Los etarras Ainhoa Múgica y Olarra Guridi acumulan cientos de años de prisión por una decena de asesinatos cada uno. Ahora se les acusa de llevar la política de expulsión forzada del País Vasco
Dignidad y Justicia pone nombres y apellidos a los autores de la «expulsión forzada» de decenas de miles de vascos
Calcula que entre 60.000 y 200.000 personas tuvieron que huir ante las amenazas terroristas
Ignacio Gracia, alias 'Iñaki de Rentería'; Javier García Gaztelu, alias Txapote; Juan Antonio Olarra Guridi, alias Juanvi; Ainhoa Mugica, alias Olga; Asier Oyarzabal, alias Baltza; Juan Carlos Iglesias, alias Gadafi; Mikel Albisu, alias Mikel Antza; Vicente Goicoechea, alias Willy; Ramón Sagarzazu, alias Ramontxo; y Soledad Iparraguirre, alias Anboto, son los nombres, apellidos y alias contra los que se ha querellado la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia por «la política de expulsiones forzadas del País Vasco bajo la amenaza de muerte».
En concreto, la querella se refiere al asesinato del concejal del PP en el Ayuntamiento de Durango, Jesús María Pedrosa. Dignidad y Justicia considera que fue «asesinado selectivamente» ante su «singular resistencia cívica y heroica de huir de Durango».
Por eso, la asociación de víctimas da un paso más en esta ocasión y ha presentado un escrito de 247 páginas para pedir que investigue no solo el asesinato del concejal, uno de los crímenes de ETA que siguen sin resolver, sino también las presuntas coacciones y amenazas terroristas contra Pedrosa como parte de «la más amplia política de expulsión forzada de entre 60.000 y 200.000» personas del País Vasco.
Según explica esta asociación, el «intento de expulsión forzada» se insertaba en «una larga y muy extensa política que zuba a zuba (máximo órgano de dirección de la banda terrorista) habían venido perpetuando desde finales del año 77» y que ello fue «determinante» en el asesinato del concejal.
«Continua faltando investigación»
Dignidad y Justicia señala que hasta ahora la «expulsión forzada» de parte de la población de País Vasco no ha contado con una «investigación judicial con todas las garantías». «Continúa faltando la investigación judicial y pruebas vitales como los informes y peritajes de policía judicial específicos» sobre esta actuación de ETA.
Así las cosas, ha subrayado la «fría secuencia de hechos» que «muestra» como 'Iñaki de Rentería' y Olarra Guridi «fueron presuntamente los grandes perseguidores de los hombres y mujeres del Partido Popular, a los que persiguieron y acosaron sin piedad, a los que enviaron asesinos a matarlos junto a sus propios familiares, en las mismas puertas de sus casas». La asociación ha localizado casi 40 comunicados de expulsión en relación con casi 50 asesinatos ejemplificantes de lo que les sucede a quienes se niegan a salir del País Vasco.