El señuelo que Sánchez usará con sus socios para que le aprueben el decreto de racionamiento

La decisión del PP de votar en contra de la convalidación del decreto ley sobre el ahorro energético en lugar de abstenerse ha obligado al Gobierno a redoblar sus esfuerzos con los socios habituales.

El Ejecutivo necesita más síes que noes en el Pleno extraordinario del jueves, y a esta hora no los tiene garantizados, aunque confía en que los tendrá. El curso empieza como acabó el anterior: con el Ejecutivo haciendo números y negociando contrarreloj con ERC, Bildu, el PNV y el resto del bloque. Esta vez, con las vacaciones de por medio.

Ante las dudas de estos últimos, Pedro Sánchez se plantea utilizar el comodín del proyecto de ley. Esto es, el Gobierno está dispuesto a conceder a sus socios que, una vez sea convalidado el decreto ley, se tramite como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan introducir cambios. En otras palabras: para enmendar la falta de diálogo previa del Ejecutivo con los partidos sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética.

Así lo ha deslizado este martes el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, en un tuit en el que también ha pedido al PP que deje de «engañar a la gente» con la posibilidad de modificar un decreto ley ya publicado en el BOE y en vigor.

Más tarde la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha apuntado en esa misma dirección. «Si el PP quisiera otra cosa existen otros procedimientos parlamentarios», ha afirmado en alusión a ese tipo de tramitación, abierta a aportaciones. «Que el principal partido de la oposición aún no se haya aprendido siquiera los trámites parlamentarios...», ha añadido.

Sobre el papel, la oferta de Sánchez para aceptar tramitar el decreto como proyecto de ley parece bienintencionada. Pero, en realidad, es un señuelo habitual que utiliza el presidente para convencer a sus socios. Después, el PSOE eterniza la tramitación parlamentaria, y mientras el decreto ley no sufre modificaciones. En esa situación se encuentran a día de hoy 26 de los 85 decretos ley que el Congreso ha convalidado en estos dos años y medio de legislatura: en un divagar parlamentario.

Así pues, precedentes hay muchos. El caso del primer decreto anticrisis, el de la bonificación de 20 céntimos por litro de carburantes, fue idéntico. El Gobierno accedió a tramitarlo como proyecto de ley porque veía que su convalidación en el Congreso, en abril, peligraba. No en vano, ERC había anunciado su voto en contra como respuesta a la crisis del espionaje. Sumado al «no» del PP, Vox y Ciudadanos.

Sánchez consiguió sacarlo adelante en el Pleno con un resultado muy ajustado: 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención. Hoy, casi cuatro meses después, su tramitación como proyecto de ley aún no ha comenzado. Únicamente ha sido calificado, lo fue el pasado 3 de mayo.

A mayores, el Gobierno quiere jugar otra baza: la del plan de contingencia que España tiene que presentar a Bruselas en septiembre, y que contendrá buena parte de las medidas recogidas en el decreto ley de racionamiento energético. Ahí sí, el Ejecutivo ha pedido la colaboración a las comunidades y a sus socios, para que sea un «proyecto de país», como le gusta a Sánchez referirse a sus iniciativas.