Lesmes rechaza ir al Constitucional y denuncia maniobras para hacerle «tambalear»

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha mostrado molesto con las informaciones relativas a su interés en acceder al Tribunal Constitucional y -a su llegada a la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz- ha asegurado que no quiere ocupar una de las plazas vacantes en el TC. Visiblemente incómodo, Lesmes ha deslizado la existencia de maniobras para hacerle «tambalear» en su exigencia de que el CGPJ elija a los dos magistrados que le corresponde, como viene pidiendo en los últimos meses y como les obliga la contrarreforma exprés aprobada por el Gobierno, el pasado mes de julio. «Hay que cumplir la ley», ha apostillado Lesmes.

En el marco de la que ha sido una de las primera citas instituciones del Poder Judicial en este nuevo curso, Carlos Lesmes ha mostrado su contrariedad sobre las publicaciones que apuntan a las presuntas presiones que habría recibido para nombrar en tiempo y forma a quienes, el próximo día 13 de septiembre como máximo, deberían darse por parte del Pleno del CGPJ para la renovación del Constitucional.

Lesmes ha querido negar un boicot de los vocales conservadores del Consejo al nombramiento de los dos magistrados que propondrá en la cita fijada este mismo jueves, en la sede del máximo órgano de gobierno de los jueces y que, El Debate ha adelantado en exclusiva. Son, ha dicho, movimientos para mediatizarle y hacerle «tambalear» en su exigencia de que se cumpla la ley y el Consejo designe a sus candidatos.

Lo cierto, tal y como apuntan fuentes próximas al Consejo, es que la pretendida candidatura de Carlos Lesmes como nuevo magistrado del Constitucional que ha de renovarse, y que El Debate adelantó en exclusiva el pasado mes de julio, no ha concitado, a priori, los apoyos necesarios para un resultado positivo en la deliberación institucional programada este mismo jueves. Para ello, Lesmes tan sólo necesitaría que alguien lo proponga y que doce de sus compañeros, once y él mismo, apoyen su designación con destino al Tribunal de Garantías. No será posible. Consciente de ello, el todavía presidente de la institución ha descartado dicha opción públicamente. Su «malestar es manifiesto», a nivel interno, apuntan las mismas fuentes.

Con ello, el Ejecutivo socialista trataba, en la sombra, de provocar una carambola doblemente favorable en su interés por controlar la cúpula judicial: por una parte, dejarla descabezada, proporcionándole un nuevo argumento para forzar al Partido Popular a retomar el pacto frustrado, sine die, de renovación del CGPJ; y, por otra, consumar con agilidad el vuelco del Constitucional hacia la nueva mayoría progresista que aceleró la maniobra normativa de Pedro Sánchez, a espaldas de Europa, de la mano de sus socios independentistas catalanes de Esquerra (ERC).