Verstrynge y la número dos de Montero también podrán decidir sus propias informaciones clasificadas

El Gobierno tiene como uno de sus objetivos derogar la ley de Secretos oficiales de 1968, una norma implantada durante la dictadura. Sin embargo, la intención del Ejecutivo es sustituirla por la denominada Ley de información clasificada, una normativa que la asociación de prensa FAPE ha calificado como de «censura». Cuando se apruebe, el número de personas autorizadas para clasificar información se ampliará a más de setenta personas sin tener en cuenta aquellos relacionados con el ámbito autonómico. Entre ellos los secretarios de Estado y sus subsecretarías.

La cifra, muy superior a la época franquista, contempla que un gran número de personas cercanas al Gobierno –más allá de las autoridades policiales nacionales y autonómicas–podrán determinar aquello que sea clasificable, reclasificable y desclasificable de las categorías de «confidencial y restringido».

En concreto, el artículo 5 de este anteproyecto recoge las ocho competencias a las que podrán tener acceso. La primera es la de aprobar «en sus propios términos o con modificaciones, las propuestas de clasificación». De la misma manera también podrán rechazarlas y emitir diligencias de clasificación. Además, podrán modificar la categoría de clasificación de la información o cualquier circunstancia en relación con la clasificación de la información y, en particular, su plazo de vigencia. Asimismo, tendrán la potestad para desclasificar la información y dictar las instrucciones que sirvan de referencia para la adecuada clasificación de la información.

Entre las personas que tendrán acceso a la información y podrán decidir sobre ella está la recién nombrada como secretaria de Estado de Agenda 2030, Lilith Verstrynge o la número dos de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, más conocida como Pam.

Autoridades autonómicas

Otro de los grupos recogidos como competentes para decidir si una información es secreta o no lo es son las autoridades autonómicas que tengan competencias propias en materia policial. Por ejemplo, Cataluña con los Mossos d’Esquadra, Navarra con su Policía foral o el País Vasco con la Ertzaintza.

De esta manera, dichas informaciones podrán ser clasificadas como secretas sin aprobación de las entidades policiales nacionales y, por lo tanto, se podrán ocultar ante la Justicia. Si un juez solicita el acceso a esta información tendrá que hacer a través de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo con la demora que esto supone.

Este añadido, que no se contemplaba lógicamente en la ley anterior, podrá servir como cebo para el apoyo de los partidos separatistas al proyecto del Gobierno.

Regreso de «la censura»

La Federación de Asociaciones de Prensa Española (FAPE) considera que el nuevo Anteproyecto de Ley de Información Clasificada supone «una grave vulneración de los derechos de libertad de expresión e información con un texto que supondría establecer la censura».

Además, la nueva ley prevé multas de hasta tres millones de euros para quien difunda documentos secretos, aunque el Gobierno asegura que dichas sanciones no están dedicadas a la prensa.