El caso de los ERE expone el «modus operandi» y los vicios de la corrupción del PSOE en Andalucía

Una denuncia por extorsión en 2009 sería, a la postre, el detonante de uno de los mayores casos de corrupción de la España democrática, no solo por el dinero robado, sino también por todas las aristas que de él han surgido desde entonces. La grabación del intento de soborno por parte del entonces director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce, a dos empresarios fue el hilo del que tiró la jueza Mercedes Alaya para abrir, en enero de 2011, las diligencias 174/11, la conocida luego como macrocausa de los ERE.

La llamada pieza política de los ERE, cuya sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en noviembre de 2019, confirmaba el Tribunal Supremo este pasado martes, es solo la punta del iceberg de una trama que urdió el PSOE desde la Junta de Andalucía y que se extiende hasta el rincón menos pensado de la comunidad y más allá.

La Fiscalía pidió, en 2015, a la Audiencia que dividiera la causa en más de 200 piezas separadas. Algunas se archivaron, pero otras muchas salieron adelante. Actualmente, 97 piezas se encuentran el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla (76 en plena investigación y 21 en fase intermedia), y 42 se han elevado a la Audiencia Provincial pendientes de juicio; solo cinco tienen sentencia, aunque sin fallo firme.

Un fondo de reptiles

La Junta socialista implantaba, allá por el año 2000, un fondo para rescatar empresas en crisis que se acogían a un expediente de regulación de empleo (ERE) y pagar las prejubilaciones de sus trabajadores. A tal efecto, la Consejería de Trabajo creó una partida presupuestaria, la 31L, el fondo de reptiles (así se ha denominado también el caso), que dotó de unos 680 millones de euros hasta 2009. Una parte de los fondos estaba destinada a ayudas directas.

La Junta delegaba la concesión de dichas ayudas en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante transferencias de financiación. IDEA era, por tanto, el ente que abonaba los ERE. Así, los Gobiernos socialistas escapaban de los mecanismos de control oficiales. El departamento de Intervención General de la Junta de Andalucía ya detectó irregularidades en el sistema en 2003.

Se creaba una administración paralela que declaraba EREs innecesarios en empresas afines al régimen y otorgar ayudas directas y sin publicidad a amigos y enchufados del PSOE. He aquí el modus operandi socialista en su máxima expresión. En los ERE aparecían intrusos, personas, más de cien, que no habían trabajado nunca en las empresas, y se pagaban sobrecomisiones de hasta el 25 % del coste de los expedientes a las entidades intermediarias por la tramitación de las ayudas.

La ruta de los ERE

La trama de los ERE también se ha caracterizado por los excesos, en todos los sentidos, que protagonizaban algunos de sus implicados. El ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero —que falleció en octubre de 2020—, y su chófer, Juan Francisco Trujillo, alias el Ministro, gastaron dinero del fondo de reptiles en juergas y cocaína, según reconoció el propio Trujillo ante la jueza Mercedes Alaya; un patrón que se repite en el caso Faffe, aunque en éste eran protagonistas los prostíbulos.

La nieve se la suministraba Gregorio «Goyo» Martínez en el bar Caramelo –situado en el barrio sevillano de Nervión–, donde Guerrero negociaba y repartía sobres a alcaldes, empresarios y conseguidores entre gin-tonics y humo de Marlboro. El Caramelo es uno de tantos bares en los que el brazo ejecutor de la trama hacía tratos, pero el dinero (y la ruta) de los ERE no se limitaba a Sevilla y sus bares.

El sindicalista Juan Lanzas, conseguidor de los ERE fraudulentos, sacó 35.000 euros de debajo del colchón para pagar los viajes que hicieron él y Guerrero a China y Egipto junto a sus mujeres. La ruta de los ERE parecía entonces la Ruta de la Seda. Lanzas estuvo implicado en la trama desde el origen, ya en el intento de extorsión de Mercasevilla. La madre del sindicalista dijo en una ocasión que su hijo tenía dinero «pa’ asar una vaca».

La sentencia

La Audiencia Provincial de Sevilla publicaba la sentencia de la pieza política de los ERE el 19 de noviembre de 2019 y condenaba a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. 10 de los cuales debían entrar en prisión, entre ellos José Antonio Griñán, a quien se le imponía una pena de 6 años y 2 días de cárcel y 15 años y 2 días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación.

La Audiencia de Sevilla condenaba a Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación especial. Francisco Javier Guerrero y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández –también condenado por las ayudas concedidas a la empresa Acyco– recibían la mayor condena: 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día, por los delitos continuados de malversación y prevaricación.

El dinero malversado

En total, 679.412.179,09 euros, casi 680 millones de euros, se malversaron entre los años 2000 y 2009; una cantidad de la cual no pagarán ni un solo céntimo los condenados. En su escrito de conclusiones provisionales, que presentaba el 15 de septiembre de 2016, la Fiscalía Anticorrupción cifró la cuantía del fraude en más de 741 millones de euros (741.596.545 euros) entre el 2000 y 2010. El Ministerio Público consideraba que José Antonio Griñán debía devolver solidariamente, junto con otros acusados, más de 483 millones de euros (483.937.659 euros) por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010.

Sin embargo, al finalizar el juicio, la Fiscalía redujo el fraude a los famosos 680 millones de euros, al dejar fuera las cuantías correspondientes al ejercicio 2010, y retiró la reclamación de la indemnización. «No ha lugar a petición de responsabilidad civil al haberse reservado expresamente la representación procesal de la Junta de Andalucía el ejercicio de la acción civil», concluían los fiscales delegados de Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández, en su escrito de conclusiones definitivas, que presentaban el 29 de octubre de 2018.

La jueza Alaya, primera instructora del caso, cifró el desvío de fondos entre los años 2000 y 2012 en 855 millones en la exposición razonada que enviaba en agosto de 2014 al Tribunal Supremo. Alaya sostenía, además, que se produjo «una auténtica subversión del ordenamiento jurídico» y que esto «determinaba presuntamente que las ayudas, en gran parte de los casos, terminaran en manos de personas y empresas […] próximas al entorno de los sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz».

En diciembre de 2019, el Gobierno de Andalucía recuperaba 15 millones de los 680 del fondo de los ERE; no obstante, daba por perdidos 71 millones, debido a reclamaciones prescritas o insolvencia de las personas o empresas beneficiadas. Del mismo modo, renunciaba a reclamar 530 millones, al considerar que se concedieron a terceros de buena fe, 6.328 trabajadores prejubilados.

En total, la Junta reclama aún 155 millones en el Tribunal de Cuentas y lo Contencioso-Administrativo, pero la Justicia solo ha autorizado rescatar 128 millones. En cualquier caso, la Administración andaluza (los andaluces) seguirá(n) pagando el fondo hasta 2025, con un coste final de 1.306 millones de euros.