta a la jueza del caso de los ERE, cuando éste ya acumula 263 imputados, entre ellos los expresidentes Chaves y Griñán. En 2018, Alaya concede una entrevista a ABC en la que asegura que tanto los vocales del PSOE como los del PP en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habían votado apartarla de las macrocausas por «miedo» a que siguiera investigando los cursos de formación.

Durante su etapa como instructora está casi seis meses de baja. La ingente carga de trabajo que soporta (Mercasevilla, Betis, ERE…) le causa unas fuertes cefaleas que la obligan a parar en varias ocasiones. Aun estando enferma se reincorpora a sus labores. Pese a estar desbordada, no delega en nadie. Le cuesta más trabajo explicarles a los jueces de refuerzo que le asignan lo instruido y lo que tienen que hacer que hacerlo ella misma.

Es un espíritu indómito e independiente, porque no pertenece a ninguna asociación de jueces. Es capaz de imputar al padre de la amiga de uno de sus cuatro hijos y de mandar a la Guardia Civil al Congreso de los Diputados para notificar a Chaves y Griñán su preimputación en el caso de los ERE; una función que le corresponde al Tribunal Supremo. Gracias a este carácter, se descubre el mayor caso de corrupción de la democracia.