Las artimañas de Ribó con los contratos: «Troceados, ilegibles, encarecidos y con ofertas verbales»

El alcalde Valencia, Joan Ribó, aún no ha aclarado si se presentará a la reelección en mayo de 2023. A pesar de que se comprometió a no estar más de ocho años en el cargo, sigue teniendo previsto volver a presentarse. En tal caso, tendrá que pedir el voto a los valencianos haciendo frente a duras acusaciones de la Agencia Valenciana Antifraude en relación a la adjudicación de contratos menores.

Y es que, si bien el dirigente de Compromís ha llevado a cabo una política radical en cuanto a obras en la comunidad, las consecuencias de ellas y su tramitación administrativa no han estado exentas de polémicas.

Concretamente, la agencia asegura, en un durísimo escrito, que el Gobierno de Compromís y PSPV-PSOE ha cometido «irregularidades». Entre otros aspectos, antifraude destaca que muchas de esas licitaciones se llevaron sin que consten en los expedientes los precios de base de licitación.

Así, Ribó, que supuestamente llegó para «regenerar» las políticas llevadas a cabo por la Administración de la fallecida Rita Barberá, está bajo la lupa, ya que, como relata el concejal de Ciudadanos en el Consistorio, Narciso Estellés, «el 80 % de los contratos del Ayuntamiento están siendo menores». «Desde 2015 hasta 2020, Ribó gastó 57 millones de euros» en este tipo de contratos, mientras que en 2021«fueron once millones y medio y en lo que llevamos de 2022 ya casi son siete».

Para justificarlo, Estellés se apoya en una frase del escrito de antifraude: «En algunos expedientes se ha formalizado la adjudicación en favor de las propuestas que no suponen el mayor ahorro económico, sin justificación técnica que apoye la decisión».

Frente a ello, el edil del Partido Popular en el Ayuntamiento valenciano, Juan Giner, define la forma de gestionar de Ribó como «muy grave y escandalosa». «No puede ser que una administración como el ayuntamiento de Valencia contrate con precios fuera de mercado, seleccione ofertas menos ventajosas económicamente sin justificación, y licitadores en contratos relacionados, entre otras irregularidades», asegura el concejal.

Una directora general, implicada

En este sentido, Giner recalca que el informe de antifraude pone de manifiesto las prácticas de Ribó. «En algunos contratos la petición de ofertas se realiza de forma verbal, la recepción de ellas se hace en mano y su incorporación se lleva a cabo por los propios técnicos» del Ayuntamiento», señala Giner.

De hecho, una de las empresas más beneficiadas por la política de «trocear» contratos de Ribó es La Paisatgeria, en la que, casualmente trabajaba la directora general de Vivienda de Valencia, Elena Azcárraga. Uno de sus proyectos presentados de cara a la remodelación de la plaza del Ayuntamiento fue aprobado por 14.950 euros, tan solo a cincuenta euros del límite para que saliera a concurso público y pudiera competir con otras empresas en igualdad de condiciones.

Otro caso similar es el que denuncia Estellés, que sospecha que ciertos contratos están «teledirigidos». «Se han licitado tramos de carril bici de diferentes características, longitud y dificultad por el mismo precio. No es lo mismo un carril de 500 metros en una zona llana que de tres kilómetros cruzando un puente», afirma el edil naranja. Además, Estellés resalta que todos estos contratos están adjudicados por un importe «al límite para evitar el concurso público».

Ante todo ello, tanto el popular Giner como su jefa de filas, María José Catalá, reclaman explicaciones a Ribó, a la par que critican que el demoledor informe de antifraude «demuestra que lo de la transparencia y el buen gobierno era solo un eslogan de la izquierda».