Bildu revela cuál ha sido el precio de su «sí» tras salvar el decreto energético del Gobierno

Hacía calor este jueves en el hemiciclo del Congreso. Y la temperatura subió algún grado político más con el debate sobre la convalidación del polémico decreto ley sobre medidas de ahorro y eficiencia energética, que el Gobierno ha mezclado con becas, ayudas directas a los transportistas y la bonificación de ciertos abonos transporte. No por casualidad, sino siguiendo una estrategia recurrente para presionar a sus socios.

Finalmente, tal y como estaba previsto, el Ejecutivo sacó adelante la votación con 187 síes (PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PNV, Bildu, Teruel Existe, el PRC y la ex diputada morada María Pita) y 161 noes (PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, la CUP, Foro Asturias, Coalición Canaria, UPN y el ex diputado de Cs Pablo Cambronero).

«A esto se le llama chantaje», lo definió abiertamente la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, al anunciar su voto en contra. Aunque la votación estaba atada y bien atada por el Ejecutivo desde el día antes, con los apoyos de ERC, el PNV y Bildu, entre otros.

Fue la ministra de Transportes y no la de Transición Ecológica la que subió a la tribuna para defender el decreto ley. Para sorpresa de la oposición, que lo interpretó como la prueba evidente de que el Gobierno eligió hacer «populismo» de las becas y abonos transportes antes que detallar unas medidas de ahorro energético menos populares.

Raquel Sánchez acusó al PP, al que definió como «la derecha más rancia de Europa», de cometer una gran irresponsabilidad con su voto en contra. «Están golpeando a millones de ciudadanos que usan a diario el transporte público, a las empresas de transporte de viajeros y mercancías, a los transportistas autónomos y a miles y miles de nuestros jóvenes, que necesitan complementar sus becas. Piensen en ellos cuando voten», pidió la titular de Transportes a los diputados del PP.

«Recapaciten, expliquen bien a quién defienden. Les intentan dejar sin estas ayudas con tal de tumbar a este Gobierno. Con qué cara les van a decir a los ciudadanos que no apoyan estas medidas», añadió, en línea con el argumentario desplegado en los medios -con disciplina marcial- por todos los ministros del Ejecutivo desde el martes.

La ministra Sánchez se refirió al plan de contingencia que el Gobierno enviará a Bruselas a finales de septiembre y que contendrá, entre otras medidas, las aprobadas en este decreto ley. Ahí sí el Ejecutivo ha pedido opinión al sector, a las comunidades, a los consumidores y a los grupos parlamentarios.

En el hemiciclo no estaba el presidente, de viaje por Hispanoamérica. Tampoco la vicepresidenta Nadia Calviño. Sí Teresa Ribera, aludida en varias ocasiones durante el debate. Había relajación en las caras de los ministros y de los diputados del PSOE y Unidas Podemos, sabedores de que la Cámara iba a convalidar también este decreto ley. El número 128 de Sánchez que convalida el Congreso.

Pero, aun así, todos ellos tuvieron que escuchar los reproches de sus aliados por no haber negociado ni una coma del texto antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. «Nos trasladan la responsabilidad de que se convalide o no a nosotros. No esperen al último minuto, no tienten a la suerte, porque algún día las cuentas no van a salir», les advirtió la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal.

La formación de Andoni Ortuzar y del lendakari Íñigo Urkullu ha protagonizado un giro copernicano en las últimas semanas: de criticar duramente el decreto ley a ser el primero -24 horas antes de la votación- en anunciar su apoyo y, a mayores, rechazar su tramitación como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios no puedan introducir cambios (aunque será tramitado como proyecto de ley, guste o no al PNV).

¿Por qué? ¿A cambio de qué? Sagastizabal no dio respuesta a estas preguntas durante su intervención. Sin embargo, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, sí habló de los términos de su acuerdo con el Gobierno a cambio del voto favorable de sus cinco diputados. En primer lugar, revisar en 2023 al alza los objetivos sobre la transición energética establecidos en la Ley de cambio climático (que se aprobó en 2021). Además, elaborar con las comunidades autónomas estrategias a largo plazo para transformar los modelos de producción y consumo hacia las energías renovables.

En cualquier caso, la abertzale también dejó su aviso: «La falta de diálogo con las comunidades y los grupos no es la mejor fórmula para engrasar la mayoría plurinacional y progresista».

«Lo han vuelto a hacer. En un solo texto vuelven a mezclar churras con merinas», recriminó al Gobierno el portavoz de ERC, Joan Capdevila, muchos menos entusiasta que Aizpurua. «Este estilo suyo de decretos ómnibus es muy tramposo», se quejó el de la CUP, Albert Botran.

La popular Cuca Gamarra, por su parte, defendió la oposición de su partido a este decreto ley por la falta de diálogo del Gobierno. «Estábamos dispuestos a negociar medidas serias», sostuvo la portavoz del PP, quien también recriminó al Ejecutivo su querencia a los decretos ómnibus. Vox fue más lejos y anunció que recurrirá este decreto ley ante el Tribunal Constitucional, como hará Isabel Díaz Ayuso la próxima semana.