Un Constitucional de corte progresista decidirá sobre las causas más políticas de Pedro Sánchez

El verano, inhábil para la Justicia española, ha dejado en el tintero la renovación efectiva del que, antes del próximo día 13 de septiembre, será el nuevo Constitucional de mayoría progresista. La operación de Pedro Sánchez que, con el apoyo de sus socios de Podemos y el refuerzo de los separatistas de ERC, PNV y Bildu, para desbloquear el veto del propio Gobierno a los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -y que cumpla con la designación de su cuota de dos magistrados, de los cuatro cuyo mandato caducó el pasado mes de junio- ha puesto en marcha la cuenta atrás para consumar el control de un Tribunal de Garantías que, antes del final de la legislatura, tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes ideológicas y las causas de mayor trascendencia política, para el Ejecutivo socialista.

Desde que el Pleno del órgano judicial tumbase los dos estados de alarma decretados por el Gobierno, bajo el pretexto de hacer frente a la pandemia del coronavirus, el aluvión de recursos presentados por los partidos de la oposición y por entidades de la sociedad civil no han dejado de registrarse.

La Ley de Memoria Democrática, validada con el respaldo de los herederos políticos de ETA entregados al revisionismo histórico, pero sólo en parte; la Ley catalana que puentea la sentencia, firme, del Supremo que obliga a la Generalitat a impartir el 25% de las clases de los colegios catalanes en español; la polémica reforma educativa, comunmente conocida como 'Ley Celáa', que ataca desde los cimientos a la educación concertada; la Ley de plazos del aborto que sigue, doce años después, durmiendo el sueño de los justos en un cajón; la Ley de eutanasia o del mal llamado derecho a morir; las tres decisiones unilaterales de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; la posible suspensión del ingreso en la cárcel del expresidente socialista de Andalucía, José Manuel Griñán, condenado por malversación; o, la devolución del acta de diputado al expolítico de Podemos, Alberto Rodrígez, cuyo escaño sigue sin cubrir; pasarán, entre otras, por el filtro del Constitucional.

La dimisión del magistrado Alfredo Montoya podría proporcionar al Gobierno la carambola perfecta con la que descabezar al CGPJ, si el PP acepta que el sustituto sea su presidente Carlos Lesmes

Así las cosas, el próximo mes de septiembre, el CGPJ está llamado a deliberar en una convocatoria extraordinaria, fijada por el presidente Carlos Lesmes, para proponer dos nombres. Uno de ellos «podría ser el suyo propio», han apuntado a El Debate fuentes del entorno judicial. Sea como fuere, de acuerdo a la tradición institucional uno debería responder a una sensibilidad progresista y otro a la conservadora. Y, ambos, sumados a los dos aspirantes elegidos por el Gobierno proporcionarán a éste último, como mínimo, siete magistrados afines de entre los doce que conforman el Pleno del Constitucional.

Los cinco restantes, entre los que a propuesta del Senado estará el sustituto de Alfredo Montoya Melgar, quien como avanzó El Debate en primicia renunciaba a su plaza por enfermedad, estarán menos próximos al Gobierno actual.

La incógnita quedará definitivamente despejada, en la medida en la que «sea posible cumplir con el plazo dado por el Gobierno» apuntan fuentes próximas al CGPJ, tras las vacaciones. «El Consejo no es la política, en el Poder Judicial las cosas tienen ritmos y trámites diferentes», insisten las mismas fuentes. Sólo entonces, y coincidiendo con la solemne apertura del Año Judicial, se conocerán en bloque y de manera simultánea los cuatro nombres llamados a reemplazar a los magistrados salientes: el actual presidente del Tribunal, Pedro González -Trevijano, el de su vicepresidente Juan Antonio Xiol, el de Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares.

La operación de Conde-Pumpido

Con la caducidad del mandato del Constitucional y, una vez resuelta su renovación, tras la entrada en vigor este viernes de la reforma del Gobierno que acelera los nombramientos de la terna de reemplazo, la Presidencia del órgano judicial quedará vacante. Los intentos del máximo órgano de los jueces y del Partido Popular por evitar que se consumase la maniobra, han resultado inútiles y la única línea roja que, a priori, se fijaron los populares para sentarse de nuevo a negociar con el PSOE el desbloqueo de la cúpula del Poder Judicial fue que el magistrado Cándido Conde-Pumpido no se convirtiese en el futuro y eventual titular del Tribunal de Garantías.

La Moncloa piensa en su candidatura. No en vano, y como ha avanzado El Debate en exclusiva, el ya magistrado del Constitucional visitaba, al menos en una ocasión, antes de las pasadas elecciones andaluzas del 19-J, la residencia de Pedro Sánchez. Sobre la mesa del gabinete de Presidencia, a cargo de Félix Bolaños, la ya consumada modificación normativa con la que el Gobierno ha forzado la renovación del órgano judicial y en la que algunas fuentes consultadas atisban el sello del magistrado progresista.

Sánchez ha priorizado al Constitucional por encima del CGPJ y, con ello, allana el camino hacia la Presidencia del que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero presente, en al menos, un Consejo de Ministros durante aquella etapa. Con estas credenciales Conde-Pumpido es el perfil perfecto -«¿idóneo?», se preguntan en los círculos jurídicos- para liderar un Tribunal de Garantías en el que la entrada del polémico juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, se da por descontada.