Ley de Información Clasificada  Ni luz ni taquígrafos: solo se pudo presentar alegaciones a la norma entre el 3 y el 12 de agosto

El pasado 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó, entre otras cosas, el decreto de ahorro energético y el anteproyecto de Ley de Información Clasificada. Ante la crisis energética que asoma en el horizonte, el debate giró inmediatamente en torno al límite de los 27 grados, el «Madrid no se apaga» y la refriega política.

Sin embargo, el anteproyecto de ley llamado a reemplazar a la ley de secretos oficiales de 1968 pasó de puntillas para buena parte de la opinión pública y publicada. El borrador de la norma se subió a los canales oficiales y el periodo de alegaciones se abrió sin que prácticamente nadie se diera cuenta. Entretenidos con la controversia del aire acondicionado, el común de los mortales no reparó en que una ley de tanta relevancia tenía un plazo de alegaciones estrechísimo: del 3 al 12 de agosto.

Esta es una de las primeras cuestiones que denunció la FAPE cuando emitió un comunicado aseverando que el anteproyecto de Ley de Información Clasificada podía suponer un retroceso en el derecho de información.

La principal asociación de periodistas del país mostraba su «sorpresa y rechazo porque solo exista un plazo de 3 al 12 de agosto para participar, en pleno mes de agosto, tradicionalmente vacacional». Añadían que no entiende por qué ahora se pretende tramitar este proyecto legislativo con carácter de urgencia. Las prisas hicieron sospechar.

«La Ley que se pretende aprobar supone, tanto una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz como al también derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos», argumentaban.

Sorprendió que un Gobierno que llegó al poder en nombre de la ejemplaridad haya concedido apenas 9 días del mes menos operativo del calendario para presentar alegaciones. Es una forma de proceder muy lejos de la «luz y los taquígrafos» que deberían operar cuando se tramitan proyectos legislativos de tanta relevancia.

«Supone de entrada una censura a la opinión de la ciudadanía», denunciaba la FAPE el pasado 11 de agosto, justo un día antes de que terminase un periodo de alegaciones del que han participado.

La principal asociación de periodistas de España considera que esta nueva norma «establece la posibilidad de delegar la facultad de clasificación, creando así una cohorte de funcionarios (...) que decidirán, en prácticamente todas las actividades de la vida pública, qué es lo que pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España o pueda ser contrario a los intereses de España. Hasta ahora dicho concepto se denominaba censura».