El nuevo fiscal general toma posesión de su cargo con una herencia envenenada en las causas más políticas de la Fiscalía

La llegada del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, a su cargo, tras la dimisión de Dolores Delgado, se ha producido en un marco de sospechas de «arbitrariedad», incluso, antes de que el ya exsecretario técnico del Ministerio Público haya tomado posesión formal del mismo. El solemne acto de promesa, que tendrá lugar este lunes a partir de las 12:00 en el Salón de Plenos del Supremo, ante la Sala de Gobierno y bajo la atenta mirada del presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, dará el pistoletazo de salida a un complicado año judicial y a una gestión, la de García Ortiz, que asume una herencia envenenada de su predecesora, y propia, en las causas más políticas de la Fiscalía.

Desde su pasado socialista hasta la decisión que adoptó, como secretario técnico de la Carrera, en favor de la prescripción del asesinato del edil popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, ha caído como una losa sobre el que fuera la mano derecha de Delgado. En el seno del Ministerio Público, son mayoritarias las voces que apuntan a que García Ortiz se «extralimitó en sus funciones». Tal es así que, la pasada semana, la Asociación Profesional de Fiscales (APIF) registraba un escrito solicitando explicaciones sobre el caso al nuevo titular de la FGE, en el marco del próximo Consejo Fiscal que tendrá lugar a finales de este mes de septiembre.

Las hipotecas políticas de su predecesora se extienden sobre Álvaro García Ortiz antes, incluso, de que asuma con plenitud de funciones su elección para el cargo. La judicializada investigación del 'caso Stampa'; la cuestionada elección del fiscal de la Unidad de Menores, desoyendo al Supremo; el volantazo en la línea acusatoria contra los «cerebros» etarras detrás de la orden del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, que El Debate destapó en exclusiva; su propio pasado vinculado al PSOE de Galicia, empañan, de nuevo, la pretendida transparencia e independencia de una institución laminada durante la era Dolores Delgado.

En el fondo de la cuestión, la propia Delgado quien, a su vez, aspira a que García Ortiz la premie con un ascenso a la primera categoría del escalafón como nueva fiscal de la recién creada plaza de Memoria Democrática, tras el pacto del Gobierno con EH Bildu y una vez fracasada la maniobra prevista por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para premiarla, a través de un atajo que recibió las críticas del arco parlamentario en su totalidad.

Los coletazos del 'caso Stampa'

García Ortiz se ha visto salpicado durante meses por el conocido como caso Stampa en el que, presuntamente, desde la Fiscalía y a través de varias «recomendaciones» formuladas por el ahora nuevo fiscal general, desde su puesto anterior, se prolongó artificialmente una investigación interna contra el exfiscal de Tándem, Ignacio Stampa –señalado por una supuesta filtración de información confidencial a la abogada de Podemos, Marta Flor– para bloquear su acceso a una plaza fija en Anticorrupción.

Pese a las explicaciones ofrecidas por la propia Delgado y por su mano derecha, ahora ascendido a fiscal general, en un Pleno Extraordinario del Consejo Fiscal, con la cuestión de fondo como único punto en el orden de la convocatoria, hasta hoy no hay convicción alguna para la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) de que Delgado –a través de su segundo que, como desveló El Debate supuestamente retocó un informe para mostrar una imagen desfavorable de Ignacio Stampa– no maniobrase para perjudicar al entonces fiscal del caso Villarejo en 'Tándem'.