El Gobierno ningunea a Transparencia y se niega a justificar el 40 % de las informaciones que no revela

El Gobierno de Pedro Sánchez no se molesta en explicar su opacidad. Así lo demuestra un informe publicado por el Consejo de Transparencia en que revela que el 41,4 % de las veces que alguien pregunta al Ejecutivo para conocer un dato, el Gobierno opta por hacer oídos sordos y no contestar.

Cualquier ciudadano tiene acceso al portal donde pueden preguntarse cuestiones como, por ejemplo, el gasto de un determinado evento organizado por un ministerio. Una vez se envía la petición de información, ésta llega a la administración pertinente que tiene un mes para contestar. Si no lo hace, la información quedará sin contestar con motivo de «silencio administrativo».

En este punto, al igual que si la respuesta le es denegada o se le concede una respuesta parcial o insatisfactoria, existe la posibilidad de realizar un reclamo a través del Consejo de transparencia y buen gobierno, autor del informe en cuestión.

En el documento de 136 páginas se recogen las conclusiones correspondientes al año 2021. En concreto, su página 34 advierte de que el Ejecutivo no se molesta en contestar las informaciones requeridas en más de un 40 %. «En cuenta a la causa que suscita las reclamaciones del artículo 24 de la LTAIBG, el primer dato a destacar es el elevado número de ellas que se presenten frente a la SAIP que se han considerado desestimadas por la aplicación de la regla del silencio administrativo», recoge el informe en términos más técnicos. A continuación, detalla que «del conjunto de las 911 reclamaciones tramitadas, 377 se han planteado al amparo de este motivo».

A continuación, con un 21,3 % se hicieron reclamaciones por haberse concedido la información de manera parcial. Esto quiere decir que el ministerio o institución ha revelado solo parte de lo que se pidió a través del portal alegando unos motivos para ello. El tercer motivo, con un 5,8 % es por considerarse «repetitiva o abusiva».

Comunidades y ayuntamientos

Si repasamos los mismos parámetros, pero en el ámbito territorial en comunidades y ayuntamientos, la cifra es aún peor. En este caso, el 74,2 % no contestaron a las peticiones de información sin dar motivos para ello.

De las más de mil reclamaciones recibidas por el Consejo de transparencia, 753 han correspondido a esta característica.

Sin embargo, el órgano encargado del informe explica que las causas de esta diferencia tan significativa se hallan en el gran número de entidades de pequeño tamaño que aparecen como reclamadas en el ámbito local. «Como sucede en otras áreas funcionales del régimen local español, estas entidades cuentan con escasos recursos para gestionar adecuadamente las SAIP y dictar en plazo las oportunas resoluciones, lo que representa un grave lastre para el despliegue de la transparencia y el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Tal y como se ha advertido por este CTBG en anteriores ocasiones, esta situación debería corregirse, al menos, a través de la potenciación de las fórmulas de colaboración y cooperación de las Diputaciones provinciales y otras entidades intermedias titulares de competencias de cooperación con los municipios de su respectivo ámbito territorial».

En septiembre comienzan las negociaciones del PSOE para intentar aprobar su nueva ley de secretos en la que será el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el que más poder tendrá para decidir qué informaciones serán recogidas como secretas y, por tanto, inaccesibles para los ciudadanos.