El Constitucional admitirá el recurso contra la ley catalana que veta el 25 % del español en las aulas

Ajeno a la polémica en la que, sin querer, se ha visto envuelto el Constitucional en los últimos días -por la parálisis del Poder Judicial encargado de su renovación- el Tribunal de Garantías retoma su agenda. «El Constitucional nunca está en funciones», apuntaban a El Debate desde la institución cuyo mandato está caducado para un tercio de sus miembros, desde el pasado mes de junio. Y, así las cosas, el Pleno fijado este martes por su presidente, Pedro González-Trevijano, debatirá sobre el el recurso presentado por Partido Popular y Ciudadanos contra varios artículos de las leyes catalanas que eliminan el 25 % del español en las aulas, contraviniendo la obligación impuesta por sentencia firme del Supremo. La «propuesta» del ponente, el magistrado Antonio Narváez, «es de admisión», avanzan a El Debate fuentes próximas al caso.

Tanto los de Alberto Núñez Feijoo como los de Inés Arrimadas consideran que el Decreto-ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y, los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley de Cataluña 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria vulneran la Constitución. En ambas normas, el Govern catalán omite cualquier referencia al español como lengua vehicular de la enseñanza y, por tanto, incumple el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al respecto que el Supremo confirmó.

Populares y Ciudadanos anunciaron, el pasado mes de mayo, una acción conjunta ante el Constitucional contra a ley del catalán en las escuelas acordada entre los socialistas de Cataluña (PSC), los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y Junts; y los comunes. Una decisión que en palabras de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondía a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante el desafío y la desobediencia de las instituciones a un mandato expreso de los tribunales. A juicio de Gamarra Sánchez había «renunciado» a ello para «seguir siendo presidente».

Llegados a este punto y una vez el Pleno del Constitucional acuerde la admisión formal de la cuestión, se designará un nuevo ponente –en este caso, encargado de desgranar el fondo del asunto– que trabajará sobre una propuesta de consenso que presentar al resto de magistrados, en un futuro, para su deliberación y fallo.

Sobre la mesa del Tribunal de Garantías descansarán tanto el Decreto como Ley impugnados para que determinen si la omisión que ambas hacen de las referencias al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, vulneran el artículo 86 de la Constitución española, el artículo 64 del Estatuto de Autonomía catalán; y, la propia doctrina del órgano, dictada en sentencia de junio de 2010, en tanto en cuanto no existe un fundamento habilitante para la utilización de dicha norma que requiera la extraordinaria y urgente necesidad con la que fue aprobada, además de trascender los límites establecidos en el Estatut para la utilización de dicho instrumento normativo.

Anular las decisiones de Batet

Por su parte, la Sala Segunda del Constitucional tiene previsto decidir, este mismo lunes a las 10, si eleva al Pleno otros dos recursos: del diputado del PP Alberto Casero y el Grupo Parlamentario Popular contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del pasado 3 de febrero de la reforma laboral que salió adelante -por 175 votos a favor frente a 174 en contra- sin tener en cuenta un error en la emisión de un voto telemático.

Los populares denunciaron al Constitucional el «atropello democrático» que, a su juicio, se cometió en la votación de dicha reforma. Será, por lo tanto, la tercera vez que el Tribunal de Garantías analice las actuaciones de la socialista Batet quien ya ha recibió sendos tirones de oreja, en las dos anteriores ocasiones: a propósito del cerrojazo al Parlamento que preside, durante el estado de alarma; y, al hilo de la retirada del escaño al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez.

Los acuerdos del Parlament

Asimismo, la Sala Segunda estudiará si admite o no a trámite el recurso de los diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos contra los acuerdos de la Mesa del Parlament de 25 y 26 de marzo de 2021 que permitieron al exconseller y diputado de Junts Lluís Puig, prófugo de la Justicia española junto con Carles Puigdemont, delegar su voto para la sesión celebrada sobre el debate de investidura de Pere Aragonès como presidente catalán.

Ya el pasado mes de julio, el Constitucional prestó amparo a las formaciones Ciudadanos y Vox en el Parlament y declaró vulnerado sus derechos a ejercer sus funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes -artículo 23.2 de la Constitución Española- que se encuentra en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, artículo 23.1.