Más de la mitad de las iniciativas legislativas del primer Gobierno de coalición son decretazos

Algo más del 54 % de la legislación aprobada por el primer Gobierno de coalición de la era democrática consiste en decretazos. Además, una de cada tres leyes aprobadas es orgánica. Por tanto, más de la mitad de las iniciativas legislativas del Ejecutivo se han aprobado con urgente y extraordinaria necesidad. Además, una de cada tres de las tramitadas por vía ordinaria afecta a derechos fundamentales y libertades públicas.

Del análisis de la legislación aprobada se detrae que el Gobierno de Pedro Sánchez es uno de los más intervencionistas de la Democracia. En apenas dos años y medio de legislatura, el Ejecutivo socialcomunista ha priorizado en su praxis legislativa la excepción que la Carta Magna contempla frente a la habitual potestad legislativa de las Cortes: el Real Decreto-ley.

La excusa de la pandemia

Si hace apenas dos meses y medio, Pedro Sánchez acumulaba 81 decretazos, aún no se ha iniciado el nuevo curso político y ya suma cinco más. El líder socialista comenzó su carrera legislativa en plena pandemia y se marcó un récord anual en decretazos, justificándolos en la necesidad de tomar decisiones rápidas por la situación.

Con pocas sorpresas para algunos, parte de dichos decretos-leyes fueron declarados inconstitucionales, por lo que el Tribunal de Garantías quitó la razón a este modus operandi socialista. Una mala costumbre a la hora de regular estados de excepción que se granjean de manera exclusiva los socialistas en España, tal y como demostró este medio.

Sin entrar en el fondo de los decretos-leyes aprobados con motivo de paliar los efectos económicos y sociales de la Covid-19, cabe realizar mención sobre alguna de las iniciativas que se tramitaron bajo urgente necesidad. Por ejemplo la del ingreso mínimo vital, que finalmente ha resultado ser de escaso impacto, como explicó la Airef hace unas semanas: un 57 % de los hogares que lo necesitan no llegan a solicitarlo por las dificultades burocráticas del trámite o por el estigma. Tampoco fue bien recibido el decretazo que supuestamente apoyaba al sector turístico y hotelero, pues llegó casi a final de año y resultó de poca utilidad.

Tendencia similar en 2021 y 2022

Superada la pandemia, el 2021 tampoco resultó mucho más democrático para el Gobierno frankestein. Casi la mitad (49,23 %) de las iniciativas legislativas aprobadas también fueron reales decreto-ley y una de cada tres leyes aprobadas por tramitación ordinaria, resultó ser orgánica (afectando a derechos fundamentales). Las materias de estas segundas, cuanto menos controvertidas por el escaso o nulo debate de Estado que conllevaron pese a su relevancia (como en el caso de la Ley de Eutanasia o las reformas de los Estatutos de Autonomía de Murcia y Cantabria).

En 2022 el próximo decretazo, consensuado a apenas dos semanas vista de ser validado por el Congreso con los presidentes autonómicos encargados de su aplicación, será tan 'poco importante' como que contiene las medidas para hacer frente a las exigencias europeas en ahorro energético. Un plan que busca la convalidación en la Cámara Baja antes del inicio del curso político para evitar su tramitación parlamentaria como Ley y que, como se demostró en este medio, resultará de obligatoria aplicación.

El Ejecutivo ya se ha protegido amenazando a las regiones rebeldes (so pena de plantearse una cuestión negativa de competencias ante el Tribunal Constitucional) y que, en cualquier caso, si las comunidades la recurren existen pocas garantías de que les sean concedidas medidas cautelares para frenar su aplicación y que, para cuando el Tribunal de Garantías fallase a su favor, ya sería demasiado tarde.

Aun queda año y medio para poner fin a la XIV legislatura que presume en nuestra Historia de ser aquella cuyo Gobierno más ha utilizado la figura legislativa excepcional prevista en nuestra Constitución.