La opacidad del Gobierno de Sánchez: de los misterios del Falcon al cerrojazo del Congreso

«Esto antes se llamaba censura». Así calificaba la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) el Anteproyecto de Ley de Información que pretende, entre otros menesteres, vigilar al detalle las informaciones clasificadas como «Confidenciales» y «Restringidas» publicadas por la prensa. Pero la opacidad es ya una de las características propias del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios que acumulan una lista de antecedentes tales como la creación de una comisión dedicada a la localización de las fake news, el empeoramiento de su porcentaje de respuestas en el Portal de Transparencia o las excusas aportadas para denegar algunas de estas preguntas.

La Administración General del Estado cuenta con un Portal de Transparencia en el que todos los ciudadanos tienen el derecho a registrar preguntas acerca del funcionamiento de los órganos públicos incluyendo los gastos que se realizan o el personal que contratan. Sin embargo, dicha página web cuenta con varios elementos de disuasión. El primero es la complicación de acceso donde los españoles deben acreditar su identidad a partir de varios mecanismos similares a los que se deben hacer para presentar, por ejemplo, la declaración de la renta.

Más allá de la identificación, que puede justificarse en motivos de seguridad y futuras reclamaciones, el ciudadano interesado tiene que esperar un mes para recibir la información. En este plazo, el propio portal puede desestimar la petición o, por el contrario, enviarlo al ministerio u órgano correspondiente para que responda. Sin embargo, no siempre es así. Tal y como reflejan los datos, los índices de respuesta han empeorado en los últimos años.

Uno de los últimos registros del Gobierno de Mariano Rajoy ofrecía que el 12 % de las solicitudes admitidas a trámite no eran respondidas. El porcentaje ha aumentado hasta el 24 %. Tanto el presidente como sus ministros han optado en múltiples ocasiones por alegar motivos de seguridad –amparados en la Ley de Secretos Oficiales– para evitar contestar a preguntas relacionadas, especialmente, con el desplazamiento de estos en las aeronaves del Ejército de Tierra: el Falcon y el Superpuma.

El Gobierno se ampara en la Ley de Secretos Oficiales para ocultar información sobre sus gastos

Ejemplo de ello es la exclusiva publicada por El Debate en la que se informaba de que el jefe del Ejecutivo se desplazó hasta Dubái con un séquito de 45 personas para asistir a la Expo. De nuevo, la ley que amparaba su negativa fue la de Secretos oficiales del año 1986. Su respuesta recogía que «tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección». Todo ello a pesar de que se le había cuestionado acerca de sus acompañantes y no sobre el personal extra de seguridad.

Esta misma semana, el Consejo de Transparencia ha instado al Ministerio de la Presidencia a detallar cuántos asesores hay adscritos al Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, qué tareas tiene encomendadas cada uno de ellos, cuál es su currículum y cuánto cobran.

'El Ministerio de la Verdad'

El 30 de octubre del año 2020, el Gobierno creaba la Comisión Permanente contra la Desinformación. El órgano rápidamente recibió el apodo de «Ministerio de la Verdad» por su objetivo de monitorizar los medios de comunicación y redes sociales con la excusa de la proliferación de fake news. La comisión está formada únicamente por miembros del Gobierno y se basa en «prevenir, detectar riesgos y neutralizarlo». Lo cierto es que no se sabe prácticamente nada de su funcionamiento más allá de que sus reuniones no son habituales y que las personas que lo forman permanecen en el anonimato.

Los mazazos del TC

El Tribunal Constitucional tumbó en octubre el cerrojazo a la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados y el Senado durante las primeras semanas de la pandemia en 2020. Fue la segunda sentencia con la que el TC recordaba al Gobierno que sus estrategias jurídicas durante la Covid no fueron constitucionales.

La primera fue unos meses antes, en julio, cuando el Constitucional consideró que confinamiento de la población no cumplía los requisitos suficientes.

A pesar de que jueces, periodistas y ciudadanos han advertido de los pasos atrás que se está dando en materia de constitucionalidad y transparencia, el Gobierno no parece recular y continúa complicando el acceso a la información construyendo un nuevo relato con el que intentar abrillantar su gestión.