Pascual Sala: «Si se habilita al CGPJ para los dos jueces del Constitucional se podría hacer para el resto de nombramientos»

Pascual Sala (Valencia, 1935) es especialista en Derecho Administrativo. Magistrado de lo Contencioso-Administrativo por oposición, ingresa en la Carrera Judicial en el año 1972. En junio de 1982, fue elegido Consejero del Tribunal de Cuentas donde desempeñó el cargo de presidente de su Sección de Enjuiciamiento. Magistrado del Tribunal Supremo, destinado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en 1988 fue elegido para la Presidencia del Tribunal de Cuentas. Posteriormente, fue nombrado presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, cargo que desempeñó hasta Julio de 1996 cuando se reintegró a su puesto de Magistrado del Tribunal Supremo, presidiendo la Sección 2ª (Derecho Tributario) de su Sala Tercera.

Magistrado del Tribunal Constitucional por elección del Consejo General del Poder Judicial y, posteriormente, Presidente del Tribunal Constitucional, está en posesión de la Medalla al Mérito Constitucional, de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y de la Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Carlos III. Además, ha recibido diversos premios y sido designado miembro de honor de varias Asociaciones de Juristas y de diversos medios de comunicación, así como doctor honoris causa por la Universidad de Valencia.

- Desde su dilatadísima experiencia, ¿cómo valora la situación de la Justicia española?

- Comparto las conclusiones y los razonamientos a que llegó el miércoles el presidente del Tribunal Supremo en su discurso de apertura del Año Judicial. La situación es intolerable y la expresión no es muy dura. Resulta francamente imposible de admitir que el Poder Judicial, que es un poder del Estado, esté relegado a esta condición de transitorio durante casi cuatro años prorrogado. No hay excusas posibles, porque tenemos un sistema de elección de los vocales, del Consejo General, del Poder Judicial, que parece ser, que es el argumento esgrimido por los partidos políticos interesados o que están concernidos precisamente en este nombramiento, pues realmente tenemos un sistema mixto.

- ¿Le parece un buen sistema de elección?

- Las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, no pueden elegir a los 12 miembros de procedencia judicial de que se compone la veintena que integran el Consejo General del Poder Judicial, en lo que ellos quieran, tienen que elegir de entre los elegidos, a su vez, previamente por los jueces y los magistrados. La Primera Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial fue de 1980, que atribuía la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial exclusivamente a los jueces. Pero fue una ley transitoria, una ley urgente, porque se necesitaba constituir el Consejo General del Poder Judicial para que nombrara, entre otras cosas, a los dos magistrados que le corresponde, para el Constitucional.

La culpa no es del sistema de elección de los vocales del CGPJ que es, fue correcto y ha funcionado. La culpa es de quienes lo aplican mal o no quieren aplicarlo

La Ley Orgánica de 1985 del Poder Judicial lo atribuyó a la elección puramente entre jueces y magistrados, pero la elección por las Cortes Generales, con mayoría de 3/5 de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, sin sujeción a ninguna propuesta previa de los jueces, juezas, magistrados y magistrados. Pero esto se corrigió en 2001 y me importa mucho resaltar las fechas. Y, desde entonces, la Ley de 2013, que es la definitivamente aplicable, estableció concretamente que las asociaciones judiciales podían elegir. Pues me parece que es un sistema mixto por las fechas 2001 y 2013 que fue asumido por todos los partidos políticos y que ha funcionado hasta ahora.

- ¿No le da usted la sensación de que al final esa competencia del Legislativo se reduce exclusivamente al Ejecutivo y que de ahí los ciudadanos tengan esa sensación de manoseo de la Justicia?

- Estoy de acuerdo con que la imagen es deplorable. Pero, no es solamente la que se da ante los ciudadanos españoles sino la imagen internacional, sobre todo la europea, en el contexto de esta demora de casi cuatro años en la elección de un órgano de gobierno, de un poder del Estado. Está de moda dar una imagen española de una democracia perfecta, como siempre ha sido calificada y esta situación de anomalía está produciendo un deterioro de una Justicia completamente independiente como si pdiese ser manipulada, cosa que es perfectamente imposible de admitir.

- Precisamente Europa ha hecho múltiples advertencias de que nuestro sistema, llegados a este punto, está agotado...

- La reflexión del señor Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al hilo de un sistema agotado se da, precisamente, porque su utilización de produce de manera defectuosa, como con estas demoras de casi cuatro años... La prueba es que con las modificaciones en 2001 y el 2013 funcionó perfectamente. La culpa no es del sistema. El sistema es, fue correcto y ha funcionado. La culpa es de los que aplican mal este sistema o no quieren aplicar este sistema.

- La falta de renovación para usted es una anomalía, ¿se puede o se debe corregir una anomalía con otra, como la reforma del Gobierno para prohibir al Consejo los nombramientos?

- Esto es perfectamente criticable. Si se habilita de nuevo para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional, que le corresponde designar al Consejo General del Poder Judicial, pues se podría abrir el paso también a que recuperase todos los nombramientos y, especialmente, para tribunales que están en este punto muy deteriorados. Sí, es una crítica razonable.

- ¿Es constitucional o inconsitucional el veto del Gobierno a las competencias constitucionales a un poder del Estado como el Poder Judicial?

- El Tribunal Constitucional actuará para decidirlo, una vez impugnada esta cuestión, con arreglo a sus criterios y, precisamente, sin tener en cuenta otras consideraciones. Y tiene sus motivos, naturalmente, para tramitar el recurso dentro de las prescripciones que establecen la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la propia Jurisprudencia Constitucional. No se le puede criticar al Tribunal Constitucional en ese sentido.

Lo que hay es que cumplir estrictamente la legalidad vigente, que, como he dicho, es una legalidad razonablemente en el pasado por todas las fuerzas políticas que, ahora, están implicadas precisamente en este deterioro de nuestra imagen.

- El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha dado un ultimátum en un intento desesperado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial urgente. ¿Cuál sería el escenario su cumple con se amenaza?

- Sería un escenario, en primer lugar, deplorable y, en segundo lugar, provisional. Llegado el caso, entonces, le sustituye el magistrado más antiguo del Consejo. Pero, insisto, sería una situación provisional y provocada por un deterioro impresentable. En cualquier caso, si dimite es su propia voluntad y la de cada uno de los de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No se puede impulsar a los vocales a que dimitan.

- ¿Fue algo parecido a lo que usted vivió como presidente del Consejo?

- Yo tuve una experiencia, concretamente, en la presidencia del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en la que la prórroga llegó a siete meses y dentro de la cual hubo un proceso electoral. Como no es correcto establecer una renovación antes de que se elijan las nuevas Cortes Generales, esos siete meses fueron una prórroga perfectamente asumible. Y, a pesar de eso, me parece que cinco o seis vocales del Consejo General del Poder Judicial dimitieron y yo admití sus dimisiones. Con ello, se quedó bloqueado el Consejo General del Poder Judicial porque solo pudo adoptar acuerdos a través de la Comisión Permanente, pero no del Pleno. Pues bien, el presidente, que era yo, fue a visitar al presidente del Gobierno, José María Aznar, y a los presidentes de las Cámaras, al del Congreso de los Diputados y el del Senado. Me dijeron, en principio, que había un proceso de negociación... Mi contestación muy amigable y con muy buen criterio fue decirles: están constituidas las Cortes Generales, está constituido plenamente el Congreso de los Diputados y está constituido el Senado. Por consiguiente, se puede adoptar ya la elección, porque se ha cumplido todos los presupuestos específicos y si no, habrá dimisiones. Inmediatamente se pusieron de acuerdo en la renovación del Consejo.

Si Carlos Lesmes dimite es su propia voluntad, y la de cada uno de los de los miembros del Consejo. No se puede impulsar a los vocales a que dimitan

- Quizás, entonces, si Lesmes dimite, lo consiga...

- Sería aumentar el escándalo y, desde luego, aumentar la responsabilidad de los que están incumpliendo la Constitución y la ley, concretamente.

- ¿Gobierno y oposición? ¿Le interesa al Gobierno renovar sólo el Constitucional para cambiar la mayoría a progresista y más favorable hacia los recursos que cuestionan sus leyes?

- No, no, ¡claro que no! Los jueces y magistrados, y yo he sido juez y magistrado durante más de 50 años, y niego la mayor. El hecho de que un juez pueda votar lo que quiera porque estamos en una democracia, no le exime de la aplicación de la ley que tiene que ser hecha siempre correcta. De lo contrario estaría prevaricando, cometiendo un delito. Pensar que los jueces, porque tengan una otra sensibilidad para la activación de la actividad política del país pueden resolver un asunto de una forma diferente o de otra... A mí me parece que este enfoque todavía deteriora más la imagen que se puede tener de la Justicia. ¿Se quiere decir que entonces la justicia española no es independiente?. Yo nunca he consentido que se haga este razonamiento y lo repito aquí, nunca lo he consentido. Se trata de la aplicación de la Constitución y de la ley, con independencia de lo que uno ideológicamente crea.

- A usted le tocó resolver, precisamente, temas de trascendencia política como la ilegalización de Sortu, el matrimonio homosexual... ¿cómo se abordan temas tan delicados bajo la presión política y social?

- Yo nunca he tenido divergencias con el resto de magistrados del Constitucional que presidí, con Ramón Rodríguez Arribas como vicepresidente, que afectasen a mi amistad personal con ellos pese a que en alguna ocasión han discrepado. Y, como son públicos tanto los votos particulares como los del criterio mayoritario, la legalización de Sortu, por ejemplo, no respondió a una ideología sino a que presentaron una propuesta de partido político que no tenía ninguna objeción. Y, en democracia, no hay más remedio que admitir. Sin embargo, también se dijo expresamente que si contravenían después, entonces, habría que actuar. Eso se dijo expresamente.

Pensar que los jueces, porque tengan una sensibilidad para la activación de la actividad política del país, pueden resolver un asunto de una forma o de otra... deteriora más la imagen de la Justicia

- ¿Recibió entonces alguna llamada, indicación, sugerencia por parte del Gobierno, de algún político que le plantease alguna petición?

- No. No lo hubiera admitido. Y pienso que nadie las debe de admitir, tampoco, sobre temas que afectan a la independencia judicial.

- ¿Cómo se explica entonces a los ciudadanos que un tribunal de Justicia, como el Constitucional, puede tardar 12 años en resolver algo tan esencial como el aborto?

- No es una actitud caprichosa, por así decirlo, del Tribunal Constitucional. Es decir, un «esto no lo queremos resolver». No. Se dan unas circunstancias especiales en este caso porque cuando se interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lo hiceron 50 diputados de un determinado partido político. Un partido político que, entonces, tenía la mayoría suficiente para modificar esa ley de interrupción voluntaria del embarazo y sustituirla por el criterio de los supuestos que existía anteriormente y era constitucional. ¿Por qué se acude al Tribunal Constitucional a través de un recurso de inconstitucionalidad? ¿Para ver qué piensa el Tribunal Constitucional? ¿Para ver si está de acuerdo o no? ¿Es que es un órgano consultivo? No, el Constitucional es un órgano decisorio y, por consiguiente, si se tenía mayoría parlamentaria suficiente para modificar la ley y volver a un criterio que era perfectamente constitucional como el anterior vigente pues, entonces, dependía de ese hecho.

Los problemas que pueden resolverse políticamente y con facultades propias no se deben referir precisamente a los órganos judiciales, ni a los ordinarios, ni al Constitucional, porque son la última pieza de garantía que cierra el sistema, no la primera.

- Pero incluso con esa crítica que usted hace... una vez que el Constitucional admite el recurso, ¿no tiene la obligación de resolver?

- El Constitucional modula, precisamente, los términos y los tiempos en que establecen sus resoluciones, de acuerdo con la garantía que esto supone, para evitar unas controversias excesivamente inabordables y yo no critico al Tribunal a este respecto. Lo resolverá y no tiene más remedio que hacerlo pero, entre tanto, puede estimar que hay asuntos más preferentes de resolución en el tiempo que otros.

- ¿Doce años de modulación?

- Pues fíjese, sí, son muchos años de modulación, pero es un criterio del Tribunal Constitucional y yo no voy a reprocharlo. Le puedo decir que el recurso fue admitido bajo mi mandato en el órgano y no se tardó más que un año pero, lueg, los otros tribunales que ha habido no lo han considerado urgente.