El Constitucional admite por unanimidad revisar la ley catalana que veta el 25% del español en las aulas

el Pleno fijado este martes por el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, ha admitido por unanimidad los recursos planteados por Partido Popular, Ciudadanos y Vox contra varios artículos de las leyes catalanas que eliminan el 25 % del español en las aulas, contraviniendo la obligación impuesta por sentencia firme del Supremo. La propuesta de admisión presentada por el magistrado Antonio Narváez, encargado de la ponencia, ha sido asumida, sin fisuras, por el resto de sus compañeros, tal y como avanzó El Debate en primicia.

Tanto los de Alberto Núñez Feijoo, como los de Inés Arrimadas, como las filas de Santiago Abascal, consideran que el Decreto-ley de Cataluña 6/2022 por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos; y, los artículos 2.1 y 2.4 de la Ley de Cataluña 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria vulneran la Constitución. En ambas normas, el Govern catalán omite cualquier referencia al español como lengua vehicular de la enseñanza y, por tanto, incumple el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al respecto que el Supremo confirmó.

El Constitucional registró el pasado mes de mayo, una acción conjunta ante el Constitucional contra la ley del catalán en las escuelas, acordada entre los socialistas de Cataluña (PSC), los independentistas de Esquerra Republicana (ERC), Junts; y, los comunes. Una decisión que en palabras de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondía a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante el desafío y la desobediencia de las instituciones a un mandato expreso de los tribunales. A juicio de Gamarra Sánchez había «renunciado» a ello para «seguir siendo presidente».

Llegados a este punto y una vez el Pleno del Constitucional ha acordado la admisión formal de la causa, el mismo ponente tendrá la misión de desgranar el fondo del asunto y trabajará sobre una propuesta de consenso que presentar al resto de magistrados, en los próximos meses, para su deliberación y fallo definitivo.

Sobre la mesa del Tribunal de Garantías descansarán tanto el Decreto como la Ley impugnados para determinar si la omisión que ambas hacen de las referencias al castellano como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña, vulneran el artículo 86 de la Constitución española, el artículo 64 del Estatuto de Autonomía catalán; y, la propia doctrina del órgano, dictada en sentencia de junio de 2010, en tanto en cuanto no existe un fundamento habilitante para la utilización de dicha norma que requiera la extraordinaria y urgente necesidad con la que fue aprobada, además de trascender los límites establecidos en el Estatut para la utilización de dicho instrumento normativo.