Inés Arrimadas, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, son los tres únicos presidentes de partidos políticos que defienden la propiedad privadad
Derecho a la propiedad privada
De los bandazos socialistas a la contundencia de Vox: así protegería cada partido tu casa frente a los 'okupas'
Vox, PP y Cs a favor de implementar medidas para recuperar las viviendas usurpadas; PSOE, Podemos, ERC y Bildu en contra, y JxC y PNV, se abstienen
Según el último informe de la Asociación de Afectados por la Ocupación ONAO, que agrupa a más de 5.000 propietarios privados, más de 120.000 viviendas se encuentran ocupadas en España. Aunque podrían ser muchas más. Según el Ministerio del Interior, algo más de 13.000 en los nueve primeros meses de 2021, lo que supone un incremento del 20 % con respecto al año de la pandemia o del 40 % cinco años atrás. ¿Qué solución proponen los partidos políticos para este problema?
El Partido Popular presentó el pasado julio, como ya hizo a principios del 2021, una propuesta de ley orgánica contra la ocupación ilegal de viviendas en un «plazo máximo de tres meses». Los de Feijóo desalojarían a los okupas en menos de 24 horas o de inmediato, ante delito flagrante.
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, afirmó que si Alberto Núñez Feijóo llegara a Moncloa, se reformaría el Código penal
Los azules no permitirían a un okupa «ilegal» inscribirse en el padrón municipal. «A un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, sin que el Gobierno tenga derecho a trasladar a la ciudadanía sus propias responsabilidades», rezaba la iniciativa legislativa. Desde el gobierno madrileño, se afirmó que la nacional de su partido modificaría el Código Penal (CP)para que el allanamiento de morada –una vivienda habitual– castigara también la ocupación de cualquier otra propiedad privada.
Por su parte, Vox presentó el pasado abril una reforma del CP para que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojar a los okupas sin orden judicial, así como un endurecimiento de las sanciones con penas de prisión de entre uno a tres años para todo aquel que acceda ilegalmente a una vivienda. Así, esa «patada en el culo» apuntalada en un discurso del líder de Vox en 2019 se materializó con esta propuesta en la Cámara Baja este año.
EL partido de Abascal abogan porque cada español pueda defenderse a sí mismo y a los suyos si se produce una agresión en el propio hogar
Dando un paso más allá, el partido conservador refleja en su 'Agenda España' reformar tanto el CP como las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil «para proteger real y efectivamente a los propietarios» de las mafias de ocupación o de los intrusos en la vivienda propia. Por ello, cree que «todo español debe tener la capacidad de defenderse a sí mismo y a los suyos ante una agresión en su propio hogar».
Los liberales, en contra
Ciudadanos no hace constar en su programa político para España la defensa de la propiedad privada. Sin embargo, su actividad parlamentaria en la lucha contra la okupación ha sido muy intensa durante los últimos años.
Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados
Ya en julio de 2020 propuso en el Congreso endurecer el delito de usurpación en el CP y agilizar las expulsiones de los sujetos que asaltan y se apropian de manera ilegal una casa. El intento de modificación legislativa fue repetida por los naranjas a principios del presente año, incluyendo medidas como el desalojo exprés, el endurecimiento de las penas, la lucha contra las mafias o la recuperación de la vivienda usurpada mediante la celebración de un juicio rápido.
Los socialistas, con bandazos
Por su parte, el resto de partidos del espectro político guarda una particular relación con la cuestión. Si hace apenas tres meses la ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguraba un Congreso de Ocupación Ilegal en Málaga, el PDeCAT negocia ahora con los socialistas una ley para desalojar a los okupas en 24 o 48 horas, según informa The Objective.
Ahora bien, a principios de 2021, la mayoría parlamentaria conformada por PSOE, Unidas Podemos y resto de grupos independentistas y fuerzas que sustentan al Ejecutivo; rechazó la propuesta del PP, que incluía repescas de penas de cárcel, veto al empadronamiento o protección de los vecinos. Como también votaron en contra ERC y Bildu en 2020.
El partido de Ione Belarra apuesta por afrontar el acceso a la vivienda «como una cuestión de Estado» y por perjudicar al gran propietario o al simple tenedor de un bien inmueble vacío.
Los socialistas no contemplan mención alguna a la protección de la propiedad privada en su programa, como tampoco Podemos en el suyo. Es más, los de Ione Belarra desean prohibir los desalojos sin alternativa habitacional, blindando la vivienda como un derecho fundamental.
Respecto a socios minoritarios del actual Gobierno, el caso del PNV es notorio. El partido de Andoni Ortuzar llegó a pactar con el PP para identificar a los moradores ilegales, como en el municipio vitoriano de Olárizu. A nivel nacional, el partido vasco se abstuvo en la iniciativa presentada por Ciudadanos en octubre de 2020. Eso sí, en su programa no se cita y otorga el foco al acceso a la vivienda de la ciudadanía.
