El ministro Bolaños este jueves en el Congreso
Crisis del Poder Judicial
El Gobierno desprecia la iniciativa del Partido Popular para la renovación del CGPJ
Pedro Sánchez no ha descolgado el teléfono para comunicarse con Alberto Núñez Feijoo pese al ultimátum de dimisión del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, si no hay acuerdo «urgente»
La incapacidad, o la negativa, del Gobierno para el diálogo con el Partido Popular, principal fuerza de la oposición, convertida en dinámica de la legislatura, parece no tener límite tras la llegada a Génova de Alberto Núñez Feijoo. Ni siquiera el reciente ofrecimiento de los populares, a través de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, para la renovación conjunta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, ha parecido conmover al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha despreciado la iniciativa del PP que, este mismo viernes, y en un documento de once páginas, emplazó por escrito a los socialistas a sentarse y retomar las negociaciones que deberían poner fin al bloqueo institucional que sufre la más alta magistratura de nuestro país.
«Seamos serios. La carta es un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos. Envían un documento lleno de excusas, líneas rojas y condiciones. Le respondo al señor Feijóo con tres palabras: cumpla la ley. O está usted con el Estado de Derecho o está insumiso al cumplimiento de la ley y de la Constitución», contestaba Bolaños tras el paso al frente del Partido Popular. La Moncloa mantiene su relato inamovible y, así, el diálogo es imposible.
De nada han servido los intentos de los populares por encontrar una fórmula intermedia que satisfaga las máximas expectativas sin renunciar a las necesidades inmediatas de renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces y, con ello, la reactivación de sus nombramientos discrecionales para cubrir las vacantes de los tribunales españoles. Entre ellos, el Supremo que roza el colapso técnico por la falta del número mínimo de magistrados que la ley exige para la conformación de sus Salas y que acumulará una veintena de huecos, el próximo mes de marzo.
Durante la última conversación conocida entre Bolaños y González Pons, el interlocutor designado por los populares tendió la mano al Gobierno, en pro de la renovación institucional, siempre y cuando se renunciase a la contrareforma que restauraba al CGPJ en su competencia de hacer nombramientos pero sólo, para renovar el Tribunal Constitucional. Una modificación legal que, por otra parte, ya había recibido el reproche del propio Consejo que puso en conocimiento de Europa el nuevo intento del PSOE por hacerse con el control del Poder Judicial.
Si quisieran renovar de verdad me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos.Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
La contestación del Gobierno fue, a juicio de los populares, una muestra más de su «falta de voluntad» en el consenso para las cuestiones de Estado. Como ya estaba todo tramitado, no había vuelta atrás y las negociaciones se rompieron. Varias semanas después, el escenario ha cambiado. Con el ultimátum de la dimisión del presidente del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, sobre la mesa, si el Consejo no se renueva de manera «urgente», el Partido Popular se ha ofrecido a reactivar los canales de comunicación y restablecer al CGPJ en sus funciones plenas. De nuevo, sin éxito.
Al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no le han convencido las habituales reclamaciones del PP para la «mayor independencia» de la Justicia, contenidas en la carta remitida por González Pons, como punto de partida para una eventual negociación.
Y, así las cosas, el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces, el más cercana al PSOE, trabaja en una doble propuesta de magistrados del Supremo para consumar la renovación del Constitucional. Para ello, solicitarán la convocatoria de un nuevo Pleno a Lesmes, la próxima semana, y tendrán que recabar el apoyo de al menos cuatro vocales del bloque conservador que, hasta la fecha, se ha negado a ceder a las presiones del Gobierno para una designación urgente, antes del 13 de septiembre, que no se cumplirá.