Fiscales piden al nuevo fiscal general que explique en el Consejo su intervención en el caso Miguel Ángel Blanco

Las «sugerencias» enviadas «por escrito» por el ya fiscal jefe del Estado, Álvaro García Ortiz -entonces jefe de la Secretaría Técnica de la dimitida Dolores Delgado- al fiscal del caso Miguel Ángel Blanco, para cambiar el criterio de acusación en la causa de la Audiencia Nacional contra los etarras que presuntamente ordenaron el asesinato del concejal popular de Ermua, en julio de 1997, serán llevadas ante el próximo Consejo Fiscal por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Así lo ha solicitado el responsable de la misma y vocal del órgano, el también fiscal Salvador Viada, en un escrito registrado este jueves en la sede del Ministerio Público que ha sido circulado a toda la Carrera y al que ha tenido acceso El Debate.

García Ortiz tendrá que dar explicaciones en el próximo Pleno, que previsiblemente se convocará a finales del mes septiembre, para aclarar si se extralimitó en el ejercicio ordinario de sus funciones como segundo de la Fiscalía General, en las «indicaciones» remititas al titular asignado a la instrucción de la causa terrorista, Vicente González Mota, quien renunció a la misma, como consecuencia de la intervención del sucesor de Delgado en su trabajo, desde su antiguo puesto en el seno de la institución.

La cuestión de fondo que «preocupa» a los fiscales afecta a «la interpretación del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal», que garantiza la «correcta interpretación del principio de jerarquía» en su ejercicio profesional y que, de manera recurrente y habitual está siendo utilizada como un canal de actuación no reglamentario en la FGE.

En el seno de la Carrera quieren que García Ortiz aclare si pidió frenar varias investigaciones cuando no cuenta con atribuciones para hacerlo

Al menos «en tres ocasiones en los últimos tiempos» las comunicaciones realizadas a la fiscal general del Estado «a través de la Secretaría Técnica», concluyeron con resoluciones fijadas desde esta última que, según las fuentes consultadas por El Debate, «no tiene atribuciones» para ello. «La primera, con ocasión de las Diligencias de Investigación 32/2020 de la Fiscalía del TSJ de Madrid, se produjo el día 5 de octubre de 2020, recibida y contestada por escrito por el Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, haciendo llegar ciertas sugerencias al Instructor de las Diligencias; la segunda, en las mismas Diligencias de Investigación, el día 23 de octubre de 2020, recibida asimismo y contestada por el mismo Fiscal Jefe de la Secretaria Técnica, sin rastro documental de la intervención de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, destinataria de la comunicación, que al parecer negó (según se hizo público en los medios) haber tenido ninguna intervención en esas Diligencias», en el marco del conocido como 'caso Stampa'.

La segunda «el pasado día 20 de julio, en el Sumario 9/97 del Juzgado Central de Instrucción 6, se ha hecho pública una nueva comunicación ex art. 25 de EOMF, del Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional a la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, exponiendo una cuestión jurídica de indudable trascendencia y complejidad, que es aclarada una vez más por la Secretaria Técnica», en relación con la posición del Ministerio Público en la investigación reabierta por el juez Manuel García-Castellón para juzgar a los autores mediatos -o ideólogos- del secuestro y posterior asesinato del joven político vasco Miguel Ángel Blanco, hace veinticinco años.

«Quiero trasladar al Consejo Fiscal la importancia de lo que aquí se está haciendo. El jefe del Ministerio Público es el FGE. Hay un orden de sustitución de quien ostenta la jefatura del Ministerio Fiscal en caso de no poder ejercer su función. Las garantías de imparcialidad en el funcionamiento de la institución que tenemos los fiscales (y de las que no estamos sobrados, en mi opinión) solo son efectivas si quien es el jefe del Ministerio Fiscal ejerce como tal en estas cuestiones, y no es sustituido por quien aparentemente carece todo título y legitimación para actuar por su propia iniciativa. Estos hábitos son preocupantes y no ayudan a generar confianza en la institución. Si hay que restablecer esa confianza, hagámoslo con transparencia, aclarando y cambiando en su caso ciertos hábitos», refleja el escrito de APIF.

«Por eso solicito aclaración en el Pleno del Consejo Fiscal del título jurídico que por el Excmo. Sr. Fiscal Jefe de la Secretaria Técnica en cada caso de los referidos en este escrito se ostenta para asumir la responsabilidad de destinatario de las comunicaciones de asuntos de importancia especial que realizan los fiscales al amparo del art. 25 del EOMF», ha solicitado formalmente el vocal del Consejo Salvador Viada. Un extremo que el propio García Ortiz descartaba disponer, tal y como se desprende de su intervención como candidato a la Fiscalía General, en el seno de la comparecencia celebrada el pasado mes de julio ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.