El PP comunica a Europa la negativa de Sánchez a su propuesta para desbloquear el Poder Judicial

Un documento de once páginas ha vuelto a dinamitar cualquier puente de diálogo entre el Gobierno y la oposición, para el desbloqueo del Poder Judicial español, tras el ultimátum del presidente del Consejo General (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Tras el desprecio del Ejecutivo a la propuesta del PP para resolver la parálisis institucional y «mejorar la independencia» de la Justicia española, los populares han informado por cata a la vicepresidenta de valores y transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, y al comisario de Justicia de los países miembros, Didier Reynders, de la misiva enviada esta mañana por Esteban González Pons, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en esta dirección. Fuentes del PP han confirmado que a ambos dirigentes comunitarios se les ha manifestado «nuestra vocación de avanzar en la despolitización del sistema judicial», según los «parámetros fijados» desde la propia Comisión.

El pasado miércoles, en su discurso durante la solemne apertura del Año Judicial, el todavía responsable del máximo órgano de los jueces, Carlos Lesmes, exigía a PSOE y PP que pusiesen fin de manera «urgente» a la parálisis de las instituciones que impide al Consejo cumplir con su función natural de nombramientos, bajo amenaza de dimisión. Y, horas después, el Partido Popular recogía el guante de su petición. Con tal motivo, este mismo viernes los populares, a través de su interlocutor designado para la materia Esteban González Pons, remitían a La Moncloa una carta con sus líneas maestras para reanudar la negociación.

Sin embargo, al otro lado del hilo político han encontrado un tono negativo y poco conciliador. Félix Bolaños respondía con desinterés tras el paso al frente del PP: «Seamos serios. La carta es un intento de aparentar de cara a la galería que quieren renovar. Si quisieran renovar de verdad me pueden llamar por teléfono y en una tarde renovamos. Envían un documento lleno de excusas, líneas rojas y condiciones. Le respondo al señor Feijóo con tres palabras: cumpla la ley. O está usted con el Estado de Derecho o está insumiso al cumplimiento de la ley y de la Constitución».

Una muestra más de la «falta real de voluntad» del Gobierno de Pedro Sánchez por encontrar una solución de consenso al actual escenario de la Justicia española que se resiente, cada día más, con los «despropósitos» políticos de los responsables de respetar su independencia y velar por su imparcialidad, apuntan desde el entorno judicial.

Para la oposición cada día cobra más fuerza la idea de que el Ejecutivo socialista no tiene «en realidad» ningún interés por renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al que, caducado, le hurtó una de sus competencias esenciales como es la de nombrar a los jueces y magistrados de los más Altos Tribunales de nuestro país. El hecho de que, en ninguna de las dos ocasiones en las que el PP ha remitido propuestas escritas a La Moncloa para desenquistar una situación límite -entre otros, para el Supremo- el Gobierno se haya parado a «leer el texto» y descolgar el teléfono es, a juicio, de los populares una «estrategia» más para imponer una posición unilateral que, ni convence a los juristas, «ni cumple con los estándares» de Europa.

Pilar Llop, en el punto de mira

La «actitud insólita e inaceptable» de la ministra de Justicia española, Pilar Llop, al declinar asistir a la reunión del Parlamento Europeo donde hoy se analizaba la aplicación del Estado de Derecho en España ha provocado las críticas airadas del Grupo Popular en la Unión, tras celebrarse una sesión del Grupo de Vigilancia del Parlamento Europeo responsable de evaluar las posibles amenazas contra la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales en los 27 países de la UE, en la que se ha tratado, expresamente, la situación de la Justicia española.

La reunión, que se ha desarrollado a puerta cerrada, ha contado con la comparecencia de Emmanuel Crabit, director de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho de la Comisión Europea; Iain Cameron, miembro de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa; y, Josep María Castellà, exmiembro de la Comisión de Venecia respecto a España y Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.

Sin embargo, ni rastro de la ministra Llop ni de ningún tipo de representación del Gobierno de España durante la sesión. Una tesitura que el eurodiputado del PPE y único representacite español en este órgano, Javier Zarzalejos, ha calificado de «un muy mal comienzo y que ya genera perplejidad y descrédito para nuestro país».

«Resulta inaceptable la ausencia del Gobierno de España, especialmente si tenemos en cuenta que asumirá la presidencia de turno de la UE en el segundo semestre de 2023 y las cuestiones relativas al Estado de Derecho son un tema de atención prioritaria para las instituciones europeas», ha añadido Zarzalejos.

No en vano, el objetivo de la sesión ha sido analizar la situación de la Justicia en España poniendo el foco en los problemas detectados en el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía. El informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho 2021 recomendaba reforzar el estatuto de la Ministerio Público para adecuarlo a las normas europeas sobre independencia y autonomía de este órgano y pedía renovar y reformar «de inmediato» el sistema de elección de los miembros del CGPJ para adecuarlo a los criterios del resto de los países integrantes de la UE.

En concreto, el informe establece que «los estándares europeos establecen que al menos la mitad de los miembros de los consejos de la judicatura tienen que ser jueces de todas las categorías elegidos por jueces; y en España la elección por el Parlamento de todos los miembros del CGPJ se aparta de este criterio».