FAPE rechaza la ley de secretos oficiales que prepara el Gobierno: «Esto antes se llamaba censura»

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), con la participación de la Asociación de la Prensa de Madrid, ha realizado varias alegaciones al Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que prepara el Gobierno al entender que su articulado «limita los derechos de libertad de expresión y de información», apuntan en un comunicado.

La primera asociación de periodistas de España lamenta su «sorpresa y rechazo» al hecho de que solo se puedan presentar alegaciones entre los días 3 y 12 de agosto, en un mes «tradicionalmente vacacional, sin que entienda que se justifica el trámite de urgencia».

El principal defecto de la norma, para la FAPE, está en las limitaciones a la publicación de determinados contenidos. «Debería establecerse que el acceso por parte de un periodista en el ejercicio de su profesión a información clasificada como confidencial o restringida no le obliga a guardar reserva de su contenido y no debe ser sancionable su publicación en cualquier medio de información».

El consejo de ministros aprobó el pasado lunes 1 de agosto este anteproyecto de ley que pretende reemplazar a la ley de Secretos Oficiales de 1968. Como novedad otorgará al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la autoridad para proponer la desclasificación de documentos, una competencia que está en manos del Ministerio de Defensa.

«Esto se llamaba censura»

La FAPE reclama retirar que se considere como infracción grave o leve, «la difusión por los medios de información de informes o informaciones clasificadas como confidenciales o restringidas a las que hayan tenido acceso los periodistas en el ejercicio de su profesión».

Para la federación de periodistas, se va a establecer la posibilidad de delegar la facultad de clasificación, «creando así una cohorte de funcionarios, ya sean nombrados directamente por el Ejecutivo o en los que éstos deleguen, que decidirán, en prácticamente todas las actividades de la vida pública, qué es lo que pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España o pueda ser contrario a los intereses de España. Hasta ahora dicho concepto se denominaba censura».

«FAPE mantiene que no hay ninguna causa que justifique la tramitación del Anteproyecto de Ley por el trámite de urgencia –concluyen. En este sentido, aclara que toda norma que afecte a derechos constitucionales, máxime si supone la limitación de tales derechos, debe contar con la participación ciudadana y de sus organizaciones».