Natalia de Andrés (PSOE) veta en Alcorcón a las personas con discapacidad para nuevos empleos públicos

La junta de Gobierno local celebrada en Alcorcón el pasado 21 de junio tuvo un carácter marcadamente polémico. En esa jornada se sometió a votación el futuro cupo mínimo de vacantes para las personas con discapacidad dentro de las Ofertas Públicas de Empleo, OPE, para los años 2020, 2021 y 2022 que oferta el Ayuntamiento de Alcorcón –una ciudad de 170.000 habitantes al sur de la Comunidad de Madrid–, donde el PSOE gobierna desde 2019.

El PSOE ha decido no reservar nuevas plazas de empleo público para personas con discapacidad. Su argumento es que en la actualidad ya trabajan 41 personas con distintos niveles de discapacidad dentro del ayuntamiento. Suponen el 3,11 % del total, por lo que superan el 2 % marcado por la ley como cupo mínimo.

El hecho de superar esta cuota mínima en el presente sirve a la regidora socialista como argumento para no ofertar nuevas plazas para personas con discapacidad en el futuro. Ahora bien, la ley en ningún momento marca un límite máximo y exige que todos los años la cuota mínima del 2 % se mantenga en la oferta de empleo público. «Pero el caso es que no quieren más empleados con discapacidad, porque entienden que, según ellos, PSOE y Podemos, suponen un lastre. Así de sencillo. Y actúan en consecuencia. Vetan su futura entrada», señala fuentes próximas al Consistorio de Alcorcón a El Debate.

Historial previo de discriminación

La proposición de la junta local, presentada por el concejal socialista de Seguridad, Daniel Rubio Caballero, y refrendada por el gobierno de coalición PSOE-Podemos que rige la ciudad, se añade a un historial previo de discriminación a personas con discapacidad en las empresas públicas que gestiona el Ayuntamiento de Alcorcón.

Jesús Santos y Santiago Anes, responsables máximos de Servicios Municipales de Alcorcón, ESMASA, la empresa de limpieza del Ayuntamiento, han sido denunciados el pasado mes de junio por acosar a tres trabajadoras con discapacidad.

«Me despidieron estando de baja por depresión. Si no me suicidé, fue porque mi esposo me necesitaba; le acaban de detectar un cáncer terminal», manifestó Gladys Durán, una de las empleadas de ESMASA, a diversos medios de comunicación.

«Me dijeron que no valía para seguir realizando el empleo que desempeñaba desde 1998 sin hacerme ningún examen… No tenía sentido. Pensé que era un error médico. Les pedí un informe donde me dijeran los motivos de esta decisión, pero tampoco me lo dieron. Es todo muy extraño», denunció por su parte Ana Barrera, otra de las empleadas acosadas.

«Hace unas semanas me pidieron que fuera a firmar mi despido por causas objetivas… Decían que me he ido deteriorando con el tiempo y que no me podían buscar otro puesto. Como cuando se tira un trapo viejo. Pero a los tres días me volvieron a llamar para darme un puesto para coger teléfonos…», recalcó Sebastiana Cabanillas, la tercera de las empleadas con discapacidad acosadas por la dirección de ESMASA.

Constante campaña de acoso

La propia Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMMA Cocemfe Madrid, se ha hecho eco de esta situación. La Federación ha exigido en un comunicado una explicación a Jesús Santos, que también es el coordinador autonómico de Podemos Comunidad de Madrid, así como teniente de alcalde de Alcorcón y vicepresidente de la Mancomunidad del Sur, por la «constante campaña de acoso» que sufren los empleados con discapacidad en ESMASA.

«Los trabajadores están amedrentados por la campaña que desde ESMASA se hace para desprestigiarles, y piden el amparo de las instituciones porque se ataca la dignidad de las personas con discapacidad como los más vulnerables dentro de la empresa y porque están cansados de que la dirección aplique esta estrategia para agotarlos y que se vayan de ella», remarca la federación en un comunicado.