Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España
Ley de Información Clasificada
Juristas alertan del retroceso que supone la nueva ley de secretos: «O la sociedad despierta o será tarde»
El mundo de la judicatura expresa preocupación por un anteproyecto de Ley que, a juicio de varios expertos, pretende implantar desde el Estado «un control total y absoluto de la información»
continúan las reacciones ante el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada aprobado por vía de urgencia –en su primera lectura– el pasado día 1 en el último consejo de ministros de Pedro Sánchez. El parón por las vacaciones de agosto no está siendo impedimento para que dentro del cuerpo de juristas españoles crezca la preocupación ante una ley en la que no pocos expertos en Derecho detectan ribetes de inconstitucionalidad.
El Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que su intención no es otra que sustituir la Ley de Secretos Oficiales de 1968, así como salvaguardar «la seguridad y la defensa nacional». Sin embargo, muchos expertos consideran que, de consumarse dicho anteproyecto de ley, el recorte a las libertades democráticas sería muy grave.
El catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores
Aumento de la opacidad
Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, considera que «el Gobierno de Sánchez acaba de proponer una extensión generalizada del concepto de secreto oficial llamada a multiplicar su incidencia y, en consecuencia, a incrementar la opacidad de nuestras instituciones».
El Anteproyecto está llamado a apartar del debate público materiales que, sin poner en riesgo la seguridad nacional, sean sencillamente incómodos para el poderCatedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia
La propuesta, según detalla el Catedrático Flores, alarga los plazos para el mantenimiento del secreto; traslada la máxima responsabilidad en la clasificación de la información de un Ministerio técnico como es el de Defensa a uno político como es el de Presidencia; multiplica las instancias que pueden clasificar documentos de relevancia secundaria, y aun las descentraliza transfiriéndolas en parte a la Comunidades Autónomas con Policía propia.
«En suma, sustituye la concepción estrictamente securitaria del secreto por una concepción más política, y politizable, llamada a apartar del debate público materiales que, sin poner en riesgo la seguridad nacional, sean sencillamente incómodos para el poder. Y todo ello concediendo a la ciudadanía un plazo ridículamente breve para hacer valer sus puntos de vista», glosa el profesor.
Fachada del Tribunal Supremo
Control de la información
Un exmagistrado del Tribunal Supremo que prefiere mantenerse en el anonimato señala para El Debate que «el Anteproyecto es un paso más para controlar y censurar la información. El objetivo es claro: que solamente se informe de lo que quiera el poder, y que, por supuesto, dicha información sea siempre beneficiosa para el Gobierno».
Esta censura, a juicio del exmagistrado, «se inicia con el Plan de Acción contra la Desinformación, publicado en noviembre de 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional de Moncloa, y que, con la excusa de una propuesta europea, pretende, desde Presidencia de Gobierno, controlar toda la información y eliminar aquello que desinforme». ¿Y qué es desinformar? «Toda información que no sea veraz y oportuna es desinformar. Es decir, aquella que resulta beneficiosa para el poder».
El objetivo es claro: que solamente se informe de lo que quiera el poder, y que, por supuesto, dicha información sea siempre beneficiosa para el Gobierno
«Este Anteproyecto no puede y no debe llegar a ser ni siquiera Proyecto. Y el Tribunal Constitucional debe decir ya algo sobre el Plan de Acción contra la Desinformación. ¡Ya está bien del aborregamiento de la sociedad española! Que despierte de una vez, antes que sea demasiado tarde», reclama el exmagistrado del Supremo.
Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Posibilidades de abuso infinitas
«La cuestión», asegura por su parte el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Blanco Valdés, es que «quien debe declarar los secretos debe ser una agencia independiente, como lo era el CNI, con cierta autonomía funcional. El sistema antes garantista ha quedado desvirtuado, especialmente desde que la Comisión parlamentaria de Secretos Oficiales que lo controla está integrada por partidos que son contrarios al orden constitucional, como Bildu o ERC. Las posibilidades de abuso de la declaración de materia reservada, en estas circunstancias, son infinitas».
Fue Thomas Jefferson quien dijo que si le daban a elegir entre periódicos sin Gobierno o Gobierno sin periódicos, sin duda, se quedaba con lo primeroCatedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela
«Fue Thomas Jefferson», prosigue el Catedrático Valdés, «quien dijo que si le daban a elegir entre periódicos sin Gobierno o Gobierno sin periódicos, sin duda, se quedaba con lo primero. Y es que, la libertad de información es una esencia misma de la democracia. El Tribunal Constitucional en repetidas ocasiones ha repetido que la libertad de prensa es un elemento esencial para la formación de una opinión pública libre. Este derecho básico lo es, al igual que la necesidad de proteger ciertas informaciones que deben tener carácter reservado a efectos de proteger datos vinculados, por ejemplo, con la seguridad del Estado».