Así sería España si solo gobernara Podemos: más impuestos, inmigrantes ilegales y okupas

«El país que podemos ser». Así comienza el postulado político de Unidas Podemos. Un Estado feminista y respetuoso con el planeta, sin puertas giratorias, ni financiación bancaria para los partidos. Eso sí, con derecho a ocupar una vivienda si no se dispusiera de alternativa habitacional o de conseguir la nacionalidad española sin examen. El Debate ha analizado el programa de los de Ione Belarra para conocer cuál sería su España ideal.

El socio de Gobierno de Pedro Sánchez considera insuficiente y, en algunos puntos errónea, la regulación que de los derechos y deberes fundamentales reconoce la Constitución española de 1978. Por ello, junto a su programa, el partido exhibe una Carta Magna reformada.

Feminismo y horizonte verde

Al precepto que proclama a España como un «Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político», Podemos añadiría también que se trata de «un Estado feminista y comprometido con el cuidado del planeta».

El concepto de igualdad, entendido no desde la meritocracia sino como discriminación positiva en favor de la mujer, sería llevado al extremo: paridad en todas las Administraciones Públicas y organismos financiados con dinero público, so pena de retirarle éste en caso de inaplicación. Seiscientos millones de euros serían destinados a un 'Plan Estatal de Lucha contra las Violencias Machistas' y hasta 900 euros mensuales serían transferidos a las mujeres que sufrieran violencia por razón de su sexo. Por supuesto, la Ley del «solo sí es sí» sería inmediatamente aprobada.

En 2040 toda la producción energética estaría basada en fuentes renovables y todos los vehículos serían eléctricos sin coste añadido a la economía de las familias. Tras una profunda reforma del sistema eléctrico, nunca se practicaría un corte de agua, luz ni gas en las primeras residencias ante imposibilidad de pago.

Ayudas a los extranjeros

Podemos garantizaría «vías legales y seguras» a «las personas migradas», permitiendo la salida desde los puertos españoles a las ONG para salvar a los inmigrantes llegados de forma ilegal o eliminando el examen de acceso a la nacionalidad española. Por supuesto, las devoluciones en caliente o exprés serían ilegales y se repararía a las «víctimas» en las fronteras, avanzando en un «proceso de descolonización simbólica». Se crearía empleo público para atraer a las personas emigradas que deseen volver a España, sin especificar si estas serían exclusivamente las de origen español. Para el que se marchara de España, podría seguir beneficiándose de la cobertura sanitaria universal.

La Iglesia católica, en el punto de mira

Podemos entiende que «en nuestro país nunca se ha acometido una verdadera separación entre la Iglesia católica y el Estado». Por ello, retiraría la exención del IBI a los inmuebles eclesiásticos, con la salvedad de los afectos al culto o de los utilizados por Cáritas para la acción social u otros motivos de interés general. Además, recuperarían los bienes inmatriculados, a su juicio indebidamente, por la Iglesia, como «la mezquita de Córdoba» o «las ermitas de los pueblos mantenidos por los vecinos». Además, la legislación que protegiera la violencia contra los niños y adolescentes calificaría de muy graves los crímenes que de esta índole fuesen cometidos en el seno de la Iglesia.

Ayudas al cuidado de hijos

Cada unidad familiar con hijos a su cargo gozaría de una renta universal anual de 1.200 euros que llegaría hasta los 2.000 euros para los que sufran pobreza extrema –que, según el último informe de Cáritas, ascienden a más de 3,3 millones de personas–. El subsidio público se iniciaría de manera urgente con 600 euros anuales por familia en riesgo de pobreza, o 900 en el caso de las monoparentales.

Los morados abogan por «equiparar las familias monoparentales y monomarentales a las numerosas», pero luego priorizan el acceso de las primeras a las prestaciones. Por tanto, en la práctica se discriminaría a la familia tradicional e incluso numerosa, dado que el subsidio anual no tiene en cuenta el número de infantes. Eso sí, los niños de 0 a 3 años tendrían su educación cubierta por el Estado. Además, la jornada laboral sería de 34 horas semanales, reorganizando los tiempos de trabajo, ocio y cuidados y además, sin reducir proporcionalmente los salarios.

Desprotección de la Corona

Para Podemos, cualquier injuria a la Jefatura de Estado caería bajo el amparo de la libertad de expresión y de opinión, tanto en la calle como en internet. Además, acabarían con su inviolabilidad y abrirían una comisión de investigación sobre los negocios de la Casa del Rey. No existiría la primacía del varón sobre la mujer en la línea de la sucesión al Trono.

La política y la economía, del revés

Quizás para beneficiarse del voto extranjero –pues los partidos minoritarios son los grandes perjudicados–, Podemos eliminaría el voto rogado para tener en cuenta a los compatriotas que viven fuera del país. También sustituiría la variante D’Hont por la Sainte-Laguë en el sistema electoral y modificaría el sistema de elección de los senadores por uno parecido al de los diputados del Congreso.

Respecto a la fiscalidad, Podemos crearía un impuesto a las grandes fortunas y reformaría profundamente el impuesto sobre Sociedades, perjudicando a las grandes corporaciones que obtengan beneficios dentro o fuera de España. Dado que los impuestos a las energéticas y a la banca son ya una realidad, centrarían sus esfuerzos en ampliar el hecho imponible del impuesto de transacciones financieras.

Eso sí, la clase media no se vería tan beneficiada tributariamente. Podemos sólo bajaría un punto porcentual el IRPF a las rentas del primer tramo de este tributo directo, que a día de hoy se corresponde con las rentas anuales de tan solo 12.450 euros. A la clase media no se le aplicarían rebajas y solo aquellos que superasen los 100.000 euros anuales deberían contribuir a las arcas públicas con un 45 % de sus ingresos, o incluso con un 55 % si percibiesen más de 300.000 euros al año. Además, los ciudadanos temblarían durante más años al verse aumentada la prescripción tributaria y penal a 5 o 10 años.