«No se acepta»: Montero vetó 52 alegaciones de las comunidades del PP a su ley del aborto

El Ministerio de Igualdad rechazó 52 alegaciones que presentaron la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia al anteproyecto de ley del aborto durante la fase de audiencia pública. Todas menos una, de carácter técnico y menor, que ni siquiera fue aceptada en su conjunto, sino parcialmente.

Así lo reconoce el departamento de Irene Montero en la documentación enviada al Congreso para iniciar la tramitación parlamentaria de una ley que irá rápido tras su aprobación –ya como proyecto de ley– en el Consejo de Ministros del pasado 30 de agosto, puesto que cuenta con el beneplácito de toda la izquierda.

El Gobierno acordó tramitar esta ley por el procedimiento de urgencia para acortar los plazos

Las tres comunidades, gobernadas por el PP, enviaron más de medio centenar de objeciones al Ministerio en junio. Tuvieron que darse prisa, puesto que solo dispusieron de un plazo de ocho días hábiles para analizar el anteproyecto de ley y hacer sus aportaciones: el Gobierno acordó tramitar esta ley por el procedimiento de urgencia precisamente para acortar los plazos y reducir al mínimo legal el margen de maniobra de los afectados.

Varias de esas objeciones de las tres comunidades eran a propósito de la eliminación del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y del periodo de reflexión de tres días, así como del registro de objetores. Pero no solo: entre los peros los hay muchos más prosaicos, referidos a la parte económica. No en vano, las comunidades deberán asumir 43 de los 133 millones de euros anuales que costará aplicar la nueva ley; la tercera parte, según los cálculos de Igualdad.

Aun así, el Ministerio hizo oídos sordos a todas. Unas veces respondió «no se acepta» y otras con un «se toma en consideración» que acabó siendo un no, a juzgar por la redacción final de la norma.

«El impacto económico en los presupuestos de los servicios de salud debería tenerse en cuenta en la memoria económica, y prever mecanismos de compensación a las CC.AA.», se quejó Galicia en una de sus 14 alegaciones. Respuesta de Igualdad: «No se acepta». «Mantener la información sobra la continuación de la gestación», pidió también. Respuesta de Igualdad: «No se acepta».

«Sería conveniente que el Ministerio responsable establezca un registro estatal único (de objetores) que permita homogeneizar los existentes en las distintas CC.AA. y establecer criterios comunes para todo el Estado», insistió el Gobierno de Alfonso Rueda. Idéntica respuesta del Ministerio, pese a que hasta la Agencia Española de Protección de Datos ha alertado de la falta de «garantías» de ese registro, que deberá elaborar cada Comunidad.

La Comunidad de Madrid envió a Montero 29 objeciones, la que más. Mucho antes de que saltara la polémica por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso defendiendo que, en caso de que los padres de una menor no quieran que aborte y ella sí, ha de primar la voluntad de la menor.

«Parece anteponerse el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo frente al derecho a la objeción de conciencia», alegó el Gobierno madrileño. Respuesta de Igualdad: «No se acepta». «La baja por menstruación incapacitante puede suponer una nueva causa de discriminación de la mujer en el ámbito laboral», alertó también el Ejecutivo madrileño. Respuesta de Igualdad: «No se acepta». «Prever cómo actuar si todos los profesionales objetaran», demandó Madrid al Ministerio. Respuesta de Igualdad: «No se acepta».

En el caso de Castilla y León, sus nueve alegaciones también fueron desechadas por Montero. «Es importante mantener el período de reflexión y la obligatoriedad de recibir información acerca de los recursos y las ayudas disponibles en caso de continuar con el embarazo para las mujeres», opinó el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Respuesta de Igualdad: «No se acepta». El Ejecutivo castellanoleonés también pidió, al menos, que si una mujer aborta más de una vez, el segundo ya no sea a costa del erario público. «Sería una cuestión a valorar el modo de acceder a una segunda IVE (interrupción voluntaria del embarazo) financiada y sucesivas, dado que la negativa a poner medios de prevención, supone un uso irresponsable y abusivo de los fondos públicos», consideró. Respuesta de Igualdad: «No se acepta».

De las otras dos comunidades gobernadas por el PP, Andalucía no presentó alegaciones porque se encontraba en pleno proceso electoral y Murcia tampoco. A la Generalitat de Pere Aragonès no le hicieron más caso en el departamento de Montero: Cataluña envió 29 sugerencias y rechazaron 27.

Más de 3.300 e-mails

En la documentación enviada a los grupos parlamentarios, el Ministerio revela también que durante el trámite de audiencia pública recibieron 3.354 correos electrónicos, casi la tercera parte –907– en contra de la nueva Ley del aborto. Y añade Igualdad: «876 correos electrónicos se pronuncian genéricamente en contra de la norma en su conjunto, de los cuales 665 son remitidos en nombre de la plataforma Hazte Oír». Ni uno fue aceptado.

El barómetro de Target Point para El Debate del mes de septiembre señala que el 56 % de los encuestado está en contra de la nueva ley, tal y como está redactada. El 29 % rechaza frontalmente eliminar el permiso paterno para las menores de 16 y 17 años y las listas de objetores.